Cuando la AIReF pone bajo sospecha los derechos de las personas trabajadoras

2026-02-05 - 04:55

En los últimos años, se ha instalado la idea de que la inteligencia artificial aporta neutralidad, precisión y objetividad al análisis de las políticas públicas. Sin embargo, el reciente informe sobre la evolución de la incapacidad temporal elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) demuestra que, cuando los algoritmos sustituyen al análisis social, sanitario y laboral sin un control humano riguroso, el resultado no es más ciencia, sino más sesgo. El informe sostiene que es más probable iniciar un proceso de incapacidad temporal cuando la persona trabajadora es mujer, tiene menos de 40 años, cuenta con contrato indefinido, trabaja en una empresa grande, en el sector público o dispone de un nivel salarial medio. La afirmación se presenta como una conclusión técnica, derivada de modelos avanzados de análisis de datos, pero encierra una lectura profundamente problemática: que el acceso efectivo a derechos laborales y de protección social se convierte, de algún modo, en un factor sospechoso. Una lógica que, llevada al extremo, permitiría concluir irónicamente que el propio liderazgo de la autoridad que firma el informe reúne buena parte de las variables que este identifica como asociadas a una mayor probabilidad de incapacidad temporal, lo que da una idea de hasta qué punto el análisis confunde derechos con problemas. Cuando los algoritmos sustituyen al análisis social, sanitario y laboral sin un control humano riguroso, el resultado no es más ciencia, sino más sesgo No deja de ser paradójico que allí donde existe mayor estabilidad laboral, mayor cobertura sanitaria y mayor capacidad real para ejercer derechos, el informe identifique un "problema". La precariedad, en cambio, queda invisibilizada, como si no acudir al médico por miedo a perder el empleo o encadenar contratos temporales fuera una virtud estadística y no una anomalía social. La ironía es evidente. Quienes tienen contrato indefinido o trabajan en el sector público no enferman más: simplemente pueden permitirse enfermar sin perder el salario ni el empleo. Pueden acudir al sistema sanitario, obtener un diagnóstico y seguir un tratamiento. Confundir esa mayor protección con un uso indebido de la incapacidad temporal no es un avance analítico; es una distorsión del fenómeno. Más preocupante aún es el sesgo de género que aflora sin que el informe parezca advertirlo. Que el hecho de ser mujer aparezca asociado a una mayor probabilidad de baja debería haber activado todas las alarmas metodológicas. En lugar de analizar la mayor exposición de las mujeres a trabajos feminizados, a riesgos psicosociales, a dobles jornadas o a problemas de salud infradiagnosticados, el informe se limita a constatar una correlación estadística, deslizando implícitamente una sospecha que resulta inaceptable desde una perspectiva de igualdad y de derechos. La incapacidad temporal no es un fallo del sistema ni una desviación que deba corregirse mediante desconfianza o control punitivo. Es un derecho de protección social cuyo objetivo es permitir la recuperación de la salud durante el tiempo estrictamente necesario. Evaluarla desde la sospecha, y hacerlo además apoyándose en análisis automatizados que prescinden del contexto humano, sanitario y laboral, empobrece el debate público y debilita la calidad de las políticas que se pretenden mejorar. La ironía es evidente. Quienes tienen contrato indefinido o trabajan en el sector público no enferman más: simplemente pueden permitirse enfermar sin perder el salario ni el empleo El aumento de los procesos de incapacidad temporal no puede abordarse cuestionando a quienes ejercen legítimamente sus derechos. La única vía eficaz pasa por un refuerzo decidido del sistema sanitario público, capaz de garantizar diagnósticos y tratamientos en tiempo y forma; por una verdadera cultura de la prevención de riesgos laborales, precisamente en un momento en el que la patronal se ha negado a respaldar una nueva ley que actualice y fortalezca la protección de la salud en el trabajo; y por una mejora real de los procesos de recuperación. Las listas de espera inaceptables no son un fenómeno aislado, sino la punta del iceberg de un sistema tensionado que alarga innecesariamente las bajas y cronifica situaciones que podrían resolverse con una atención adecuada y a tiempo. Convertir este problema estructural en un debate sobre presuntos abusos no solo es injusto, sino profundamente irresponsable. Porque la incapacidad temporal no se combate con informes sesgados que señalan sin contexto, sino con inversión pública, prevención efectiva, empleo de calidad y sistemas sanitarios capaces de cuidar y recuperar a quienes sostienen, cada día, la economía con su trabajo.