El 'no' al decreto social dificulta evitar el corte de luz o gas a hogares vulnerables mientras las ONG exigen la prohibición definitiva

2026-02-27 - 05:13

El rechazo este jueves por parte del Congreso al nuevo decreto con medidas sociales del Gobierno supone, entre otras cuestiones, más dificultades para que los hogares vulnerables puedan evitar que se les corte la luz, el gas o el agua debido a un impago. La ley que ha decaido incorporaba la extensión hasta diciembre de 2026 de una medida que se instauró en plena pandemia, la prohibición expresa del corte de suministros básicos a hogares que, por su renta, perciben el bono social, que ahora tendrán que someterse a un trámite administrativo más largo e incierto para evitarlo. Frente a esta situación, organizaciones sociales del ámbito de la pobreza energética negocian con el Ministerio para la Transición Ecológica que la prohibición pura y dura del corte de suministros se convierta en ley de forma definitiva. El decreto que el Gobierno no ha conseguido convalidar en el Congreso suponía una prórroga más de la medida que se aprobó en agosto de 2021, en plena pandemia, como una ayuda más a los hogares a los que la crisis por la Covid suponía dificultades económicas adicionales. Entonces, la ley decía que "no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social". En el decreto que ha decaído este jueves prorrogaba esta prohibición tajante de cortar los suministros básicos a hogares vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2026 y, en ausencia de esta frase, lo que empezará a aplicarse en estos casos será lo que decía la ley antes de agosto de 2021. Volverá a ser de aplicación lo que dicen dos leyes, de 2013 y 2017 por la que de creó el bono social, que fuentes del sector social aseguran que dificultarán más que se prohíba el corte de suministros. por la que se creó el bono social, que en lugar de prohibir expresamente el corte de suministros básicos, establecía un plazo de cuatro meses entre el primer apercibimiento por impago y el corte efectivo del agua, la luz o el gas. También un trámite para intentar evitarlo durante este tiempo, que implica a las comercializadoras y a las administraciones públicas con competencias en asuntos sociales. "Las empresas comercializadoras podrán suscribir convenios con las administraciones autonómicas o locales que establezcan los mecanismos de coordinación para evitar la suspensión de suministro de electricidad por razón de impago a estos consumidores, con objeto de que los servicios sociales correspondientes puedan prestar y acreditar mediante el correspondiente certificado la ayuda económica para el pago de las facturas", dice la norma de 2017 en relación a los perceptore del bono social. La de 2013 estipula que no se podrá suspender el suministro de electricidad al consumidor vulnerable o en riesgo de exclusión social que esté acogido a la tarifa regulada del gas (TUR) y que esté siendo atendido por los servicios sociales de una Administración que asuma al menos el 50% del importe de su factura de la electricidad. Tampoco cuando en un jogar de estas características haya al menos un menor de 16 años o una persona dependiente. Negociación por el "principio de precaución" Este cambio legal llega justo cuando el Ministerio para la Transición Ecológica y organizaciones sociales se encuentran negociando la concreción de las medidas de la nueva Estrategia contra la Pobreza Energética 2026-2030, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 17 de febrero. Ese mismo día hubo una primera reunión en la que las organizacines que forman parte de la Mesa Social de Pobreza Energética insistieron a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, en una de sus principales demandas de los últimos años, que la prohibición de cortar los suministros básicos a hogares vulnerables sea "estructural" y permanente, es decir, que no sea una "moratoria" y quede en una ley sin plazo de vigencia, de modo que no tenga que ser renovada cada tanto tiempo que, como ha sucedido este jueves, el Congreso pueda echarla para atrás. Las organizaciones sociales volvieron ha hacer esta reclamación a Aagesen hace dos semanas en previsión de que pudiera suceder lo que finalmente ha sucedido, que decayera lo que no era más que una "moratoria" de la obligación de "garantizar el suministro". "La moratoria está en el decreto de escudo social que se someterá a convalidación y que podría decaer", apuntaba entonces Mónica Guiteras, portavoz de una de las organizaciones que se sentó a la mesa con Aagesen, la catalana Alianza contra la Pobreza Energética y que ya entonces consideraba que el riesgo de que decayera el decreto que se ha cristalizado este jueves era "motivo de más para que el Ministerio "se dé prisa". Lo que buscan las organizaciones es que se incluya en la ley el llamado "principio de precaución" que ya existe en la ley catalana que implica que, antes de cortar el suministro, la comecializadora de electricidad o de gas debe consultar con los servicios sociales si se trata de un hogar vulnerable. Como consecuencia de la anulación de la prohibición de cortar el suministro Guiteras estima que quedarán sin esta protección "entre el 14 y el 18%" de los hogares, una estimación en función de los cuatro principales indicadores de la pobreza energética, entre los que figuran la dificultad para pagar las facturas o para mantener una temperatura confortable en casa, tanto en invierno por el frío como en verano por el calor. Con la introducción del "principio de precaución" en la ley, las organizaciones consideran que la prohibición de cortar el agua, la luz o el gas a hogares vulnerables sería más "estructural" que la disposición "coyuntural" que ha existido desde 2021 hasta ahora. Sin embargo, también reconocen que no resuelve todos los problemas, porque aun así quedarían por cubrir hogares que, siendo vulnerables, no figuran en las listas de perceptores del bono social porque, simplemente, no lo han solicitado. Precisamente, una de los objetivos de la nueva Estrategia contra la Pobreza Energética es salir en busca de estos hogares, ya que Transición Ecológica estima que solo uno de cada cuatro hogares con derecho al bono social lo percibe, casi siempre por desconocimiento. Para que afloren todos los hogares, la Estrategia incluye el llamado Plan Actúa, puntos de información a nivel de barrio para identificar a quienes podrían ser perceptores y no lo son y facilitarles unos trámites de los que suelen estar mejor informados los hogares más formados y con mayores niveles de ingresos.