El ICAM pide al Congreso vetar las herramientas de asesoramiento jurídico con inteligencia artificial
2026-02-18 - 13:23
El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha llevado una propuesta al Congreso de reforma del Código Penal para vetar los servicios de asesoramiento jurídico a través de la inteligencia artificial. El Colegio plantea actualizar el delito de intrusismo del artículo 403 del Código Penal para adaptarlo a "un problema emergente", las plataformas y chatbots que ofrecen consultoría jurídica "sin supervisión profesional directa y efectiva". A juicio de la institución dirigida por el decano Eugenio Ribón, urge incorporar "salvaguardas" antes de que el fenómeno "alcance dimensiones de alarma social" ante la falta de "garantías" que ofrecen estos sistemas de inteligencia artificial. Estos mecanismos simulan la orientación legal que ofrecen los juristas, "desplazando al profesional y difuminando los límites entre información general y asesoramiento jurídico profesional". El riesgo de esta situación, expone el ICAM, es que los errores que cometen estas herramientas de IA son "difíciles de detectar por los usuarios". De modo que los ciudadanos pueden adoptar "decisiones de trascendencia", como son la firma de contratos, recursos administrativos, acuerdos o reclamaciones, "basadas en respuestas automatizadas sin deberes deontológicos ni responsabilidad profesional equivalente". Ribón alerta de que lo que ofrecen estas inteligencias artificiales "no se trata de acceso a información jurídica, sino de sustitución funcional del criterio profesional humano". "Esto impacta de lleno en el bien jurídico que protege el intrusismo: la titulación y la colegiación no son un formalismo corporativo, sino un mecanismo institucional de garantía del interés público que asegura capacitación, deontología y responsabilidad", destaca el decano. Regular el uso de estos chatbots y plataformas es imprescindible para "impedir que el neointrusismo digital termine convirtiendo el artículo 403 en un tipo penal vacío", mantiene el Colegio de Abogados de Madrid. Esto da pie a un riesgo que "no es teórico", sino de "enorme trascendencia" para los ciudadanos. El ICAM asegura que las respuestas de estas herramientas de IA "carecen de deberes deontológicos y de responsabilidad profesional". "Además, en el caso de los modelos generativos, pueden incurrir en inexactitudes y errores difíciles de detectar", apunta el decano Eugenio Ribón. La reforma que plantea el ICAM propone añadir dos nuevos apartados al artículo 403 del Código Penal para "cubrir supuestos de intrusismo digital sin criminalizar el uso legítimo de herramientas tecnológicas". Estos apartados proponen penalizar a los empresarios que comercialicen sistemas automatizados que generen "recomendaciones, dictámenes, estrategias o documentos que constituyan actos propios de una profesión titulada". Eso sí, siempre que el servicio se presente como "prestación profesional" y que no exista "intervención directa y efectiva de un profesional habilitado". Las penas que prevé el artículo 403 del Código Penal son de multa de seis a doce meses o de hasta dos años de prisión en determinadas circunstancias.