Ábalos pide comparecer ante el Supremo desde la cárcel por el «deterioro anímico y físico» de los traslados en furgón
2026-02-03 - 09:55
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha solicitado comparecer por videoconferencia desde la prisión madrileña de Soto del Real ante el Tribunal Supremo el próximo jueves, 12 de febrero. En un escrito presentado por su defensa, el también exsecretario de Organización del PSOE se refiere al «deterioro anímico y físico para el sometido a prisión» que suponen los traslados en furgón policial desde el centro penitenciario hasta el Alto Tribunal. Ábalos está acusado de los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias por cobrar, presuntamente, sobornos de parte del empresario y comisionista Víctor de Aldama a cambio de favorecer con contratos públicos de Transportes durante la pandemia a la empresa que representaba. El exministro se enfrenta a una petición de 24 años de cárcel en el juicio que se espera para abril contra él, contra su asesor Koldo García -que se enfrenta a 19 años de prisión- y contra el propio Aldama, que asume una petición de 7 años por su colaboración con la Fiscalía. El próximo jueves, la Sala de lo Penal celebrará la vista anterior al juicio prevista en el artículo 785 de la Ley de Enjuicimiamiento Criminal, en la que la Fiscalía y las partes de la causa exponen lo que estiman oportuno acerca de la posibilidad de conformidad del acusado o acusados; la competencia del órgano judicial; la vulneración de algún derecho fundamental; la existencia de artículos de previo pronunciamiento; causas de la suspensión de juicio oral; nulidad de actuaciones, así como sobre el contenido, finalidad o nulidad de las pruebas propuestas. También pueden proponer la incorporación de informes, certificaciones y otros documentos y la práctica de pruebas de las que las partes no hubieran tenido conocimiento en el momento de formular sus escritos de acusación o defensa. Dicho artículo especifica, en su punto 2, que «la celebración de la audiencia preliminar requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor», aunque también es cierto que recoge que la inasistencia del acusado no evitará que la vista continúe. La defensa del exasesor de Transportes también acusado, Koldo García, pidió igualmente comparecer por videoconferencia en la vista ante el Supremo del jueves, alegando «problemas de salud y lesiones». Ante dicha petición, la Sala solicitó un informe a los médicos de la prisión de Soto del Real para valorar si el traslado realmente le puede suponer un problema de salud. En el caso de Ábalos, su defensa no dice que ya tenga un problema de salud, sino que el traslado se lo puede producir por las condiciones en que éstos se realizan en España. «La dureza de los traslados desde los centros penitenciarios -conducciones- en España es un aspecto señalado, tanto por internos como por organismos de defensa de derechos humanos, debido a las condiciones físicas y psicológicas que implican. Los presos son trasladados en furgones blindados diseñados para la seguridad, no para la comodidad, a menudo compartiendo espacios reducidos y en condiciones de higiene más que mejorables. El Defensor del Pueblo ha recomendado en ocasiones la revisión de los protocolos para evitar desplazamientos innecesarios y mejorar las condiciones», se lee en el escrito presentado ante la Sala al que ha tenido acceso ABC. «En definitiva, los traslados suponen un deterioro anímico y físico para el sometido a prisión, de tal modo que entendemos el sufrimiento que supone no puede sino justificarse con la necesidad imperiosa de dicho traslado a sede judicial, que entendemos -respetuosamente- no se da en el caso que nos ocupa, de tal modo que la obligada presencia del acusado a que se refiere el artículo 785 Lecr pueda ser realizada por el método de videoconferencia admitido por nuestro ordenamiento jurídico (Art. 229.3 LOPJ y 325 LECrim) como plenamente valido y eficaz con garantía de inmediación y valida interlocución procesal en lo que se refiere al ejercicio del derecho de defensa», intenta el letrado Marino Turiel.