El cisma inédito con Sumar fuerza a Sánchez a ceder y ensombrece su estrategia de rentabilizar el plan ante la guerra de Irán

2026-03-21 - 07:00

La estrategia de Moncloa para capitalizar su plan frente al impacto de la guerra de Irán ha arrancado con el pie izquierdo. El pulso de Sumar, ignorado durante días por el ala socialista, terminó por estallar a las puertas del Consejo de Ministros. Los ministros del ala minoritaria no entraron en la reunión hasta pasadas dos horas, cuando Pedro Sánchez accedió a revisar la estrategia inicial. Moncloa salvó la fractura total con un decreto paralelo con medidas de vivienda, pero no logró evitar que su relato quedara eclipsado por un cisma sin precedentes en la coalición, desviando el foco de un paquete que Moncloa aspiraba a presentar como el blindaje "social y económico" de mayor envergadura de Europa. Sumar llevaba días exigiendo incluir la prórroga de los contratos de alquiler y la prohibición de desahucios para familias vulnerables en el decreto que se aprobó este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario. La parte socialista se limitaba a dar largas a sus socios abriéndose a la posibilidad de incluirlas más adelante en otro decreto. Tenían muy claro que para poder convalidar el decreto necesitaban el apoyo de Junts y PNV, y eso pasaba por dejar fuera ambas medidas e incluir, en esencia, bajadas de impuestos. Ese decreto se aprobó este viernes con un total de 5.000 millones de euros en rebajas fiscales a través de 80 medidas, la mayoría al gusto de sus socios de derechas. Eso sí, Sánchez cedió 'in extremis' a añadir una petición de Sumar, una disposición para reforzar la vigilancia a las empresas para que no aprovechen la crisis o las ayudas para obtener beneficio. En cualquier caso, Sánchez no logró el impacto esperado con la promoción del paquete, ni consiguió focalizar su discurso en las ideas que lleva días desarrollando en sus intervenciones. Sánchez trató de apuntalar su discurso del "no a la guerra" y de situar en el foco a quienes, a su juicio, "se ponen de perfil" ante la misma. Lo hizo al advertir de que este conflicto, que calificó de "ilegal", supone un coste de 5.000 millones de euros para los españoles, recursos que —subrayó— podrían destinarse a becas o al refuerzo de los servicios públicos. Aunque esa cifra procede de la rebaja fiscal incluida en el plan, el presidente buscó con ese argumento poner precio a cualquier posicionamiento político que no sea el suyo. Sin embargo, el mensaje quedó diluido en un Consejo de Ministros marcado por la disputa entre las dos alas de la coalición. Una discusión pública y narrada minuto a minuto a los periodistas, lo que acaparó toda la atención mediática antes, durante y después de la reunión extraordinaria del Gobierno. Durante las dos horas previas, fuentes presentes aseguran que hubo un baile de reuniones cruzadas. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunió a solas tanto con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como con el ministro Ernest Urtasun. Por otro lado, el responsable de Economía, Carlos Cuerpo, también se sentó con el ministro Pablo Bustinduy, que insistía -y logró- incluir la medida de vigilancia a las empresas para que no saquen beneficios extra de la crisis. Ante el bloqueo, el propio Sánchez se tuvo que reunir con los ministros de Sumar y, finalmente, a solas con Díaz. Finalmente, todos entraron a un Consejo de Ministros muy tenso tras el que se salió el citado acuerdo. Nunca antes Sumar había lanzado un órdago tan arriesgado: sí se recuerdan Consejos de Ministros que se alargaron durante horas por alguna disputa, pero jamás una parte del Gobierno había impedido deliberadamente comenzar la reunión por un desacuerdo. Tampoco parece casualidad que la maniobra se produjese apenas un día después de que Podemos anunciara un acto con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, con el objetivo de "colaborar" de cara a las generales, y tras unas elecciones en Castilla y León que dejaron al partido sin representación en la comunidad. Ante estos movimientos en la izquierda alternativa, la formación de Yolanda Díaz se dispuso a echar el pulso a sus propios socios para mostrar algo más de fuerza. Y, gracias a esta presión, consiguieron arrancar a Sánchez algunas concesiones, entre ellas la prórroga automática de los alquileres, la cual, en el peor de los escenarios, se mantendrá vigente durante poco más de un mes. La falta de respaldo parlamentario a esta medida fue el argumento esgrimido por los socialistas para no incluirla en el decreto: el PSOE aseguró que ni Junts ni el PNV la apoyarían y, además, que no constituía una respuesta "perimetrada" a la guerra. Sánchez terminó por ceder al pulso lanzado por Sumar y desdiciéndose de su propia justificación. En la comparecencia señaló que aunque el decreto no tenía apoyos, "no por ello" el Gobierno de coalición iba a renunciar a dar respuesta a la "emergencia habitacional". Eso sí, quiso dejar muy claro que la medida nacía sin apoyos y que iría en un decreto aparte que, en principio, no parece que se vaya a votar la próxima semana, como sí pasará con el decreto de rebajas fiscales. En consecuencia de este pulso y esta cesión, los socialistas no pudieron explotar este decreto para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán como tenían previsto. Además, el choque con Sumar proporcionó munición a la oposición para atacar a un Gobierno "roto" y reforzó la narrativa ya construida: el decreto de Sumar es visto como de "izquierdas", mientras que aquel al que se han opuesto se percibe como de "derechas". Mientras tanto, el PSOE sigue chocando contra el muro de una falta de mayoría progresista en el Congreso que muy a menudo frustra sus planes. Con este último decreto anticrisis, y ante la necesidad de tener los apoyos cerrados de cara a su convalidación, Sánchez tuvo que optar por diseñar un escudo a medida de sus socios más conservadores, lo que le genera problemas en la coalición. Un malestar que, previsiblemente, se extienda a todos sus socios de izquierdas en la comparecencia que el presidente ofrecerá en la Cámara Baja el próximo miércoles y también cuando se debata el decreto anticrisis el jueves.