El juez del caso Koldo amplía la investigación a otras cuatro empresas por supuestos pagos para amaño de obra pública
2026-03-17 - 19:40
El juez que investiga el presunto amaño de contratos de obra pública en el caso Koldo ha puesto el foco en el posible uso de terceras empresas que concurrían a concursos con Acciona, entre ellas Ferrovial, "para canalizar fondos" que podrían haber ido a parar al bolsillo de los investigados. A petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado Ismael Moreno ha solicitado a más de una treintena de entidades bancarias información de un conjunto de cuentas relacionadas con varias compañías. El juez considera "necesaria la ampliación de la información bancaria a las mercantiles Aquaterra Servicios Infraestructuras SL, Ferrovial Construcción SA, Tecade SA y Freyssinet SA". "El fin perseguido por los investigados dentro de esta trama dirigida a la adjudicación de contratos de obra pública a determinadas empresas era obtener un provecho económico", explica. Además, sospecha de la "posibilidad de que se hubiera hecho uso de las UTE (unidad temporal de empresas) constituidas con Acciona, así como de las empresas que formaban parte de éstas, para canalizar fondos que pudieran haber tenido como destinatarios a los investigados". El juez adopta esta decisión en la pieza separada de la causa en la que investiga a catorce personas por presuntas mordidas en adjudicaciones de obra pública, entre ellas el exministro José Luis Ábalos y el exdirigente socialista Santos Cerdán. La Fiscalía, en el informe donde apoya la medida solicitada por la UCO, recuerda las "relaciones económicas" entre Acciona Construcción y la empresa navarra Servinabar, que determinaron que "al menos el 75,33%" de los ingresos de esta última tenían su origen en transferencias emitidas desde Acciona, desde UTE en las que participaba o desde mercantiles vinculadas. Las empresas sobre las que el juez ha pedido información aparecen en diferentes proyectos investigados en la causa. Son, en concreto, cuatro adjudicaciones: un tramo de la autovía A-68 en La Rioja, adjudicada a la UTE Acciona-Aquaterra; el proyecto de construcción de tirantes del Puente Centenario de Sevilla, a Acciona-Tecade-Freyssinet; el soterramiento de la red arterial ferroviaria de Murcia, a Acciona-Ferrovial; o la construcción de plataforma del corredor de alta velocidad Murcia-Almería, a Acciona-Ferrovial Agroman. Antes de ser adjudicado el primero de los proyectos mencionados, en septiembre de 2019, el director general de Carreteras era Javier Herrero, uno de los investigados. El fiscal recuerda que en febrero se recibió información bancaria relacionada con Herrero, incluida una "comunicación de operativa sospechosa por indicio" al SEPBLAC -servicio de prevención de blanqueo-, donde se informaba de que había recibido una transferencia de 25.440 euros de la sociedad Aquaterra, una de las adjudicatarias. Tras recibir esos fondos, prosigue el fiscal, Herrero transfirió 12.500 euros a otra cuenta suya en la misma entidad.