Cuatro generaciones de los Vargas deberán dejar su poblado en suelo de Nuevo Norte en un mes: "Sin casa o terreno, nos quedamos"

2026-02-05 - 04:55

10 de marzo de 2026. Es la fecha límite que ha dado el Ayuntamiento de Madrid a los residentes de más de 50 chabolas en el poblado de los Vargas de la calle Antonio Cabezón (Fuencarral-El Pardo) para que abandonen voluntariamente sus casas. La última semana de enero la Policía Local entregó las cartas en las que les comunicaba el plazo pero, la prisa no se siente en los ánimos de estos vecinos. Si no ofrecen una alternativa habitacional a cada familia, aseguran que de sus “casas” levantadas por ellos mismos, no se van. “Esa gente no tiene corazón”, lamenta María José, quien lleva viviendo en ese terreno “toda la vida”. “¿Dónde vamos a ir con tantos niños y gente enferma? Yo estoy esperando un trasplante de riñón y muchos necesitamos tener el hospital cerca”, se pregunta. La dicotomía social se palpa en esta realidad: este poblado, en el que viven alrededor de un centenar de personas, según el Consistorio madrileño -más de 200 según los residentes-, se encuentra a poca distancia de las Cuatro Torres. Los terrenos forman parte del futuro desarrollo urbanístico Madrid Nuevo Norte. Nada tienen que ver los rascacielos de la Castellana con los materiales con los que se levantan estas infraviviendas: acero, madera, puertas antiguas, telas... todo lo que sirva para montar su hogar. Antonia, una de las residentes de 46 años, se asoma a la puerta de su chabola abrigada con una bata. En lo que parece una infravivienda desde el exterior, tiene tres habitaciones, un salón-cocina y un cuarto de baño, con su vajilla, electrodomésticos y muebles: “Parece feo desde fuera, pero no vivimos tan mal”, relata. Una de las paredes es como la de cualquier casa, con un espacio que sirve de calefacción: “Lo hemos hecho nosotros con ladrillo y cemento y dejamos el hueco para la chimenea. Aquí no pasamos frío porque tenemos la lumbre”. Mientras Antonia y María José hablan de su vida, van llegando más personas a curiosear. “Este recinto es familiar, aquí no hay forasteros”, avisa una de ellas. Este núcleo se conoce como ‘poblado de los Vargas’ porque los primeros que se instalaron allí alrededor del año 2000 tenían ese apellido y, con el paso de los años, todos los residentes están unidos por parentesco. Los más ancianos, con una larga lista de enfermedades, residen en la nave de una antigua fábrica de pinturas; mientras que las generaciones venideras fueron construyendo alrededor de ella. “Llevamos mucho tiempo aquí, somos la cuarta generación”, cuenta José, un joven que se ha casado y ha tenido cuatro hijos dentro del poblado. Antonia crio a sus cinco retoños (de 26, 24, 23, 28 y 15 años) tras la nave -donde aún vive su suegra- y ahora cuida también de sus nietos. Precisamente, el área de Urbanismo justifica en el estado de mantenimiento del pabellón la orden de desalojo. El asunto viene de años atrás, tal y como se recoge en la misiva: el 21 de mayo de 2021, el director general de Edificación adoptó una resolución de medidas de seguridad en relación con la finca situada en la calle de Antonio de Cabezón, 61, apercibiendo a la propiedad que, en el supuesto de que se produjera un incumplimiento de lo ordenado, serían los técnicos municipales los que actuarían subsidiariamente. Un par de meses después, una nueva resolución señalaba también “nuevos daños no observados en anteriores inspecciones” en el número 59 de la misma finca. En ambas resoluciones se pone de manifiesto la necesidad de desalojar a los ocupantes de la finca con carácter previo a la adopción de dichas medidas. Sin embargo, la propiedad hizo caso omiso, por lo que tanto en agosto de 2023 como en abril de 2025, otras resoluciones requerían el acceso a la finca por parte de Edificación para comprobar su estado y la adopción (o no) de las medidas de seguridad ordenadas. Tras entrar a revisar, un informe de octubre del año pasado señalaba a una “evolución desfavorable de los daños, que hacen necesario su vigilancia y su probable futura ampliación”. Cerrar accesos para evitar el acceso incontrolado Apenas una semana después, como consecuencia de los incumplimientos, se recogían las actuaciones necesarias que ahora va a llevar a cabo el Consistorio, aunque con cargo al propietario: medidas para garantizar la estabilidad de la estructura y cerramientos, para garantizar la evacuación de las aguas y para evitar la caída incontrolada de elementos de chapado de la parte superior de la fachada principal, el cierre de huecos que eviten el paso de agua, eliminar elementos inestables de estancias interiores de tabiques y techos de materiales diversos, mediante el desmontaje de las estancias levantadas en el interior de la finca y, al finalizar la actuación, medidas de seguridad conducentes a evitar el acceso incontrolado y uso de las dependencias mediante el cierre efectivo de huecos y accesos. Esta situación, insiste, supone un peligro para las personas que allí residen, por lo que “es imposible demorar los trabajos de medidas de seguridad”. Por ello, requiere a la propiedad de la finca así como a los ocupantes y moradores de la misma, para que procedan al desalojo del inmueble antes de las 10.00 horas del día 10 de marzo de 2026, “a fin de posibilitar la ejecución subsidiaria de las medidas acordadas”. Aun así, si el Gobierno municipal no les proporciona viviendas sociales a cada familia, aseguran que no se van a mover: “Abre una casa y méteme, yo no me voy a quedar en la calle”, insiste Antonia. Desde el Consistorio, aseguran que los servicios sociales municipales llevan años haciendo un seguimiento de estas familias pero “ante la situación de inseguridad del lugar que ocupan en la actualidad, es urgente la actuación, por lo que la Junta de distrito se va a reunir con ellos para escucharles y plantear posibles soluciones”. El área de Servicios Sociales tiene una red de alojamientos de emergencia en el Centro Municipal de Urgencias Sociales ubicado en Puente de Vallecas, y las Unidades de Estancias Breves Álvarez Quintero y Darío Pérez; el centro Las Caracolas y plazas hosteleras en caso necesario donde cubren todas las necesidades básicas de los usuarios hasta que logran recuperar su vida autónoma. Antonia admite que les han ofrecido en anteriores ocasiones acudir a un albergue o a un piso compartido pero insiste: “¿Tú te irías a vivir allí con tu familia? No. Pues yo tampoco”. José alega a su buena convivencia para mantenerse allí. “Aquí no hacemos daño a nadie”, dice, aunque reconoce que “claro” que quieren “una oportunidad y una vivienda digna” con el deseo de que sus hijos, todos escolarizados, “no sean analfabetos el día de mañana y puedan ganarse la vida”. Hay quienes tienen un trabajo, otros cobran el Ingreso Mínimo Vital y otros se dedican a la venta de chatarra, explica este joven, que se conforma con un terreno en el que ellos puedan replicar su actual asentamiento si la Administración no les ofrece inmuebles para vivir: “Que no quieren darnos vivienda o terreno, pues aquí nos quedamos”, asegura. El poblado de los Vargas se ha intentado desmantelar en varias ocasiones, en 2013 y en 2016, cuando “supuestamente iba a haber un realojo pero, aquí nos tienen, abandonados”, recuerda Antonia. “La última vez lo conseguimos parar porque contratamos a un abogado, se creó una plataforma, hubo manifestaciones...”. Precisamente, el abogado descubrió que les habían dado para firmar una autorización para que, en caso de resolución judicial, pudiesen tirar de golpe todas las chabolas, en lugar de una a una como dicta la ley. Es un asunto con una complejidad que reconoce el mismo José: “El chabolismo no se va a erradicar nunca”, zanja. La Policía Municipal ha procedido a filiar a las personas que viven en estas infraviviendas para lograr que se efectúe el desalojo voluntario en esta parcela privada. Si el 10 de marzo se ha desalojado, se llevarán a cabo las medidas citadas. De no ser el caso, se solicitará una autorización judicial de entrada al lugar.