El Gobierno aprobará la subida del SMI hasta 1.221 euros tras rechazar CEOE los incentivos «trileros»

2026-01-29 - 18:31

Yolanda Díaz tiene el camino despejado para que el Gobierno apruebe una subida del 3,1% para el salario mínimo (SMI), que lo dejaría en 1.221 euros, tras el último encuentro con los agentes sociales y el rechazo de la patronal a una compleja deducción en el Impuesto de Sociedades tejida por Hacienda y conocida por la prensa, de la que Trabajo se ha desmarcado , como también lo hizo con la negativa del departamento que dirige María Jesús Montero a la actualización de los contratos públicos. El incentivo no ha llegado a presentarse en la reunión mantenida este jueves con los agentes sociales; sólo el incremento previsto sin pagar IRPF . El objetivo de Hacienda con sus bonificaciones era compensar el incremento del SMI pero, según la patronal, se aleja de beneficiar a las empresas que más lo necesitan y tampoco suple, como ha pretendido el Ejecutivo, el alza del precio de los contratos públicos que ha reclamado como irrenunciable la organización que dirige Antonio Garamendi. El comité ejecutivo de la patronal reunido esta tarde ha rechazado por unanimidad la subida del indicador y las bonificaciones. El rechazo de la patronal escala unos peldaños más en la 'guerra' abierta con el Ejecutivo y en la erosión de unas relaciones que ya son imposibles de reconstruir tras una sucesión de políticas duras de subida de impuestos y cotizaciones, y de un buen puñado de medidas tomadas al margen del diálogo social que han generado daño a los negocios. Lo que se espera del órgano de dirección es un aval a la posición de CEOE y Cepyme, que previamente hicieron público un duro comunicado para dar la espalda al incentivo fiscal con el que el Ejecutivo ha tratado de sumarles al pacto del SMI con los sindicatos para este 2026 sin ningún éxito. La nueva subida del indicador se aprobará ahora «de inmediato», aunque fuentes de Trabajo aseguran a ABC que no daría tiempo en el próximo Consejo de Ministros . Los empresarios denuncian una fórmula con múltiples condicionantes que deja fuera a los autónomos y a la inmensa mayoría de las empresas de todos los sectores, dado que se aplicaría solo para las empresas que tributen por el tipo general del Impuesto de Sociedades y cuyos gastos de personal superen el 70% de los gastos de explotación. Además, afean que excluya también a las empresas en pérdidas, las que, consideran, «más apoyo requieren», así como a las cooperativas y a las entidades sin ánimo de lucro. No ha ayudado que los empresarios se enteraran por la prensa de la oferta de Hacienda, lo que han calificado de «falta de respeto» . Los empresarios creen que «la propuesta establece condiciones de difícil cumplimiento para la mayoría de las empresas y supone una nueva injerencia en la negociación colectiva y en la libertad de empresa, profundizando en una dinámica de intervencionismo que genera incertidumbre y dificulta la actividad empresarial». Para CEOE los condicionantes y limitaciones a la aplicación están basados en «unas fórmulas trileras» e «intervencionistas» que no lograría compensar los costes asociados a la actualización del SMI planteada. El objetivo de esta última oferta era «incentivar» la subida de salarios más allá del mínimo, pero está lejos de los planteamientos de las empresas. El listón que estas habían puesto para la subida del indicador ha sido del 1,5%, hasta los 1.202 euros, en línea con el alza recibida por los funcionarios. Las patronales argumentan que el SMI ya habría superado el 60% del salario medio neto si se toma como referencia la Encuesta de Población Activa (EPA), una estadística que —según CEOE y Cepyme— ofrece «un dato más real y actualizado» que la Encuesta de Estructura Salarial (EES) utilizada por el Ministerio de Trabajo. Las organizaciones sostienen que la EES excluye sectores como agricultura, ganadería, pesca o empleo doméstico , altamente intensivos en mano de obra y con un gran peso de trabajadores que perciben el SMI, lo que «sobredimensiona al alza» el salario medio y con ello la cuantía del salario mínimo. Explican que si se aplicara estrictamente la referencia del 60% del salario medio según los datos de la EPA, «no cabría realizar ninguna revalorización para 2026».