El Gobierno aprueba un decreto para unificar los criterios de atención a inmigrantes 'sin papeles' en la sanidad pública
2026-03-10 - 09:33
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para garantizar que todos los inmigrantes que vivan en España tengan derecho a ser atendidos en la sanidad pública, igual que el resto de ciudadanos. La norma, impulsada por el Ministerio de Sanidad y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, unifica la forma de actuar en todas las comunidades autónomas y regula el procedimiento que permitirá que los migrantes 'sin papeles' también tengan acceso a la asistencia sanitaria pública. El Ejecutivo pretende, así, eliminar las barreras administrativas que, según asegura Sanidad, vienen denunciando diversas organizaciones y dificultan el acceso de las personas migrantes en situación irregular a la sanidad pública. La norma desarrolla lo previsto en la ley de cohesión sanitaria de 2003 e introduce un procedimiento "homogéneo" en todo el territorio nacional para reconocer el derecho a la salud de aquellos extranjeros que no tengan un permiso de residencia en España. "Con esta regulación se busca garantizar la equidad y evitar las desigualdades en este colectivo, lo que permite un mejor control de las enfermedades desde la atención primaria y un uso más eficiente de los recursos públicos", subrayan desde el departamento que dirige Mónica García. Con el objetivo de reducir toda la burocracia de este proceso, para acceder a ese derecho valdrá con una declaración responsable, en la que el solicitante asegure que no cuenta con otro tipo de cobertura sanitaria, que no puede exportar el derecho desde otro país y que no existe una tercera persona obligada a pagar su asistencia. Para acreditar la residencia habitual se necesitará el documento de empadronamiento, aunque el Gobierno contempla excepciones en casos de que no se pueda aportar dicha documentación: certificados de escolarización o matriculación en centros públicos; informes de servicios sociales o certificados de registros de visitas; facturas de luz, gas, agua, telefonía o Internet a su nombre; o cédulas de inscripción y documentos de inscripción consular. Nada más presentar la solicitud, la persona migrante recibirá un documento prvisional que le permitirá acceder a la asistencia sanitaria "con cargo a fondos públicos de forma inmediata" y mientras se resuelve su expediente que, además, será válido en cualquier comunidad autónoma. Desde ese momento, se abrirá un plazo de tres meses en el que se notificará la resolución. Si transcurrido ese tiempo no hay respuesta, se entenderá que se ha admitido su solicitud a ese derecho, que no tendrá caducidad mientras no obtenga cobertura por otra vía. Habrá, además, prioridad para colectivos vulnerables, como menores de edad y mujeres embarazadas, víctimas de violencia, personas con protección internacional y discapacidad o cualquier otra persona en situación de estancia temporal que necesite asistencia y esté en una situación de especial vulnerabilidad. El decreto también amplía la protección a los españoles que estén residiendo en otro país y hayan vuelto a España durante una visita o un periodo temporal. Según cuenta Sanidad, hasta ahora, ese derecho estaba limitado a pensionistas o trabajadores, y con el texto se extenderá a todos los españoles de origen y a sus familiares (cónyuges, parejas de hecho y descendientes a cargo).