Afectados por la estafa del hombre que financió a Alvise le denuncian por ocultar yates y coches de lujo

2026-03-25 - 19:00

Decenas de afectados por la estafa de Álvaro Romillo, alias 'Cryptospain', han denunciado a este hombre y a otras 19 personas y sociedades por ocultar bienes con el objetivo de evitar que sean embargados por la Audiencia Nacional. Según la querella adelantada por El Español y a la que ha accedido 20minutos, el presunto estafador que financió con 100.000 euros la campaña de Alvise Pérez a las elecciones europeas ha montado un complejo entramado para esconder decenas de coches de lujo, dos yates y varios inmuebles. El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional investiga a Álvaro Romillo como presunto cabecilla de una estafa piramidal orquestada mediante la creación de un falso club de inversiones llamado Madeira Invest Club. En esta causa, el despacho Zaballos Abogados representa a decenas de afectados que cayeron en la presunta estafa de Romillo. El juez a cargo de la investigación José Luis Calama, encargó a los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) que investigaran la posible ocultación de bienes, que no compete a la Audiencia Nacional. Con lo que el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid inició diligencias de investigación. Este martes, el citado despacho de abogados ha presentado ante ese juzgado una querella en la que denuncia las presuntas operaciones ilegales de la organización de Romillo para evitar el embargo de bienes por parte de la Audiencia Nacional. Tal y como expone el escrito del despacho, el Madeira Invest Club colapsó en septiembre de 2024 e impidió a sus inversores recuperar el dinero que habían depositado. Se desveló entonces la existencia de una presunta organización criminal que contaba con 52 sociedades, 106 cuentas bancarias y diversos vehículos, embarcaciones e inmuebles repartidos en al menos 15 países diferentes. De modo que la Audiencia Nacional, encargada de investigar la supuesta macroestafa, acordó el embargo cautelar de aquellos bienes y el envío de órdenes europeas de investigación y comisiones rogatorias para recuperar los que se encontraban en el extranjero. La organización criminal encabezada por 'Cryptospain' reaccionó a aquella circunstancia tratando de ocultar a ojos de la justicia todos esos activos "adquiridos con el dinero de las víctimas", de acuerdo con la citada querella. Para ello, Romillo necesitó que intermediaran "familiares, testaferros, socios comerciales" e incluso sus entonces abogados, a los que la denuncia atribuye colaboración en la ocultación de un yate y un vehículo de lujo. La 'Operación Bentley' En noviembre de 2024, la Audiencia Nacional ordenó el decomiso de 35 coches de alta gama de marcas como Ferrari, Mercedes, Porche, BMW, Jaguar o Bentley. Las dos sociedades de la trama que poseían esos vehículos informaron del paradero de 15 de ellos, pero aseguraron que no podían localizar los 20 restantes. De modo que el juez instructor mandó a la UCO que los localizara, y comenzó así la 'Operación Bentley', cuyos descubrimientos se recogen en el escrito de Zaballos Abogados. Gran parte de los vehículos fueron trasladados desde Madrid a naves industriales en Segovia, Portugal y Sevilla para su "ocultación". Además, la trama creó una sociedad llamada Maranello Classic SL a la que otra empresa de la organización criminal vendió los coches a precios "muy por debajo del valor de mercado". Fueron ventas "ficticias" que, según la unidad policial, buscaban "evadir los bienes y así poder capitalizarlos, evitando su intervención". En estas operaciones participó también una mercantil llamada Jireh Investiment SL perteneciente a los exabogados de Romillo, Francisco Miranda y Judith Gómez. El yate de 23 millones Operaciones similares se llevaron a cabo para evitar que dos yates de la trama acabasen incautados. La trama adquirió a través de una sociedad llamada Maidentok LDA las dos embarcaciones. La primera, llamada "Dark Knight", costó 2,45 millones de euros. La otra, "Omnia", ascendió a 23 millones. En julio de 2024 se produjo un hecho llamativo que guarda relación con el intento de ocultar los yates: un ciudadano de Sofía (Bulgaria) llamado Emil Stefanov constituyó allí una empresa con un nombre muy asturiano, Pelayo Investment LTD EOOD. Tres días después, la empresa de los abogados de Álvaro Romillo —Mineral Legis Consulting, SL, sita en Oviedo— adquirió otra mercantil llamada C6 Corporate SL. Ya en octubre de 2024, cuando la investigación al Madeira Invest Club había comenzado, la sociedad del búlgaro compró el 100% de la que habían adquirido los letrados de Romillo. Finalmente, en diciembre de aquel año se firmó un contrato de permuta en virtud del cual Pelayo Investment transmitió el 100% de las participaciones de C6 Corporate SL a Maidentok, la compañía portuguesa propietaria del yate de 23 millones de euros. A cambio, Maidentok transmitió a la sociedad búlgara de nombre asturiano los dos yates, que de este modo quedaron ocultos bajo la propiedad de una empresa no vinculada a la causa investigada en la Audiencia Nacional. La querella de los afectados por la estafa apunta a que la sociedad búlgara era en realidad una empresa instrumental creada ad hoc para esta operación. "Téngase en cuenta que en Bulgaria no existe la palabra 'Pelayo' [...] en cambio, tiene todo el sentido en el ámbito geográfico de Oviedo, por Don Pelayo y San Pelayo, donde tiene su sede [el despacho de los abogados de Romillo] Vox Legis", apunta el escrito. El modus operandi era similar en lo referido a los bienes inmuebles adquiridos por la trama con el dinero obtenido de la estafa. A través de una serie de ventas supuestamente irregulares, la trama trató de evitar el decomiso de un parking con 112 plazas de garaje que había adquirido cerca del estadio Santiago Bernabeu. Sucedió lo mismo con un piso en el número 274 del Paseo de la Castellana.