De la revalorización de las pensiones al problemático “escudo social”

2026-02-10 - 06:16

En plena semana de inundaciones en Andalucía y en otros lugares de España, el Gobierno aprobó el pasado martes dos Decretos-leyes (2 y 3/2026, de 3 de febrero) que vienen a resolver el rechazo del anterior Decreto-ley (1/2026), conocido como omnibus, en el que trato de “colar” en una sola disposición los dos temas y otros colaterales, que abordamos hoy, revalorización de las pensiones y el llamado “escudo social”, en la que se han incluido también medidas tributarias y de financiación territorial. Esta forma de legislar en nuestro país es muy deficiente desde un punto de vista técnico, con constantes Decretos-leyes y leyes poco homogéneas desde el punto de vista de su contenido, lo que genera luego graves problemas en su interpretación y aplicación por los tribunales de Justicia. Sin embargo lo expuesto no es algo nuevo en nuestro sistema constitucional. El Tribunal Constitucional ha mantenido una doctrina, a mi juicio, excesivamente laxa y condescendiente con los Gobiernos a la hora de la aprobación de numerosos Decretos-Leyes, cuya legislación de urgencia se ha convertido ya en la forma de legislación ordinaria, lo que ha venido a confirmar lo que Varela Ortega denunció en su día como “ejecutivitis invasoris” (invasión del ejecutivo sobre el parlamento). Todo ello nos ha conducido junto a otras circunstancias al estado actual de la legislación como mal de nuestro tiempo. Si a ello le añadimos la situación actual de la falta de mayoría parlamentaria no es de extrañar que el Gobierno haga mangas y capirotes para tratar de dar cauce a aquellas disposiciones que considera relevantes, en especial, desde el punto de vista social o que sus socios (Sumar e izquierda populista) les exigen, con el beneplácito de los demás apoyos nacionalistas o independentistas, incluida Bildu, que han venido aprobando medidas legislativas no siempre compartidas. Pero con la contrapartida (do ut des) de traspaso de competencias, algunas inconstitucionales, sea, la gestión de pensiones de la Seguridad social al País Vasco, o en el caso de Junts, la promesa de la financiación a la carta (principio de ordinalidad), o la cesión de competencias en emigración, etc. Este panorama político, se ha quebrado de forma aparente, pero no totalmente cierta, mediante el anuncio de Junts (Puigdemont) de primeros de año cuando anunció que retiraba su apoyo al Gobierno de Sánchez, por sus numerosas promesas incumplidas para sus intereses independentistas. Pues bien, los dos Decretos leyes aprobados y en vigor desde el día 4 de febrero y algunas disposiciones con efectos de 1 de enero 2026, tratan de bifurcar la aprobación de las medidas, algunas con evidente tufo electoral y así recomponer su imagen tras el varapalo de hace unas semanas en el Congreso. En lo que se refiere al llamado “escudo social” incluye la suspensión de los desahucios hasta 31 de diciembre del presente año, con la carga para los propietarios de tener que asumir las funciones del “Estado social”, que el Estado no cumple, echando sobre sus hombros y economías la vulnerabilidad de los inquilinos (en mucho casos los llamados inquiocupas), con gran desfiguración del derecho de propiedad privada, que está reconocido en la articulo 33 de la CE, aunque ahora eso importe poco. De forma casi segura el Decreto ley 3/2026, relativo a la revalorización de las pensiones será convalidado; no así, por el contrario el que contienen las medidas de protección social para la clientela que apoya socialmente al Gobierno, pues tras el resultado electoral del PSOE el pasado domingo día 8 en las elecciones aragonesas, dudo salvo imprevistos, que dicho Decreto-ley vaya a ser convalidado. Ante la derrota de Pilar Alegría perdiendo 5 escaños en las elecciones a las Cortes de Aragón, Junts seguramente no apoyará su convalidación, pues nadie apuesta por caballo perdedor, salvo precio superior. Siendo cierto, sin embargo, que tras la renuncia del encarcelado ex Ministro de Fomento Ábalos a su escaño parlamentario, permitiría que con la sola la abstención de Junts el Decreto-ley 3/2026, se convalidase. Ante dicho escenario, el Gobierno se ha asegurado los votos del PNV mediante la operación cosmética consistente en que las medidas de carga social de los inquilinos que no pagan sus rentas no se aplique a aquellos propietarios de una o dos viviendas, no así para los grandes tenedores de pisos en alquiler. Todo muy populista; muy woke como gusta al Gobierno actual....