El Gobierno 'castiga' acaparar red eléctrica y priorizará viviendas y proyectos estratégicos frente a centros de datos

2026-03-21 - 07:10

Además de las medidas "coyunturales", en forma de rebajas fiscales, para hacer frente al aumento del precio de la energía por la guerra en Oriente Medio, el decreto que aprobó este viernes el Gobierno incluye otras acciones, de carácter "estructural" y más a medio y largo plazo que buscan incentivar la generación de electricidad verde y su consumo, a través de una mayor electrificación de la economía, para depender cada vez menos de los combustibles fósiles como el petróleo y el gas. Para ello, el decreto incluye una batería de medidas entre las que destaca la descongestión de la red eléctrica desincentivando, a través de un pago económico creciente, el acaparamiento de permisos por parte de proyectos poco viables y, por el otro lado, priorizar el acceso al suministro eléctrico de viviendas, proyectos singulares y ampliación de fábricas, en detrimento de los centros de datos, a los que se exigirá que vayan acompañados de un proyecto para generar la electricidad verde que vayan a consumir. Fuentes del Gobierno subrayan el papel de las redes eléctricas en la consecución de una economía cada vez más independiente de los combustibles fósiles y, frente a lo que mantienen las eléctricas, defienden que no existe "saturación" porque no haya más capacidad para conectar demanda, sino que se trata de una cuestión más administrativa, de distintos permisos otorgados durante años a un único proyecto, que bloquean el acceso a otros. Según indican en el Gobierno, ocurre con las redes eléctricas el mismo efecto de que una sola persona reserve siete habitaciones de hotel para la misma noche, que solo podrá utilizar una pero el resto no podrá emplearse en nada más. Para salir de esta situación, el decreto toma medidas para asegurar que a los proyectos que "no son reales" o que solo tienen "fines especulativos" no les resulte interesante económicamente tener varios permisos de red a la vez. Para ello, se evoluciona la regulación que en 2023 exigió una garantía económica de 40 euros por kilovatio solicitado hacia un sistema progresivo en el que en los tres primeros meses no costará nada tener el permiso de acceso pero sí a partir de entonces, se empezará a pagar por lo que el Gobierno califica de bloqueo una cantidad que irá aumentando cada seis meses, de modo que el tiempo juegue en contra de estos proyectos que sigan sin materializarse. El Gobierno considera que hay mucho margen para aumentar así la capacidad de la red y con medidas como esta espera poder liberar del orden de 40.000 y 50.000 Mw, que es la capacidad ya concedida de acceso a la red y que de momento no se está utilizando. Para que los robustos puedan convertirse en una realidad, el decreto incluye una medida que podría ser la contraria a la anterior, ampliar de 2028 a 2030 el plazo que tendrán a los que en 2023 se dio cinco años para empezar a consumir electricidad en los puntos de conexión concedidos antes de perderlos. Primero viviendas y más condiciones a los centros de datos En su decreto, el Gobierno también incluye medidas que suponen clasificar la importancia de los proyectos que solicitan una conexión a la red eléctrica y que, según la Ley del Sector Eléctrico y lo que ocurre en la actualidad, se basan en el orden temporal de la solicitud. Para ello, se creará un comité de proyectos estratégicos -hasta ahora han sido, por ejemplo, una gigafactoría o un vallé de hidrógeno- que, al ser declarados como tales, harán que puedan tener prioridad en un nuevo proceso que se pondrá en marcha como alternativa al mero orden temporal de las presentación de solicitudes de acceso y conexión. Según explican fuentes del Gobierno, en lugar del orden de prelación ahora se abrirá una ventanilla durante cuatro meses en los que se podrán presentar todo tipo de proyectos candidatos a tener conexión a la red eléctrica que posteriormente se analizarán dando prioridad -con criterios que asegura que serán tasados y no arbitrarios- a los que sean para construir vivienda, a los proyectos estratégicos y, en tercer lugar, a incrementos de consumo ya existente, por ejemplo, para ampliar una fábrica que quiere ampliar su electrificación. Por el contrario, el Gobierno exigirá un nuevo requisito para la construcción de centro de datos, una instalación gran consumidora de electricidad, además de agua. En lo que hay llamado "centros de datos verdes", a partir de ahora estos proyectos deberán acompañar su solicitud de acceso a la red eléctrica de una garantía de nueva generación renovable que deberá coincidir con su consumo previsto en un plazo similar. Esta condición sería algo así como la alternativa 'verde' a una de las ideas que circula en el sector energético de que los centros de datos se autoabastezcan con minirreactores nucleares instalados en sus inmediaciones, pero con energía renovable. En este proyecto más consolidado porque forma parte del plan del Gobierno se trata de garantizar el consumo de electricidad renovable sin que compita con otras necesidades de suministro y no tendrá que ser con instalaciones que estén a su lado, sino a más distancia. Por otra parte, el decreto contempla reservar capacidad en la red para bombeos hidráulicos, una tecnología renovable cuya materia prima es el agua e impulsará los proyectos de biometano, las polémicas fábricas de purines, a condición de que reciclen residuos existentes en lugar de generar otros nuevos. Aceleración renovable y más participación ciudadana Por la parte de generación y para conseguir el mayor despliegue renovable que busca el Gobierno, en el decreto aprobado este viernes por fin arranca el proceso para delimitar las zonas de aceleración renovable que la UE acordó fijar en la UE en 2023 para acortar allí los plazos y evaluaciones para la construcción de parques eólicos y fotovoltaicos. Las zonas las determinarán las comunidades autónomas pero con unos criterios comunes que fijará el Ministerio y entre los que figurará que no podrán estar en zonas protegidas medioambientalmente. Consciente de la contestación que este tipo de normativa tiene entre muchas comunidades locales, el Gobierno acompaña los planes para, esta vez sí, delimitar zonas en las que los parques renovables puedan construirse más rápidamente, con mayores garantías para la participación ciudadana en las consultas para estos proyectos y crea un "sello de excelencia" de renovables, que reconocerá los proyectos que cuenten con participación pública o tengan una mayor conexión con el territorio. En ese caso, también podrán tramitarse antes que otros.