Cárcel para un empresario por tratar como "perros" a temporeros en Valladolid: "Les escupió a la cara"

2026-02-11 - 15:25

La Audiencia de Valladolid ha condenado a un año y medio de cárcel a un empresario de origen rumano, Vasile U., quien fue acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores, encuadrado en el artículo 311 del Código Penal. Todo ello por imponer condiciones abusivas a jornaleros extranjeros reclutados entre septiembre y octubre de 2020, a los que utilizó para la recogida de la patata en la zona de Medina del Campo. La sentencia del tribunal considera probada la culpabilidad del encausado, al que aplica la atenuante de dilaciones indebidas. Le impone la citada pena privativa de libertad junto con el pago de una multa de 1.440 euros y, en concepto de responsabilidad civil, el abono de una indemnización de 500 euros a cada uno de los 10 trabajadores afectados. La Sección Segunda de lo Penal considera que a través de las manifestaciones de los testigos queda probado que el condenado era el "empresario de facto" quien dirigía la estructura organizativa, quien pagaba y quien utilizó a su hermana como una mera "pantalla". Por su parte, él ofrecía unas condiciones laborales como "señuelo" para que los afectados se trasladaran a Valladolid aprovechando su situación de necesidad, máxime cuando en la época en la que se produjeron los hechos se vivía una situación de pandemia. "Les escupió a la cara" El fiscal del caso, quien había pedido cuatro años de cárcel y una indemnización para cada uno de los afectados de 15.000 euros, censuró con dureza el comportamiento del ahora condenado. "No solo no les pagó lo prometido sino que les trató como perros y encima les escupió a la cara!", llegó a apuntar el acusador público tras hacer suyas las testificales de los afectados, de origen colombiano, peruano y marroquí. Dio por acreditado así que el procesado era la persona que "movía los hilos" en la empresa donde su hermana Ionela, también encausada pero en paradero desconocido, figuraba como responsable, pero que era utilizada por el acusado para eludir las posibles responsabilidades derivadas de su ilícita actividad. El fiscal sostuvo que la decena de temporeros afectados fue reclutada por él con el auxilio de Ángel Q.T, residente en Alicante, declarado en rebeldía y buscado para que testifique como investigado en fase de instrucción por estos hechos. Este último, con la promesa de un salario de entre 1.800 y 1.600 euros, la formalización de contrato, alta en la Seguridad Social y alojamiento gratuito, convenció a los damnificados para que lo dejaran todo. Se trasladaron así desde Alicante y Yecla (Murcia) hasta una finca en Torrecilla del Valle (Valladolid) para llevar a cabo trabajos agrícolas en el periodo que media entre el 15 de septiembre y el 22 de octubre de 2020, en plena pandemia. Aunque el acusador público entiende que el "señor Ángel", como así le identifican los denunciantes, trajo "engañados" a los jornaleros y tendría que ser juzgado por trata de seres humanos, advirtió que toda la prueba demuestra que lo hizo siguiendo las instrucciones y las "milongas" de Vasile, quien "ya que tenía embargadas sus cuentas y sus vehículos". Les llamó okupas Sostenía que fue el acusado el que propició la llegada a Valladolid de los temporeros con promesas laborales que no se cumplieron y un alojamiento en precario. Se hospedaban en una casa en la que se hacinaban sin calefacción ni agua potable, incluso los recién llegados tuvieron que buscar colchones en un punto limpio. El fiscal recordó que tan solo parte de la primera 'hornada' de temporeros llegada desde Murcia, formada por cuatro personas, estuvo dada de alta en la Seguridad Social entre nueve y dieciséis días, frente al casi mes de trabajos desarrollados. Los otros seis que viajaron desde Alicante no estuvieron ni un día cotizando, situación que, a su juicio, constituye una clara vulneración de sus derechos, a lo que añadió que percibieron cantidades muy por debajo de lo recogido en el Estatuto de los Trabajadores y el convenio marco del sector. El Ministerio Público aseguró que el 22 de octubre de 2020, cuando la Guardia Civil se personó en la finca tras ser reclamada su presencia por los afectados por falta de pago, el acusado acudió al lugar y se desentendió de todo al asegurar que no conocía a esos trabajadores y les llamó okupas. "Ese comportamiento es, seguro, lo que más indignó a los afectados", recriminó el fiscal, quien preguntó el porqué de esa llamada de auxilio al Instituto Armado si de verdad los temporeros estaban cobrando los jornales prometidos. "La burocracia la llevaba mi hermana" La defensa del encausado, por su parte, solicitó un fallo absolutorio basado en el alegato exculpatorio que minutos antes había realizado su cliente, quien a lo largo de su declaración aseguró que era su hermana la que se encargaba de contratar los servicios con los propietarios de las fincas, así como de llevar toda la tramitación administrativa de los contratos. "La burocracia la llevaba mi hermana, yo era el encargado de la empresa y me limitaba a visitar el campo y a enseñar a trabajar a los jornaleros", insistió Vasile, que, según también su versión de los hechos, hacía de intermediario cuando su hermana le entregaba el dinero para que él se lo hiciera llegar a Ángel, "jefe de cuadrilla y persona de confianza" que luego pagaba el jornal a los temporeros. Por tal motivo, su defensor reclamó del tribunal la absolución y, subsidiariamente, en el caso de una hipotética condena, consideró más que justificada la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, tras recordar que el caso objeto de la presente causa se remonta a casi cinco años y medio.