El Gobierno monitoriza la crisis de Irán y la amenaza de Trump pero ya baraja un escudo social más amplio que el que tumbó Junts

2026-03-05 - 05:03

El Gobierno admite que todavía es pronto para calibrar el alcance real que podría tener en España la escalada del conflicto en Oriente Medio o la amenaza lanzada por la Administración de Donald Trump. No obstante, ya están trabajando en distintos escenarios con el objetivo de activar, si fuera necesario, un paquete de medidas para amortiguar el eventual golpe económico, articulado a través de un decreto de mayor alcance que lo quedaba del llamado 'escudo social', rechazado por Junts la pasada semana. La idea es recuperar la dimensión de los decretos anticrisis que se fraguaron durante la pandemia y tras el estallido de la guerra en Ucrania y que combinaron medidas sociales con otras de intervención directa en la economía, como la rebaja de los carburantes o la limitación de los alquileres. Ambas patas del Ejecutivo estudian ya los posibles impactos que puede desencadenar esta nueva crisis y coinciden en la idea de recuperar ese escudo anticrisis. En el ala socialista apelan a la prudencia y emplazan a esperar a que se concrete el alcance económico de la escalada en Oriente Medio y comprobar "cómo reacciona" Trump ante el nuevo pulso con Pedro Sánchez, después de haber amenazado con un embargo y con la ruptura de relaciones comerciales. Ante el primer frente, el económico, el PSOE recuerda los precedentes de la pandemia y de la guerra en Ucrania, cuando el Gobierno impulsó sendos decretos anticrisis para amortiguar el impacto, ambos con el respaldo de la mayoría del Congreso. En cuanto a las advertencias del presidente estadounidense, los socialistas subrayan que el Ejecutivo no parte de cero porque ya cuenta con el "trabajo previo" del plan que impulsó el Gobierno para hacer frente a los aranceles que anunció Trump hace un año. Sánchez subrayó este miércoles que España cuenta con "capacidad", "voluntad política" y los "recursos necesarios" para afrontar esta nueva crisis. El presidente aseguró que el Ejecutivo ya estudia posibles medidas dirigidas a proteger a los hogares, a los trabajadores, a las empresas y a los autónomos, en coordinación con los agentes sociales. Por el momento, en el PSOE evitan detallar el alcance de las mismas, aunque remiten como referencia a los decretos aprobados en anteriores escenarios de crisis. El ala del Gobierno minoritaria, la compuesta por dirigentes de Sumar, mantiene la misma actitud de espera tensa, pero fuentes de la formación avisan de que, si la situación empeora, el Ejecutivo debe aprobar un escudo social mucho más amplio que el decreto recortado que han tumbado PP, Vox y Junts en el Congreso por dos ocasiones en las últimas semanas. El modelo, aseguran estas fuentes, debe ser el de los paquetes de medidas que puso en marcha el Gobierno la pasada legislatura para afrontar, primero, la crisis derivada de la Covid-19 y, después, el impacto económico de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Este miércoles la líder de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz, aseguró que su equipo se encuentra ya "reunido y volcado" en diseñar un paquete de medidas para amortiguar el impacto económico que tendría tanto la guerra entre EEUU e Irán como el embargo comercial contra España con el que amenazó el martes Trump. Lo cierto, no obstante, es que Vicepresidencia (así como el Ministerio de Trabajo que lidera Díaz) aún no ha perfilado las iniciativas concretas que querría incluir en un eventual decreto si este se aprobara, si bien Movimiento Sumar apostó expresamente el martes por recuperar algunas como "el control de los precios" de la luz y el gas, que ya se aplicó en 2022. Las formaciones integradas en Sumar también consideran que un nuevo escudo social debería contemplar la prohibición de los desahucios de familias vulnerables. Y, pese a que en las últimas semanas PP, Vox y Junts han derribado en dos ocasiones sendos decretos que incluían dicha medida precisamente argumentando que se oponían a ella, fuentes de uno de los partidos aliados de Díaz se muestran convencidas de que el empeoramiento de la situación internacional y las eventuales consecuencias económicas del órdago de Trump dificultarían a las formaciones de la derecha seguir rechazando la protección antidesahucios, especialmente si se instala una sensación de excepcionalidad entre la ciudadanía. Además de esa prohibición de desahuciar, los decretos anticrisis aprobados por la Covid y, posteriormente, por la invasión rusa a Ucrania incluían otras medidas en materia de vivienda, como la congelación de los precios de los contratos de alquiler a su término. Esa ha sido una de las medidas más peleadas por Sumar desde finales del año pasado, pero el PSOE se ha negado a ponerla en marcha afirmando que tiene "dudas jurídicas" sobre su constitucionalidad, a pesar de que el Gobierno aprobó hasta en ocho ocasiones durante la pasada legislatura la prórroga de los contratos de alquiler. La última de estas prórrogas se extendió hasta junio de 2023, apenas un mes antes de las elecciones generales.