El futuro judicial de Ábalos se complica: de las mascarillas a la posible imputación en la causa de los hidrocarburos

2026-02-15 - 07:55

El panorama judicial del exministro José Luis Ábalos se complica por momentos. Quien fuera secretario de Organización del PSOE y hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez tiene varios frentes abiertos en los tribunales: el juicio por la corrupción en la compraventa de material sanitario se aproxima y las investigaciones en torno a los amaños de obra pública avanzan. Aún hay más: el juez Santiago Pedraz sopesa imputar al extitular de Transportes y su exasesor Koldo García por su implicación en el caso de los hidrocarburos, según fuentes jurídicas. Ábalos, actualmente interno en la prisión de Soto del Real, afronta esta cruda situación judicial con una estrategia inmutable que consiste en afirmar que es inocente y buscar errores en la investigación para tratar de anularla. Se vio claramente el pasado jueves, durante la audiencia preliminar del juicio por la trama de las mascarillas. El letrado Marino Turiel expuso la posición de Ábalos mientras su cliente permanecía sentado tras él en absoluto silencio, con el semblante serio y cansado. La intervención de Alejandro Luzón no arrojó mucha esperanza al intento de Ábalos por evitar el juicio de las mascarillas, pues el fiscal jefe Anticorrupción no compró ninguno de los argumentos. Lo mismo le ocurrió a Koldo García: su letrada, Leticia de la Hoz, se extendió ampliamente en sus argumentos para tratar de enviar el juicio a la Audiencia Nacional y traer a colación causas de nulidad. Pero Luzón discrepó de todas sus alegaciones y también lo hizo, si cabe con más intensidad, el abogado que dirige las acusaciones populares, Alberto Durán. La Sala Segunda del Supremo debe analizar aún todas las cuestiones previas expuestas por Ábalos y Koldo García antes del juicio por el supuesto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus. Los letrados de ambos investigados alegaron que sus clientes habían sido investigados ilegalmente, lo que implicaría la nulidad del proceso. Se trata de un argumento que han esgrimido reiteradamente desde el inicio de la causa, sin que el Supremo haya estimado sus alegaciones. Ante el probable escenario de que el tribunal rechace esta pretendida nulidad, los letrados desplegaron también una estrategia para tratar de retrasar el juicio y, con ello, lograr que García y Ábalos salgan de prisión provisional. Leticia de la Hoz y Marino Turiel sostienen que, al haber renunciado el exministro a su escaño, no corresponde al Supremo juzgar el caso de las mascarillas. Dado que no hay aforados, los letrados defensores creen que la pieza de los amaños de contratos de material sanitario debe volver a la Audiencia Nacional, como el resto de la causa. Sin embargo, tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares y la defensa de Víctor de Aldama consideran que no es así, en tanto que ya se ha dictado el auto de apertura de juicio oral. Luzón aludió a jurisprudencia del Supremo para defender que el juicio debe quedarse en el alto tribunal y alertó de que lo contrario implicaría regresar a la "fase de instrucción" y conllevaría "dilaciones indebidas". La sombra de la imputación en hidrocarburos El magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, instruye una causa ajena al caso Koldo que, sin embargo, implicaría también a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. El último informe aportado por la UCO a esta causa arrojó luz sobre la supuesta implicación del exministro y su exasesor en la trama que tuvo como presunto cabecilla a Claudio Rivas, socio de Aldama. Ambos empresarios emplearon "aproximadamente un millón de euros" en "comprar la voluntad" de Ábalos, según concluía el informe entregado a finales del año pasado. El atestado apunta que Rivas se sirvió de Aldama para intentar que su compañía Villafuel SL obtuviera la licencia para operar en el sector mayorista de los hidrocarburos. Aldama habría mediado con el exministro y su 'hombre para todo', que a su vez tocaron supuestamente las puertas de los ministerios de Industria y Transición Ecológica. Los pagos de la trama fueron diversos. Entre ellos hay entregas de dinero en efectivo; la compra de un chalet en La Alcaidesa para el exministro de Transportes; y el contrato de trabajo que se concedió a Koldo García en la mercantil Instalibero District SL, sin que conste que el exasesor prestara servicios. También hubo pagos a Víctor de Aldama, que fue la conexión de la trama con el titular de Transportes. El comisionista percibió más de 292.000 euros de la empresa Have Got Time SL por su intermediación. Según fuentes jurídicas consultadas por 20minutos, Pedraz ya ha practicado todas las declaraciones testificales que estaban pendientes. En las últimas semanas han pasado por el juzgado Víctor de Aldama, los exjefes de gabinete de Teresa Ribera y Reyes Maroto —Marc Isaac Pons y Juan Ignacio Díaz Bidart, respectivamente—, las empresarias Carmen Pano y Leonor González Pano, y el chófer de la primera de ellas. Finalizadas estas testificales, es probable que el próximo paso del instructor se encamine a la imputación de Ábalos y García en la causa, de acuerdo con fuentes consultadas. Esto implicaría un tercer frente judicial para ambos, que forman parte de la trama de las mascarillas pero también del llamado caso Cerdán, sobre los amaños de obra pública impulsados desde el Ministerio de Transportes, Adif y la Dirección General de Carreteras. El juez del Supremo Leopoldo Puente, que hasta ahora ha dirigido la instrucción de esta trama, estima que Cerdán, Ábalos y Koldo pudieron llevarse un "botín" de cinco millones de euros gracias a estas operaciones.