Así operó la trama Forestalia: sobornos para proyectos renovables y redes de blanqueo

2026-03-16 - 05:33

A comienzos de este mes, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil desarticuló una presunta organización criminal que introdujo sus tentáculos en el Ministerio para la Transición Ecológica y en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental con un objetivo muy concreto: asegurar que los proyectos medioambientales del Grupo Forestalia no encontrasen trabas en su tramitación en las administraciones públicas. El extenso sumario de la causa que se sigue en la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Teruel revela una trama de supuestas presiones a funcionarios, informes técnicos irregulares y mordidas pagadas a cargos públicos a través de complejos entramados societarios destinados a mantener la opacidad de las operaciones. En el centro de la presunta organización criminal está el presidente del Grupo Forestalia, Fernando Samper, "promotor y principal beneficiario desde el sector privado". La UCOMA se refiere a él como el "tronco" de la organización. Samper habría logrado "tratos de favor" de distintas administraciones, las cuales habrían permitido "la aprobación de múltiples proyectos de energías renovables", según la UCOMA. Gozaba de una "relación inusualmente estrecha con funcionarios clave" con quienes se reunía incluso cada semana y abordaba "expedientes específicos". A su vez, se encargaba de que estos cargos públicos obtuvieran un beneficio a cambio de sus gestiones. Para ello necesitaba una extensa estructura societaria y una serie de testaferros, entre los que destacan los hermanos Eduardo y Roberto Pérez Águeda, a quienes la UCOMA atribuye un "rol clave" en la "canalización de presuntas contraprestaciones". Sus nombres aparecen ligados a sociedades como Caliope Smart Energy, Caliope Energy Greem y Babieca Investment Renewable, todas ellas imprescindibles para pagar contrapartidas al brazo de la trama en el Ministerio de Transición Ecológica. Eugenio Domínguez, el "favorecedor" en el ministerio Junto a Fernando Samper, Eugenio Jesús Domínguez se presenta como una figura imprescindible para la organización criminal, según el sumario. Si el presidente de Forestalia era la cabeza de la trama en el sector privado, Domínguez fue su homólogo en el Ministerio de Transición Ecológica. Ejerció ese papel como subdirector general de Evaluación Ambiental, primero, y como asesor del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, después. Su papel era "determinante para el éxito" de la presunta corruptela, dado que se encargaba de ejercer un "control absoluto sobre los expedientes relacionados con el Grupo Forestalia". Se trata de proyectos relacionados con las energías renovables, sujetos a la estricta legislación de evaluación ambiental. A través de distintas estrategias, se encargaba de que los proyectos de las compañías promotoras dependientes de Semper no tuvieran problemas en las declaraciones de impacto ambiental (DIAs). Según el sumario, logró excluir a "los consejeros y técnicos funcionarios del ministerio" de los proyectos del Grupo Forestalia, dejándolos en sus manos o bien derivándolos a "equipos externos bajo su supervisión directa". Domínguez recibía la documentación técnica de los promotores "en memorias de USB personales" y los mantenía fuera del alcance del registro oficial del ministerio. En dos de los proyectos clave —'Masía I y Masía II— asumió a la vez el cargo de consejero responsable y el de técnico responsable; y ordenó a sus subordinados que eliminaran "contenidos técnicos que perjudicaban la viabilidad del proyecto". En otro expediente clave, el de 'Clúster Maestrazgo', designó a su secretario, Santiago Martínez Patón, como técnico responsable, pese a que no tenía cualificación técnica. Este último proyecto, cuya ejecución ha quedado en el aire tras desvelarse la corruptela, prevé la construcción del mayor parque eólico de España. La investigación ha revelado que en ocasiones, para evitar gestionar los informes desde el expediente, Domínguez derivaba las labores a la empresa pública Tragsatec —la misma que figura en el caso Koldo por contratar a mujeres vinculadas al exministro José Luis Ábalos de forma presuntamente irregular—. De acuerdo con algunos testimonios recogidos por la UCOMA, en Tragsatec se encontraba la "guardia pretoriana" de Domínguez. Coincidiendo con el "boom" de las renovables y la consecuente saturación de expedientes, Domínguez convirtió a la compañía pública en "la herramienta central para tramitar los proyectos del Grupo Forestalia". Aragón: presiones a funcionarios y fragmentación de proyectos Con todo, en ocasiones la organización criminal de Samper prefería que los proyectos se tramitaran en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), donde la trama tenía contactos para presionar en favor del Grupo Forestalia. Una de las operaciones más llamativas que recoge la denuncia de Teruel Existe que dio inicio a la causa consiste en la fragmentación de grandes parques eólicos en unidades pequeñas, operaciones que buscaban dejar los proyectos en manos de la Comunidad Autónoma. El Ministerio de Transición Ecológica es competente en la tramitación de aquellos proyectos que superen los 50MW. Para evadir la supervisión estatal, la organización fraccionó de forma artificiosa e irregular varios proyectos. Entre ellos, el Clúster Maestrazgo, que se tramitó como 22 parques eólicos independientes. En un inicio, esto permitió que la evaluación del impacto medioambiental del proyecto quedara en manos de Aragón, si bien la competencia pasó después al ministerio en pleno choque con la Comunidad Valenciana, que había trasladado informes desfavorables. Según los informes de la UCOMA, el ex director general de INAGA, Jesús Lobera Mariel, fue uno de los elementos clave en esta rama de la organización criminal. De acuerdo con trabajadores del Instituto, Lobera desarrolló su trabajo con "normalidad" hasta que llegó el "boom" de las renovables y cambió radicalmente su actitud respecto a los proyectos del Grupo Forestalia. "Los informes técnicos con valoración desfavorable eran sistemáticamente ignorados o devueltos por Lobera, que se negaba a firmarlos sin aportar ninguna justificación", recoge la UCOMA. El ex director general del ICOMA, tal y como hizo Eugenio Domínguez con Tragsatec, comenzó a externalizar los trabajos para que consultoras externas redactaran informes "a su gusto". Loberas se reunía a menudo con responsables de Forestalia y apartó a trabajadores que entregaban informes desfavorables sobre las promotoras del grupo de Fernando Samper. A uno de estos trabajadores, Óscar Fayanás, le llegó una amenaza de cese que supuestamente venía ordenada por el ex consejero de Medio Ambiente, Joaquín Olona. La denuncia de Teruel Existe apunta también a las labores de varios ex cargos de Aragón para favorecer a la organización criminal. Se trata de Alfredo Boné, exconsejero de Medio Ambiente de la Diputación, Ana Cristina Fraile, exjefa de gabinete de Boné y exasesora del Partido Aragones, y Luis Marruedo, ex viceconsejero de Medio Ambiente. El entramado societario para ocultar mordidas Mientras los cargos y funcionarios públicos se aseguraban de favorecer los intereses de Forestalia, otros actores se encargaban de facilitar el pago de presuntas mordidas. En estas operaciones estaban implicados los hermanos Eduardo y Roberto Pérez Águeda, además del notario Javier De Lucas. En el caso de Eugenio Domínguez, las mordidas se gestionaron a través de una mercantil de su esposa, Montserrat Heredero, llamada Estudio de Asesoramiento Dherco S.L. De acuerdo con la investigación, esta empresa que sobre el papel se dedicaba a la "decoración de interiores" compró participaciones de dos empresas de los testaferros de Samper: Caliope Energy Greem S.L. y Caliope Smart Energy S.L. La compra se formalizó mediante una figura ideada por el notario De Lucas y llamada 'acta de depósito'. En este y en otros casos, el contrato no se elevó a público y quedó guardado en una caja fuerte en la notaría, lo que favoreció la opacidad de la transacción. Tras esta primera compra, las dos compañías de los testaferros compraron participaciones de otra compañía bajo el control de la trama, Babieca Investment Renewable S.L. Y el 20 de diciembre de 2023, otra compañía de los testaferros de Samper, Cemsal S.L. realizó un préstamo de 5,2 millones de euros a Babieca. Tal y como apunta la UCOMA, "al producirse un incremento patrimonial en Babieca, se produciría también un incremento patrimonial en las mercantiles directamente participadas por la familia Domínguez Heredero". Por otro lado, en la segunda mitad de 2023 Babieca compró participaciones de 15 de las promotoras de los proyectos del Grupo Forestalia. De este modo, apunta la UCOMA, "se puede afirmar que Eugenio Domínguez ejercía sus funciones laborales redactando las declaraciones de impacto ambiental para proyectos cuyos promotores habían sido parcialmente traspasados a empresas de su propiedad". En el caso de los pagos por las gestiones del IGAMA, los investigadores apuntan que el grupo de fernando Samper compró una compañía propiedad de Boné, Marruedo y Fraile por un precio superior al de mercado. El precio fijado en la escritura pública fueron cuatro millones, pero el importe es 443.531 euros superior según el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Moneratias (SEPBLAC) del Banco de España. En todo caso, se trata de un precio desmedido, de acuerdo con los informes de la Guardia Civil, "habida cuenta del importe neto de la cifra de negocios" de la empresa adquirida.