Armengol se suma a Ángel Víctor Torres y pide declarar por escrito en el juicio a Ábalos
2026-03-16 - 11:53
La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha seguido la iniciativa del ministro Ángel Víctor Torres y ha solicitado al Tribunal Supremo que su declaración testifical en el juicio del caso mascarillas sea por escrito. Se trata de una posibilidad que el propio tribunal les ofreció en las cédulas de citación. Las solicitudes de ambos se sustentan en el artículo 412 de la ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que les exonera de la obligación de acudir presencialmente a declarar en el juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Armengol y Víctor Torres están llamados a testificar en su condición de expresidentes de Baleares y Canarias, respectivamente. En 2020, con ellos al frente, ambas comunidades autónomas compraron material sanitario a la empresa clave de la trama, Soluciones de Gestión. No obstante, a diferencia de otros cargos intermedios de Canarias y Baleares que tendrán que comparecer ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ellos podrían evitarlo al amparo de la LeCrim. El artículo 412 de la norma recoge una lista de autoridades que están "exentas de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo hacerlo por escrito". Gozan de este derecho "el presidente y los demás miembros del Gobierno", entre ellos el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. También la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Y también "los presidentes de las Comunidades Autónomas", cargo que ostentaban Armengol y Torres en el momento en el que sucedieron los hechos sometidos a enjuiciamiento. Este derecho solo ampara a las mencionadas autoridades cuando se les llama a declarar "sobre cuestiones" de las que hayan tenido conocimiento "por razón de su cargo". En caso contrario, estos altos cargos tienen derecho a prestar declaración "en su domicilio o despacho oficial". La norma ampara no solo a los que ostentan estos cargos en el momento en que son citados a declarar, también a quienes los "hubiesen desempeñado" en el momento de los hechos. El asunto central del juicio son los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión por parte de distintas administraciones. Gracias a la presunta influencia que ejerció el comisionista Víctor de Aldama en el exministro José Luis Ábalos y Koldo García, esta mercantil resultó beneficiaria de contratos millonarios de entidades dependientes del Ministerio de Transportes, principalmente Adif y Puertos del Estado. No obstante, según la investigación, el aval de Transportes a la compañía facilitó que Soluciones de Gestión lograse nuevos contratos con distintas administraciones, empezando por el Ministerio del Interior. Inmediatamente después de que la cartera de Fernando Grande-Marlaska adjudicase un contrato de 3,5 millones de euros a la compañía, el Servicio Canario de Salud firmó la primera adjudicación a Soluciones de Gestión. En total, Canarias abonó 12.288.333,21 euros a la sociedad clave del caso Koldo. Además de Ángel Víctor Torres, tendrá que declarar por estos hechos el ex director general del Servicio Canario de Salud Antonio Oliveira. Baleares, por su parte, firmó un único contrato por valor de 3.701.500 euros.