CEOE, transportistas, técnicos de Hacienda... ola de críticas a las medidas anticrisis de Sánchez para paliar efectos de la guerra
2026-03-21 - 07:00
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes a dos decretos ley que prometen ayudar a paliar los efectos negativos derivados de la guerra en Oriente Próximo. El primero de ellos contiene de un plan anticrisis con 80 medidas, entre las que figuran fuerte rebaja de impuestos a los carburantes y a la factura de la luz. Mientras que el segundo consta de medidas en materia de vivienda, entre ellas, la congelación de los alquileres durante dos años. Las medidas aprobadas por el Gobierno han sido criticadas por patronales como la CEOE y también por sindicatos (CCOO, Gestha, CETM, entre otros) aunque algunas organizaciones prefieren esperar a su publicación en el BOE para valorarlas. Otras entidades como la OCU han aplaudido las medidas. La CEOE ha mostrado este viernes su "firme rechazo" a la aprobación de la congelación temporal de los precios del alquiler. Estima que las medidas introducen limitaciones en el mercado, ya que "suponen una injerencia injustificada en el derecho a la propiedad privada y generan una preocupante inseguridad jurídica", al tiempo que desincentivan la oferta, agravando los problemas de acceso. También critica la introducción de medidas "ajenas" al conflicto en Oriente Próximo por la "presión política incomprensible" de una parte del Gobierno, en referencia a Sumar. Con respecto a las medidas anticrisis, se ha limitado a indicar que analizará en detalle "sus implicaciones económicas y jurídicas" una vez que se publique el real decreto ley. Desde la organización de Agricultores y Ganaderos COAG consideran que estas medidas son "necesarias" para afrontar el shock de los costes de las explotaciones agrarias en un momento "crítico" para las cosechas, pero avisan de que serán "insuficientes" si la situación se prorroga "más allá de 15-30 días". En esta línea, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) defiende que "van en la buena dirección" para dar oxígeno al sector, una opinión que comparte la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB). UPA además celebra que se han tenido en cuenta "muchas" de las aportaciones que han hecho llegar al Gobierno. En cambio, Asaja cree que el plan "queda abierto y sin concreción", por lo que esperará a conocer los detalles para hacer una valoración. En opinión de la organización agraria Unión de Uniones, el paquete de medidas anunciado es "pobre" y cree que no está a la altura de la situación. CCOO se ha sumado a los sindicatos agrarios y ha reclamado al Gobierno más medidas fiscales y transferencias directas dirigidas a los colectivos más vulnerables, y ha instado a vigilar las reducciones de impuestos, porque solo son asumibles si se "garantiza que sus efectos llegan a los bolsillos de los consumidores". Desde las organizaciones de autónomos, ATA también ha reclamado medidas adicionales para los trabajadores por cuenta propia del campo, la industria y el transporte, si bien ha valorado las rebajas de impuestos y del IVA de la electricidad, gas y carburantes. Desde el sector del transporte, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) considera que las medidas resultan "claramente insuficientes" e incide en que la ayuda directa de 20 céntimos por litro de gasóleo "no se ajusta plenamente ni a la urgencia ni a la magnitud del problema". En esta línea, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha asegurado que carecen de la "ambición necesaria" para el sector e insta al Gobierno a que mantenga abierta la puerta a una revisión al alza de las ayudas "si la presión alcista del mercado energético persiste". Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han criticado las bajadas del IVA a la electricidad, gas, gasolinas y gasóleos, ya que son medidas "regresivas" porque las utilizan los hogares de mayores ingresos y no atacan la causa que provoca la subida de precios en la electricidad. Mientras que los autónomos de UPTA han advertido de que la reducción fiscal tendrá un escaso impacto real entre los autónomos, mientras que apenas se percibirá en las facturas de gas y electricidad de pequeños negocios. En cambio, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha aplaudido las rebajas fiscales de los carburantes, que calcula que reducirá en "unos 8 euros" el precio del depósito medio, ya que "es la manera más inmediata de frenar el fuerte y duro golpe que la guerra en Irán tiene en las economías familiares". Por su parte, Facua ha mostrado una "moderada satisfacción" por las medidas, pero ha pedido que se establezcan topes a los precios o los márgenes empresariales. En su opinión, si se limitan a rebajas fiscales, se permitirá a las empresas que "continúen inflando sus márgenes de beneficio".