El Congreso vuelve en plena crisis ferroviaria con los decretos de escudo social y de ayudas al transporte en manos de Junts y el PP

2026-01-26 - 04:59

En mitad de la crisis política abierta por los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que se han cobrado la vida de más de 40 personas, el Congreso de los Diputados retoma su actividad con un orden del día en el que el Gobierno se la juega. Este martes, la Cámara Baja celebrará su segunda sesión plenaria del año, pero la primera en la que habrá votaciones, puesto que los grupos tendrán que pronunciarse sobre la convalidación de dos decretos: el de ayudas económicas para los sectores vulnerables —el conocido como escudo social, que se ha ido descafeinando progresivamente con el paso de los años— y del de bonificaciones en los precios del transporte público. El Ejecutivo llega a esta sesión sin tener garantizada la aprobación de los dos paquetes de medidas. Necesita, para ello, o bien el apoyo del siempre impredecible Junts, o bien la abstención de un PP que no suelta prenda sobre cuál será el sentido de su voto. El presidente Pedro Sánchez sí puede contar con sus socios parlamentarios —ERC, PNV o EH Bildu—, pero la complicada aritmética parlamentaria va a volver a ser protagonista en un pleno del Congreso en el que no está previsto que se hable de la crisis ferroviaria, pero en el que el asunto planeará inevitablemente sobre las intervenciones de los grupos. Para dificultar a Junts y el PP que voten en contra, el Gobierno ha utilizado una estrategia que ya le ha dado resultado en otras ocasiones: incluir dentro del decreto de ayudas a familias vulnerables medidas que los grupos tienen muy complicado rechazar, como la revalorización de las pensiones, que por ley tienen que actualizarse con la inflación año a año. No obstante, ese ardid ya ha dado algún que otro susto a la Moncloa: sin ir más lejos, en enero del año pasado PP y Junts tumbaron un decreto muy similar al que se debatirá este martes, lo cual provocó que decayeran medidas como la revalorización de las pensiones, la fijación de la cuantía del salario mínimo o las ayudas al transporte público y por la DANA. El decreto tuvo que ser troceado para poder reinstaurar las medidas y que salieran adelante. En esta ocasión, ni Junts ni el PP han hecho una excepción a su habitual política de mantener hasta el último momento la incertidumbre sobre el sentido de su voto, por lo que la posibilidad de que se produzca un escenario similar al del año pasado está ahí. El portazo que dieron ambas formaciones al decreto de ayudas sociales en 2025, no obstante, también les generó una importante presión, por lo que ahora deberán poner en la balanza sus opciones: dejar caer los dos paquetes de medidas que se debaten este martes sería un importante golpe para un Gobierno muy tocado por la crisis ferroviaria, pero también pondría a Junts y PP en el disparadero al ser decretos de corte social. Sabedores de su papel protagonista en el pleno del próximo martes, los dos partidos han mantenido un hermetismo total. El pasado jueves, la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, evitó concretar la opinión de su grupo con respecto a los dos decretos, si bien fuentes populares aseguran que la, a su juicio, insuficiente respuesta del Gobierno al accidente de Adamuz "lo complica todo". No obstante, al Ejecutivo no le hace falta el voto a favor del principal partido de la oposición para convalidar sus medidas: le basta con que los de Alberto Núñez Feijóo se abstengan, una posición que convertiría en irrelevante el voto de Junts. La paralización de desahucios y el abono único El primero de los decretos que se debatirán y votarán este martes, el de escudo social, es el que contiene la revalorización de las pensiones para 2026 conforme al IPC. Y, aunque ha perdido la mayor parte de sus piezas con el paso de los años, el texto también recoge dos disposiciones clave que aún sobreviven desde que se aprobara el primer escudo social allá por 2020 para hacer frente a la pandemia: la paralización provisional de los desahucios por impago del alquiler (una medida exigida por Podemos para dar su apoyo al texto) y la prohibición de cortar los suministros básicos (luz, agua y gas) a las familias vulnerables que no los puedan pagar. El segundo decreto prorroga los descuentos al transporte público vigentes tanto para los medios gestionados por el Estado como para los que son ofrecidos por las comunidades autónomas. La nueva fórmula establecida por el Ministerio de Transportes premia a los usuarios recurrentes de trenes Avant y de Cercanías con distintas fórmulas que permitirán tener un mayor descuento en el precio de sus billetes cuantos más viajes hagan en estas redes ferroviarias. También se creó a través de este decreto el abono único, la tarifa plana mensual de 60 euros para el público general y de 30 euros para los usuarios hasta 26 años para viajar en Cercanías, trenes de Media Distancia y autobuses en líneas de titularidad estatal.