Ábalos y Koldo juegan hoy su última baza para intentar evitar que el juicio de las mascarillas sea en abril
2026-02-12 - 06:55
José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama participarán este jueves en una audiencia preliminar que se presenta como la antesala al juicio por los amaños de contratos de material sanitario durante la pandemia. Allí, de acuerdo con lo establecido en la ley de Enjuiciamiento Criminal, sus abogados podrán exponer las alegaciones que consideren antes de la celebración del juicio. En la sesión, Ábalos y García expondrán las supuestas vulneraciones de derechos de las que, a su parecer, han sido víctimas, y podrán solicitar la nulidad del proceso. También tratarán de retrasarlo, ante la previsión de que la causa siga adelante. Será la primera vez que se vea a los dos acusados desde que entraran en prisión provisional a mediados de noviembre. La Sala de lo Penal, que tiene encomendado el enjuiciamiento de esta presunta trama de corrupción, escuchará las alegaciones de las partes y decidirá sobre las mismas en los días sucesivos. Al tribunal se incorporará el magistrado Vicente Magro en sustitución de Ana Ferrer por un problema de salud, según comunicó el Supremo este miércoles. La renuncia de Ábalos a su escaño en el Congreso será el clavo ardiente al que se agarrarán su exasesor y él para intentar aplazar un juicio que está previsto se celebre en abril por delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, malversación y tráfico de influencias. Antes de acudir a la vista, la letrada de Koldo García, Leticia de La Hoz, presentó un escrito en el que defiende que el juicio debe celebrarse en la Audiencia Nacional, en lugar de en el Supremo. Al escrito se adhirió también el abogado de Ábalos, Marino Turiel. Los clientes de ambos letrados permanecen en prisión provisional ante el riesgo de fuga ocasionado, precisamente, por la proximidad de un juicio en el que afrontan durísimas peticiones de cárcel. Si lograran trasladar el procedimiento a la Audiencia Nacional, el cambio de competencia implicaría un obligado retraso en los plazos de enjuiciamiento. Se abriría así una ventana para que Ábalos y el que fue su hombre de máxima confianza alcancen su ansiada libertad, aunque fuera solo de forma momentánea. Si el Tribunal Supremo estima el escrito presentado el martes por la defensa de Santos Cerdán, el exidputado podrá hacer también algunas alegaciones. Los letrados Jacobo Teijelo y Benet Salellas han pedido que se permita la asistencia de Cerdán a la vista, pese a que no está entre los acusados por la trama de las mascarillas. El escrito de los abogados señala que vetarle la participación provocaría una "absoluta indefensión" a su representado. El aforamiento de Ábalos y la competencia El 28 de enero, Ábalos comunicó una decisión de gran impacto para el caso Koldo. Desde Soto del Real, el exsecretario de organización del PSOE renunció a su escaño y, con él, a su aforamiento ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Los diputados, como los senadores, los eurodiputados, los ministros y otras autoridades están aforados ante el Supremo. Esto significa que solo este tribunal puede investigarles y juzgarles por aquellos delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Ahora que ya no hay ningún aforado en el caso Koldo, la causa queda en manos de la Audiencia Nacional. Sin embargo, este cambio de competencia no afecta a la trama de las mascarillas dado que ya está en fase de enjuiciamiento, no en la fase previa instrucción. El 2 de febrero, el juez del Supremo Leopoldo Puente acordó enviar a la Audiencia Nacional la parte de la causa que está en fase de investigación, dejando a cargo del Supremo tan solo los hechos pendientes de juicio oral. El caso Koldo comenzó a investigarse en la Audiencia Nacional y se dividió en dos cuando este tribunal pidió al Supremo que investigara a José Luis Ábalos. Ahora toda la investigación volverá a estar a cargo del juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Las defensas de Koldo García y Ábalos consideran que debería ocurrir lo mismo con el caso mascarillas, pese a que ya se han dictado los autos de procesamiento y apertura de juicio oral. La pregunta, tal y como asume a abogada de García, es en qué momento la pérdida del aforamiento conlleva la pérdida de competencia del Tribunal Supremo. Un asunto que ha generado mucha "controversia", a juicio de De La Hoz. La letrada argumenta que Ábalos no ha abandonado el cargo "como una estrategia para elegir el tribunal de conveniencia". Y defiende que "si un diputado renuncia, debería recuperar el derecho a ser juzgado por un tribunal ordinario para poder tener un recurso de apelación completo ante una instancia superior jerárquica, y no ante el mismo tribunal que lo juzgó". A la defensa del exasesor de Ábalos le resulta "arbitrario" el criterio doctrinal del Tribunal Supremo según el cual la competencia se establece de forma inamovible una vez se abre el juicio oral. A su parecer, este momento irreversible debería llegar tan solo cuando se empieza "la práctica de la prueba (el juicio propiamente dicho)". "La renuncia a ser diputado es un derecho. Si el investigado prefiere perder su privilegio de ser juzgado por el Tribunal Supremo, el tribunal no debería impedírselo calificándolo de fraude", reza el escrito al que se ha adherido la defensa de Ábalos. En busca de la nulidad del juicio Está previsto que los acusados Koldo García y José Luis Ábalos pidan en la audiencia la nulidad del procedimiento penal al alegar que se han vulnerado sus derechos fundamentales en el proceso. A lo largo de la instrucción, tanto el exministro como su exasesor han asegurado en sus escritos que las actuaciones —particularmente las de la UCO— han vulnerado sus derechos. Ambos acusados aseguran que han sido víctimas de investigaciones preprocesales, y por tanto ilegales, de la Guardia Civil. La vistilla será además una de las primeras actuaciones del nuevo abogado de Ábalos, Marino Turiel, el tercero que contrata desde su imputación. El exministro renunció a la defensa de su primer abogado, José Aníbal Álvarez, precisamente porque este le recomendó que renunciara al escaño y eso dio pie a un desencuentro entre ambos. Después asumió su defensa Carlos Bautista, pero la abandonó en enero por un problema económico. Fue Bautista quien se encargó de presentar un escrito pidiendo la práctica de determinadas pruebas en el juicio oral. Entre ellas, solicitó que testifiquen el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Los investigados y las demás partes personadas en la causa expondrán este jueves las pruebas que consideran necesarias, y el tribunal dirimirá en las fechas siguientes sobre estas alegaciones.