Aagesen extiende la sospecha de contratación engañosa de luz a todo el sector mientras la CNMC expedienta al rey de la llamada trampa

2026-03-08 - 07:33

El Gobierno acaba de poner en marcha nuevas reglas para reforzar la protección de los consumidores frente a abusos de las comercializadoras de electricidad que, al mismo tiempo que por ejemplo prohíbe las llamadas 'spam' para que cambien de compañía, han provocado en el sector una especie de agravio comparativo, una "discriminación", porque los cambios han coincidido en el tiempo con un expediente de Competencia contra la comercializadora Factor Energía, a la que responsabiliza del 61% de las llamadas consideradas abusivas. "A nosotros nos pillan en una de estas se nos cae el pelo". Esta frase tan coloquial como cristalina pronunciada desde el sector energético ilustra la sensación que ha provocado una resolución de la Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia (CNMC) que se considera muy laxa del expediente que abrió el año pasado ante las numerosas quejas de las organizaciones de consumidores por las llamadas que realizaba una pequeña comercializadora de luz y gas, Factor Energía, que ocupa alrededor del 1% del sector pero a la que considera responsable de más de la mitad del tipo de llamadas que la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, quiere desterrar del todo con el nuevo reglamento de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica que se aprobó el 11 de febrero. Con las nuevas normas, las comercializadoras no podrán hacer llamadas a clientes que no hayan sido solicitadas para intentar que dejen su compañía y se pasen a la suya y deberán extremar la información que ofrecen en este trámite, de modo que el consumidor disponga de todos los datos sobre condiciones y consecuencias de firmar un nuevo contrato, que tenga tiempo suficiente para estudiarlas y disponga de comparativas de precios y sea plenamente consciente, por ejemplo, de que un eventual cambio de comercializadora de electricidad le puede llevar a dejar de percibir el bono social. Según señalan en el sector, en realidad la prohibición de este tipo de llamadas comerciales 'a bocajarro' ya está cubierta por la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, pero aplauden que incluyéndolo también en el nuevo reglamento, Aagesen quiera reforzar la persecución de malas prácticas y de contrataciones engañosas. El objetivo es "garantizar el acceso justo y transparente en un mercado que genera desconfianza en los consumidores por la complejidad de los asuntos del sector eléctrico", explicó en la sala de prensa de Moncloa hace unas semanas. Lo que desde grandes empresas no se ve con tan buenos ojos es que la norma obligará a las comercializadoras a hacer modificaciones en sus procedimientos poco visibles pero bastante relevantes y con "mucho impacto" en empresas que, a su vez, consideran que la norma mete en el mismo saco a las que cumplen, a las que no y, sobre todo, a algunas que se han desvelados como los auténticos 'reyes' de las llamadas spam que ahora intenta evitar el nuevo reglamento. Dos tercios de las llamadas bajo la lupa del Gobierno Es el caso de la comercializadora Factor Energía, a la que la CNMC acaba de expedientar dentro de una causa que tiene su origen en 2023, cuando detectó un incremento de denuncias por "engaño en los argumentos para obtener un cambio de comercializador" y tras constatar, en el caso de esta compañía, que era la autora de la mayoría, de un 61%, de las llamadas que se incluyen en esa categoría. Según explica Competencia en el el expediente que acaba de hacer público, las prácticas que desde hace tres años vienen denunciando con más intensidad consumidores, normalmente domésticos, es que "han sido engañados" para cambiar de compañía por medio de llamadas en la que el interlocutor se indentifica como "su comercializadora" de electriciadd, "su empresa distribuidora" o "gestoría energética" y les instan a contratar la luz con ellos con argumentos que van desde que es una "obligación" porque les corresponde por código postal o "porque así lo ha establecido el Gobierno", para "obtener descuentos", por "renovación de la tarifa" o porque se trata de "una obligación" de "urgencia" cambiar la comercializadora "bajo amenaza de corte de suministro". En su investigación, la CNMC constató que, en general, este tipo de denuncias por práctica comercial ha aumentado en un 10% desde 2023 y que ya representan un cuarto de todas las quejas que se presentan por cambio de comercializador de la electricidad, reforzadas, además por otro factor más allá de los argumentos de la llamada: el crecimiento también de la rescisión de los contratos pasada la primera mensualidad, es decir, cuando el nuevo cliente se da cuenta de las verdaderas nuevas condiciones de su contrato de la luz. El motivo de apuntar directamente a Factor Energía y de abrir n procedimiento solo contra ella está en el incremento de denuncias contra ella desde 2023. Si entonces era el 18% del total, pero que representaban el 61% de "aquellas en las que se manifiesta una práctica comercial engañosa", además con una tasa de rescisión anticipada del contrato qe "duplican" a las de los sectores eléctrico y gasista. En sus alegaciones, la comercializadora argumentó que el aumento de llamadas "engañosas" que le atribuye Competencia se debe a que también en los últimos años ha registrado un aumento de clientes y a que se comunica con ellos por teléfono en mayor medida que las grandes comercializadoras de electricidad, que disponen de redes de oficinas físicas para ello. Sobre la rescisión de contratos, argumentó que no es la única comercializadora que tiene una "tasa elevada" de anulaciones anticipadas. Como resultado de esta expediente, Competencia terminó requiriendo a Factor Energía que ponga en práctica una serie de medidas que en el sector consideran que no son otras que las que figuran en el nuevo reglamento, que entró en vigor apenas unos días después y que es obligado para todas las empresas, sin que medie una investigación de la CNCM, que, además, impone la versión más benébola, porque no se le impone ninguna multa de entre 600.000 euros y seis millones como las que contempla le Ley del Sector Eléctrico hasta llegar a retirar la licencia para comercializar electricidad en los casos más graves de incumplimiento. "No le quitan nada, no han abierto un expediente sancionador. Lo único que dicen es que se porte bien. Le han pillado 'robando' y le dicen que no robe", ironizan desde otra empresa del sector sobre el 'castigo', igual a la norma que deben observar todos, para una empresa que en estos momentos está inmerso en un proceso de compra y a punto de ser adquirida por la gasista japonesa Marubeni en una operación que acaba de ser autorizada por la Comisión Europea. En concreto y en línea con el reglamento que ya es vinculante para todas las comercializadoras, Competencia le obliga a exigir a sus agentes que deben tener consentimiento previo para hacer las llamadas comerciales, a grabarlas y poner la grabación a disposición del consumidor y a dejar claro que "la contratación implica un cambio de comercializador", elementos que figuran en el reglamento de obligado cumplimiento y que en el sector critican que, en este caso concreto, sea también el 'castigo' por malas prácticas. De la misma manera, Competencia obliga a Factor Energía a enviar al cosumidor información de los términos del nuevo contrato antes de la contratación y de sus efectos como la baja del su proveedor en ese momento, una medida con la que Transición Ecológica quiere reforzar especialmente ciertos cambios, como el paso del mercado regulado para los perceptores del bono social al mercado libre, en el que no podrían percibir sus descuentos.