El Ministerio alteró el precio del acero para encarecer la obra del puente del Centenario

2026-03-13 - 06:03

El Ministerio de Transportes licitó el proyecto de ampliación del puente del Centenario en septiembre de 2020, adjudicándose a mediados de mayo del año siguiente a la UTE liderada por Acciona, junto a Tecade y Freyssinet, por 71,4 millones de euros (86 millones con IVA). Dos años y un mes después se aprobó el primer modificado del contrato por 13,5 millones de euros (16,4 millones con IVA), siendo casi un 55 por ciento lo correspondiente a la sustitución de las unidades de obras de 'acero laminado estructural en chapas'. Pero como admite el propio Gobierno el coste de esta actuación, que ya acumula tres años de retrasos, supera ya los 130 millones de euros. Además, actualmente, se está negociando un segundo modificado de unos 17 millones de euros a propuesta de Acciona, que se ha quedado sola con esta intervención, y que de momento no cuenta con el visto bueno político del departamento de Óscar Puente. Y en paralelo a estas vaivenes presupuestarios, el puente del Centenario se ha convertido en protagonista del catálogo de obras bajo sospecha para la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Justicia en el marco de la trama de las mordidas en contratos públicos que salpica a los ex altos cargos socialistas Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, en el que también juega un papel relevante, en lo concerniente al viaducto sevillano, el que fuera director general de Carreteras, Javier Herrero, encargado también de enterrar el proyecto de los túneles de la SE-40. Todo ello ha rebautizado a esta infraestructura como el puente de las 'mordidas'. En esta causa el juez Ismael Moreno conoce desde hace unos días un informe de la Intervención General de la Administración del Estado , donde los peritos del Ministerio de Hacienda evidencian irregularidades en cinco contratos de ADIF y seis de la Dirección General de Carreteras, entre los que está el del puente del Centenario. La principal conclusión a este respecto es que el Ministerio, en connivencia con el director de Obras y la constructora, alteró el precio del acero para incrementar el coste del primer modificado. Pero no es ésta la única irregularidad que se expone. Así, se detalla que la fórmula usada en el proceso del puente del Centenario para la adjudicación de la obra a la UTE liderada por Acciona se fundamenta en criterios basados en juicios de valor por encima de criterios técnicos u objetivos, «haciendo muy difícil que el que ha obtenido la mejor puntuación en juicios de valor no sea el adjudicatario». Y todo ello, según los peritos, sin justificación del uso de esta fórmula. De los seis contratos analizados por la Intervención General, dos se adjudicaron a Acciona Construcción y en ambos contratos se han producido modificaciones, que han supuesto un incremento cercano al 20 por ciento, al igual que ocurre en tres de los contratos de ADIF. Cuando se expuso la necesidad de estos cambios las obras estaban en ejecución. Sobre el caso concreto del contrato del Centenario, los peritos de Hacienda precisan que una modificación de un contrato de obras puede contener parte de la obra que ya se contemplaban en el proyecto original (en este caso, la obra contemplada en el modificado se abona a los mismos precios del proyecto); o contempla unidades que no estaban en el proyecto primitivo (hay que fijar el precio de esas unidades de obras nuevas). Según marca el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pública , el director de la obra se basará para fijar el precio de nuevas unidades a ejecutar en cuanto resulte de aplicación, en los costes fijados en contrato para estas eventualidades o en los costes correspondientes a la fecha de la adjudicación. Un informe de la Inspección de Servicios del Ministerio de Fomento, emitido el 31 de agosto de 2022, hace observaciones al proyecto de modificado en lo que respecta al cambio de acero, y más concretamente al procedimiento usado para fijar el precio nuevo «por no seguir los criterios de la Abogacía del Estado, y con la cuantía económica del mismo, al compararlo con la base de precio de acero de Adif», cinco euros de la unidad de obra, «bastante más reducido» frente a los 8,40 euros que introdujo la Dirección General de Carreteras en el modificado. El director de la Obra y el representante de la UTE, ambos de Acciona, respondieron a este informe defendiendo su criterio. «El precio establecido de 3,98 euros/kilo corresponde al precio de mercado en el momento de la redacción de la propuesta de modificado, sin que esto suponga una contradicción con el precio indicado por Adif en su base de precios de febrero de 2022, siendo coherente con la Ley de Contratos y las indicaciones de la Abogacía del Estado». Acciona, con la connivencia de la Dirección General de Carreteras, entonces encabezada por Javier Herrero , asegura que debe usar el precio a junio de 2022, cuando se realiza la propuesta de modificación. Pero los peritos de la Intervención General del Estado remarcan que los precios nuevos tienen que referirse a la fecha de adjudicación del contrato (mayo de 2021). Los precios de Adif eran «bastante más reducido» que el introdujo la Dirección General de Carreteras, lo que provocó que el proyecto modificado se incrementara en más de cinco millones de euros. Pese a la insistencia de Acciona en la defensa de sus precios, en base al precio de mercado en fecha de redacción del modificado, los peritos subrayan que, como en un contrato con revisión de precios actualizar los precios de la unidades no previstas en un modificado supone pagar doblemente el incremento de precios, propone la constructora una solución ilegal. Lo que no explican los peritos de la Intervención es los motivos por los que el Ministerio aceptó estos precios, lo que ahora corresponderá a la Guardia Civil investigar.