Baleares acaba activando el registro de sanitarios objetores al aborto con críticas de Vox
2026-02-06 - 10:35
El Govern balear ha iniciado la tramitación para crear el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, un instrumento previsto en la reforma de la ley del aborto aprobada en 2023 y de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas. El borrador de la norma se encuentra ya en fase de información pública y admite alegaciones hasta el próximo 24 de febrero. El Ejecutivo que preside Marga Prohens (PP) sostiene que la puesta en marcha de este listado responde a un mandato legal estatal. La Conselleria de Salud ya había manifestado su intención de desarrollarlo, aunque el retraso en su implementación motivó que el Ministerio de Sanidad incluyera a Baleares en un requerimiento formal junto a otras autonomías que todavía no disponían de este registro, como Aragón o Madrid. El texto establece que los profesionales que deseen ejercer su derecho a la objeción de conciencia deberán inscribirse previamente. El registro no se limitará a ginecólogos y obstetras, sino que también incluirá a anestesistas, enfermeras y médicos de familia . Solo en la sanidad pública balear estos perfiles suman cerca de 7.000 profesionales, según datos del Servicio de Salud (IB-Salut). Una vez formalizada, la objeción tendrá carácter indefinido, aunque podrá modificarse o revocarse en cualquier momento. El listado recogerá datos identificativos como nombre y apellidos, DNI, número de colegiado y los supuestos concretos respecto a los que se declara la objeción. El Govern defiende que el registro será confidencial . No obstante, podrán acceder a la información los responsables de los centros sanitarios públicos y privados donde se practiquen abortos —direcciones médicas, de enfermería o gerencias—, si bien únicamente respecto a los profesionales adscritos a su propio centro. La consellera de Salud, Manuela García, ha asegurado además que estos listados no se remitirán al Ministerio. En Baleares, la iniciativa ha suscitado críticas por parte de Vox. La diputada y presidenta de la Comisión de Salud del Parlament, María José Verdú, acusó al Ejecutivo autonómico de «claudicar» ante las exigencias del Ministerio de Sanidad. «La historia nos enseña que marcar en listas es el primer paso del totalitarismo. Los nazis marcaban a los judíos; hoy este Gobierno marca a los médicos que solo quieren cumplir con su deber: salvar vidas», ha afirmado. Verdú ha cuestionado asimismo las garantías de confidencialidad del registro. Aunque la Administración sostiene que la información permanecerá bajo custodia de la Conselleria de Salud , Vox advierte de que el acceso por parte de directivos y mandos intermedios podría derivar en situaciones de «señalamiento y discriminación laboral» dentro del sistema sanitario.