El Gobierno pone el foco en ayudas a transportistas como primera respuesta a la crisis de precios y tras la presión del sector

2026-03-12 - 05:03

La presión al Gobierno por el encarecimiento del carburante aumenta por momentos. Además de las exigencias que le llegan desde hace días de sus socios y del PP por la ausencia de medidas, el sector del transporte ya ha empezado a dar la voz de alarma y a plantear propuestas concretas e inmediatas para dar solución a un problema que no solo amenaza a su sector, sino que puede provocar un efecto en cadena sobre la economía de todo el país. En el Ejecutivo insisten en que aprobarán de forma escalonada las medidas para hacer frente a la crisis por la guerra en Oriente Medio y, aunque todavía no concretan las primeras actuaciones ni el calendario, parece que la presión empieza a surtir efecto, teniendo en cuenta que su agenda de reuniones se centra en este sector. Y es que, en apenas 10 días, el precio de los carburantes se ha disparado, lo que el sector traduce en un sobrecoste millonario. El Gobierno asegura que sigue "monitorizando" la evolución del precio de los carburantes y mantiene que, en función de cómo avance la situación, adoptará las medidas oportunas. Pero el sector del transporte no parece dispuesto a esperar a que el escenario se deteriore. Ese aviso a navegantes es determinante para el Ejecutivo, teniendo en cuenta el precedente de la guerra de Ucrania en 2022. Entonces, la escalada bélica dirigió uno de sus primeros golpes económicos al sector que, ante la falta de medidas sobre la mesa, respondió con huelgas, paros y movilizaciones masivas para exigir ayudas que compensaran el impacto del encarecimiento energético, muchas de las cuales vuelven hoy a poner sobre la mesa. Con ese precedente aún reciente que el Gobierno quiere evitar a toda costa, pero también ante la recta final de la campaña de Castilla y León, el Ejecutivo parece dispuesto a situar al transporte en el centro de su agenda inmediata. Por eso, este miércoles, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ya se apresuró a reunirse con la Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM) para explorar medidas. Durante la misma tarde, el ministro de Transportes, Óscar Puente, también escuchó las propuestas del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), entre las mismas, un descuento de 25 céntimos de euro por cada litro de carburante o una ayuda directa de 1.500 euros para las empresas por camión. El ministerio que dirige Puente ve razonables estas medidas aunque aún no se compromete a ninguna de ellas. En todo caso, las reuniones continúan este jueves, cuando los transportistas de mercancías organizados en la CETM vuelvan a acudir al Ministerio de Economía, esta vez a sentarse con Carlos Cuerpo, en un encuentro al que también han sido citada Confebús, la patronal de transporte de pasajeros por carretera. Pero además de los transportistas, el Gobierno también tendrá que lidiar con otros sectores que quieren trasladar sus propuestas para hacer frente al encarecimiento del carburante, como la patronal de las gasolineras, que considera que la bonificación directa de 20 céntimos por litro que se aplicó en 2022 no es suficientemente eficaz y obligó a muchas estaciones de servicio a adelantar el dinero del descuento mientras esperaban a que la Administración les devolviera las cantidades. Por ello, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) plantea ahora una solución diferente: aplicar directamente una reducción del IVA de los carburantes del 21% al 10%, así como una reducción temporal del Impuesto Especial de Hidrocarburos. Todo el foco de estas propuestas solo se centra de momento en las reivindicaciones de sectores profesionales. Sin embargo, en las ayudas por la guerra de Ucrania los descuentos en el combustible también se generalizaron a toda la población, pero el Gobierno, por ahora, no ha insinuado ningún paso en este sentido. De momento, la primera medida que se ha tomado para paliar la situación ha sido de la mano de 31 países más, que conforman la Agencia Internacional de la Energía (AIE), y que han acordado la liberación de 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas para intentar estabilizar la situación del mercado. En todo caso, tampoco se espera que esto frene en seco el alza de los precios ni que sirva para atajar una subida que ya se ha trasladado en sobrecostes a los transportistas españoles. Además, al encarecerse el transporte, también lo hacen muchos bienes de consumo, especialmente los alimentos y los productos básicos, que dependen directamente del mismo. Esto, a su vez, presiona al alza la inflación, lo que el ministro Cuerpo ya ha reconocido que es probable que se contemple de manera "significativa" en el IPC del mes de marzo. Los grupos trasladan sus propuestas El Partido Popular ha tomado la delantera y ha presentado en el Congreso y el Senado su paquete de medidas para "paliar el deterioro del poder adquisitivo de las familias y el impacto de la subida de precios energéticos agravados por la guerra en Irán". En pleno esprint final de la campaña de Castilla y León, comunidad con gran presencia del sector primario -y en el que Vox ha centrado gran parte de su estrategia-, la formación ha añadido propuestas destinadas a desahogar a agricultores, pescadores y transportistas, así como a las empresas electrointensivas. La iniciativa también recoge medidas específicas ante la subida del precio de los carburantes como la reducción temporal del 21% al 10% del IVA aplicable a la gasolina, el gasóleo y el gasóleo agrícola. "El peso del combustible en la estructura de costes de agricultores, transportistas y pequeños negocios justifican la adopción de una medida extraordinaria de alivio fiscal frente al agravamiento de las tensiones energéticas derivadas de la guerra en Irán", detallan. A la reducción temporal del IVA añaden una bonificación extraordinaria equivalente al 11% del precio del litro en la adquisición de combustibles de automoción y agrarios. Incluye, de forma explícita, al gasóleo profesional empleado para transporte de mercancías y viajeros, a los autotaxis y a los motores agrícolas forestales, de embarcaciones y maquinaria empleada en agricultura, horticultura, ganadería, silvicultura, pesca y embarcaciones que no sean de recreo. Estos utilizan el gasóleo B, cuyo litro cuesta 32 céntimos más que hace una semana: se ha disparado hasta los 1,44 euros el litro, cuando lo habitual es que se sitúe por debajo del euro. Esta compensación se realizará mediante "un sistema de gestión ágil", según se desprende de la proposición, preferiblemente mediante la devolución mensual de las cuantías bonificadas a través de la Agencia Tributaria, utilizando como base las tarjetas de suministro profesional o las facturas debidamente acreditadas para aquellos subsectores que no dispongan de tarjeta específica. Para los populares, hay que actuar con determinación política, alivios fiscales inmediatos y medidas regulatorias que no mermen la competitividad de nuestros sectores estratégicos y la respuesta pública "no puede limitarse a constatar el encarecimiento de la energía o a esperar una normalización de los mercados internacionales". Otros partidos, como Sumar, también han trasladado sus iniciativas al respecto, como una ayuda para el "gasoil" que utilizan "transportistas, taxistas, agricultores o pescadores". Ese descuento en el carburante podría extenderse a los particulares "si el precio del combustible se sitúa en los dos euros por litro". Asimismo, la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, propuso "recuperar el impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas", que estuvo en vigor durante los años 2023 y 2024 y que PP, Vox y Junts tumbaron en enero de 2025. El dinero recaudado con este gravamen ("más de 1.300 millones de euros", cifró Hernández) debería servir para "reforzar las bonificaciones al transporte público" que siguen aún en vigor.