El nuevo humo

2026-02-21 - 07:23

Que Pedro Sánchez anuncie que quiere prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años, obliga a elegir entre dos interpretaciones según quién te lo cuente. La oficial: proteger a la infancia de la selva digital; y la oficiosa (que circula con bastante éxito precisamente en esas redes que se quieren limitar): que su verdadera intención es reducir la exposición a mensajes que no armonizan con el relato gubernamental y que (precisamente también) son los que más tracción tienen entre los jóvenes. Ambas cosas pueden coexistir, la política rara vez es pura. Dicho esto, conviene no despachar la propuesta con una carcajada libertaria. Dentro de diez años probablemente miraremos a un niño de doce años hipnotizado por una pantalla con la misma incomodidad con la que hoy miraríamos a uno fumando en la puerta del colegio. Y eso no es exageración moralista; es simple evolución cultural. En 2005, cuando Zapatero impulsó la ley antitabaco, se habló de dictadura sanitaria y también de Estado niñera. Hoy, nadie sensato pediría volver a fumar en un hospital. Lo que fue anatema terminó siendo consenso, incluso entre los detractores del político legislador. Las sociedades cambian, y lo que ayer era libertad incuestionable, hoy puede verse como irresponsabilidad colectiva. Las redes sociales no son inocentes plazas públicas digitales. Son entornos diseñados para capturar la atención con una precisión que el tabaco jamás soñó. El negocio no es la conversación: es el tiempo. Y cuanto más joven es el usuario, más moldeable es el hábito. Pretender que en este entorno basta con "educar en casa" suena tan ingenuo como haber confiado en que las tabaqueras regularían voluntariamente la nicotina a comienzos de este siglo. Ahora bien, el paralelismo tiene límites. La ley antitabaco se apoyaba en una evidencia médica indiscutible y en una aplicación relativamente controlable. Regular el acceso a las redes implica entrar en territorios mucho más ambiguos y, sobre todo, el riesgo de que bajo la etiqueta de protección se deslice la tentación de ordenar (y controlar) el ecosistema informativo. Ahí está el punto delicado. Porque si la medida sirve para blindar a los menores frente a dinámicas adictivas, bienvenida sea. Pero si termina siendo una herramienta para modular qué circula y qué no circula, el debate cambia de naturaleza. Y en este país uno comienza a darse cuenta de que conviene desconfiar tanto del algoritmo como del BOE. Sería cómodo oponerse en nombre de la libertad absoluta. También sería sencillo aplaudir sin matices cualquier regulación que suene protectora. Lo difícil es reconocer que la intervención es necesaria y, al mismo tiempo, exigir límites claros y transparencia radical. Quizá, como ocurrió con el tabaco, dentro de unos años nos preguntaremos cómo tardamos tanto en reaccionar. O quizá descubramos que regular sin una estrategia educativa y cultural de fondo fue solo una operación estética, o un movimiento político con intereses concretos. Prohibir puede ser el primer paso. Lo que importa es hacia dónde conduce el segundo, y de ese siguiente paso todavía no hemos escuchado ningún anuncio oficial, y eso en política, nunca es casual. Nada mejor que el humo, aunque sea digital, para esconder la realidad.