Bendición europea al Supremo

2026-03-28 - 03:20

El Parlamento Europeo aprobó el pasado jueves la esperada directiva contra la corrupción, que tiene una incuestionable proyección en el proceso separatista en Cataluña, respalda las tesis de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y compromete las futuras decisiones del TC sobre los recursos de amparo por la negativa del Supremo a amnistiar el delito de malversación. Toda directiva europea necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico español mediante una ley de transposición, para lo que España dispondrá de 24 meses. En todo caso, las directivas tienen un efecto directo cuando sus previsiones, como la aprobada contra la corrupción, son precisas y detalladas. Al margen del efecto puramente normativo, la directiva contra la corrupción establece un principio europeo de legalidad penal sobre estos delitos, mediante el establecimiento de unas definiciones comunes de infracciones corruptoras y de unas penas mínimas para las diversas modalidades, por ejemplo, de malversación de fondos públicos. Lo más relevante a corto plazo, es que esta directiva proporciona una perspectiva europea para unificar entre los 27 socios un patrón común de respuesta a la malversación de fondos públicos y otros delitos cometidos por funcionarios públicos. De esta manera, las decisiones del Tribunal de Justicia de la UE aún pendientes sobre la ley de Amnistía a los condenados por el 1-O, tendrán un marco conceptual delimitado, que despoja a la malversación de cualquier excusa o beneficio político, porque la directiva exige que sea castigada con penas efectivas, lo que es incompatible con un indulto y con una amnistía partidista que las deje sin efecto. La Sala Segunda ve bendecidas sus interpretaciones sobre la malversación de fondos públicos atribuida a Puigdemont –aún pendiente de enjuiciamiento– o cometidas por los condenados e indultados, como Junqueras. La directiva contra la corrupción ordena castigar las malversaciones aun cuando no supongan beneficio personal para su autor, pero sí un perjuicio para el erario. Hay que recordar, el empeño del Gobierno de neutralizar al Tribunal Supremo, primero con una reforma de la malversación para despenalizar sobrevenidamente a los responsables del 'procés', intento que la Sala Segunda malbarató con una interpretación confirmada ahora por la directiva comunitaria. Luego, el Gobierno quiso remediar su fracaso con un indulto a los condenados, que, al contar con la oposición del Supremo, fue parcial. Finalmente, el Gobierno pretendió amordazar a la Sala Segunda con una ley de autoamnistía, pactada con los propios amnistiados, en detrimento de los principios de igualdad y de legalidad penal y de la soberanía jurisdiccional del Supremo. También la negativa de sus magistrados a amnistiar la malversación cometida para financiar ilegalmente el 'procés' se ve ahora reforzada por la nueva norma europea. Se ha llegado al punto en que queda claro que la arbitrariedad de la amnistía y los pactos entre Sánchez, Puigdemont y Junqueras se han asentado sobre una prevaricación política: la de perdonar una corrupción masiva a cambio de la investidura de Sánchez. El viejo estilo de los autócratas carentes de escrúpulos éticos y democráticos.