El Gobierno ve cerrarse la puerta por segunda vez en menos de un mes para convalidar su decreto social

2026-02-05 - 04:55

Al Gobierno se le sigue complicando la aprobación del decreto de escudo social que aprobó por segunda vez el pasado martes para intentar reactivarlo después que PP, Vox y Junts tumbaran la primera versión la semana pasada en el Congreso. A pesar de que la Moncloa decidió ceder ante las exigencias de los nacionalistas de derechas y recortar en este segundo texto la suspensión de los desahucios de las familias que no pueden pagar su alquiler, los de Carles Puigdemont anunciaron el martes por la tarde que volverán a votar en contra del decreto. Y este miércoles quien hizo lo propio fue el PP, que con su rechazo al texto cierra otra vía al Gobierno de cara a la votación que tendrá lugar dentro de unas semanas. El encargado de confirmar la posición de los populares fue su secretario general, Miguel Tellado, que anunció que su grupo apoyará la convalidación del decreto de revalorización de las pensiones con el IPC, pero rechazará el "mal llamado escudo social". El PP, afirmó Tellado, no está dispuesto a "tragar" con ese paquete, que incluye medidas como la prohibición de cortar los suministros de agua, luz y gas a familias que demuestren que no los pueden pagar, además de la suspensión de los desahucios de quienes no pueden pagar el alquiler siempre que su casero tenga tres o más viviendas. El argumento utilizado por Tellado es básicamente el mismo que planteó el martes la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras: que, incluso con el recorte que permite a los propietarios de una o dos viviendas desahuciar a sus inquilinos aunque estos sean vulnerables, la suspensión de los desalojos supone un ataque contra la propiedad privada. "El Gobierno lo que pretende es que los particulares asuman la responsabilidad de las administraciones", espetó el secretario general del PP, mientras que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, apuntó que "lo que está intentando hacer el Gobierno es expropiar el derecho de un arrendador a cobrar su renta, y encima decirle que es el culpable de lo que el propio Gobierno no hace". "Los culpables de que no haya política social en este país, de que las familias vulnerables no tengan la atención que necesitan, es el Gobierno", denunció Feijóo, que calificó como "expropiación" la prohibición de desahuciar a familias vulnerables, pese a que la medida en ningún momento modifica la propiedad del inmueble. El año pasado, el PP apoyó a la segunda un decreto que incluía la misma suspensión de desahucios que el puesto en marcha el martes pasado, con la diferencia de que dicha prohibición también se aplicaba a propietarios de una y dos viviendas. Convencer a Junts sin desairar a Podemos Con la negativa del PP a votar a favor del decreto cuando se debata en el Congreso —para lo cual aún no hay fecha—, al Gobierno se le pone aún más cuesta arriba la convalidación de un texto que, además de la controvertida suspensión de los desahucios, contiene medidas clave. De caer por segunda vez el paquete, quedarían derogados el porcentaje extraordinario de descuento en el bono social eléctrico, las deducciones de hasta el 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos, la exención del IRPF para indemnizaciones por daños personales en los incendios forestales de este verano o la prórroga de las ayudas para los afectados por la DANA de Valencia. Con este panorama, el Gobierno tendrá que centrarse en las próximas semanas en intentar hacer cambiar de opinión a un Junts con el que las relaciones pasan un momento muy complicado. Pero el margen de maniobra de la Moncloa es bastante escaso, porque debe vigilar que cualquier concesión que ofrezca a los independentistas catalanes no le suponga perder apoyos por la izquierda, especialmente los de Podemos, que con sus cuatro escaños tiene la capacidad de tumbar el decreto si une sus votos a los de PP, Vox y UPN. De hecho, los morados fueron el socio progresista del Gobierno que con mayor dureza criticó el recorte de la suspensión de los desahucios. Aunque a ninguno de los aliados de izquierdas del Ejecutivo le hizo demasiada gracia, ningún otro fue tan belicoso como Podemos a la hora de expresar su oposición: su número dos, Irene Montero, aseguró que el Ejecutivo se comporta "como si a quien hubiese que proteger en la crisis de vivienda es a los rentistas y no a las familias".