El Gobierno afronta una semana decisiva tras su mayor cisma interno por el decreto anticrisis frente a la guerra de Irán

2026-03-23 - 04:20

El Gobierno afronta una semana decisiva que tendrá el Congreso como principal escenario. Por un lado, este miércoles el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, comparecerá en la Cámara Baja para dar cuenta de las medidas adoptadas a causa de la guerra en Irán y explicar la posición de España en el conflicto. Por otro, el jueves se debatirá y votará el decreto con las medidas anticrisis aprobadas el viernes en un Consejo de Ministros extraordinario en el que se vivió un choque inédito entre los socios de coalición. Sumar consiguió presionar al ala socialista con el plantón de sus ministros para que el Ejecutivo incluyera entre las medidas adoptadas por la guerra un paquete sobre vivienda, desgajado en un decreto separado para el que todavía no hay fecha de votación. Las medidas aprobadas por el Gobierno entraron en vigor este domingo, aunque de forma temporal hasta que reciban el respaldo del Congreso en un máximo de 30 días. El Ejecutivo se muestra confiado en contar con los apoyos necesarios para aprobar definitivamente el decreto de medidas anticrisis, que se votará en la Cámara Baja apenas seis días después de haber salido del Consejo de Ministros. Este primer paquete incluye las iniciativas diseñadas para hacer frente a la subida del precio de la energía. Comprende, entre otras, la reducción al 10% del IVA de los carburantes, la electricidad y el gas natural, la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, la bajada del Impuesto Especial sobre la Electricidad y la ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional a transportistas, agricultores, ganaderos y pescaderos. Son medidas similares a algunas de las adoptadas en su día cuando la invasión rusa de Ucrania hizo estallar la crisis energética, aunque no han estado exentas de discordia. Los socios de izquierdas recriminan que en esta ocasión se recurra en exceso a la reducción de impuestos, si bien Sumar celebra haber logrado que se recoja una salvaguardia para controlar los márgenes empresariales con el objetivo de evitar que estas rebajas se traduzcan en mayores beneficios para las compañías suministradoras. Por su parte, el PP aplaude la inclusión de algunas de las rebajas fiscales demandadas por la formación de Alberto Núñez Feijóo, aunque deja en el aire el sentido de su voto. "Yo esperaría que este real decreto ley tenga el mayor apoyo posible, porque va a beneficiar mucho a los hogares y a las empresas en un contexto particularmente difícil", defendía este domingo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre un eventual apoyo de los populares en una entrevista en El País. El presidente del Gobierno tendrá la oportunidad de explicar su plan y, en general, la posición de España ante la guerra de Irán en su comparecencia en el Congreso en la víspera de la votación del decreto anticrisis. Sánchez ha hecho bandera del "no a la guerra" desde el estallido del conflicto, mostrando su rechazo frontal a las operaciones de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo. "Nadie sabe cómo va a evolucionar esta situación, esta crisis. El conflicto no sabemos si va a durar días o va a durar meses o años. Pero sus efectos podrían contenerse o transformarse en una grave crisis en función de cuáles son sus efectos", reconoció el viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que anunció el plan anticrisis, que, según las estimaciones del Ejecutivo, movilizará 5.000 millones de euros. Durante los días previos a la aprobación de la batería de medidas, Sumar insistió en que para ellos era una "absoluta prioridad" que se adoptasen iniciativas sobre vivienda, especialmente la prórroga de los contratos de alquiler. Llegado el Consejo de Ministros extraordinario del viernes, el PSOE no había dado su brazo a torcer con las reclamaciones del grupo liderado de facto por Yolanda Díaz, y para presionarlo tanto la vicepresidenta segunda como los ministros de su formación no dudaron en protagonizar un plantón insólito en el seno del Gobierno: se negaron a entrar en la reunión hasta que el ala socialista cediese. Díaz y Sánchez negociaron directamente durante más de dos horas en las que los ministros del PSOE y Sumar aguardaron en salas diferentes de la Moncloa. Finalmente el socio minoritario consiguió que se atendieran sus demandas, que quedaron recogidas en un segundo decreto sobre vivienda para el que, a diferencia del otro, el Gobierno reconoce no tener todavía apoyos suficientes para sacarlo adelante en el Congreso. Este texto incluye la prórroga extraordinaria durante dos años de los contratos de alquiler cuya finalización esté prevista para 2026 y 2027, obligando así a que se mantengan en las condiciones. Además, limita a un 2% el máximo que el casero puede subirle la renta al inquilino en la actualización anual. Estas medidas entraron en vigor ya este domingo, aunque, al igual que ocurre con el decreto anticrisis, su aplicación es temporal: si no se convalidan en el Congreso en el plazo de un mes, dejarán de estar activas. En este caso, la aritmética parlamentaria es más complicada y los apoyos no están negociados. "Por eso llevamos este decreto aparte, para que en los próximos días, en las próximas semanas, podamos seguir negociando con el resto de grupos y podamos sacarlo adelante", explicó el viernes Sánchez, reconociendo la voluntad de tratar de ganar tiempo y sin fijar una fecha para el debate de las medidas de vivienda. A la izquierda del PSOE llevaban tiempo reclamando la congelación temporal de los alquileres y la prórroga automática de los contratos, como ya se hizo durante la pandemia y a raíz de la guerra en Ucrania. En cambio, la derecha muestra menos entusiasmo. El PP ya ha avanzado que no respaldará este segundo decreto. Con los de Feijóo fuera de la ecuación, la clave para que salga adelante está en PNV y Junts. Por el momento los nacionalistas vascos se han limitado a indicar que tienen que analizar las medidas, aunque el Gobierno confía en que su apoyo esté más al alcance que el de los catalanes. El secretario general de Junts, Jordi Turull, arremetió el sábado contra el decreto, pidiendo al Ejecutivo que "asuma los costes de las políticas sociales" y "deje de ahogar al pequeño propietario" con iniciativas que "sabe que luego el Congreso no aprobará". Pese al rechazo, no cerró por completo la puerta a sentarse a hablar.