El Observatorio de la Dependencia ve "poco eficaz" el sistema español y denuncia sus bajas prestaciones

2026-03-18 - 07:30

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España acaba de publicar el XXVI Dictamen del Observatorio estatal de la Dependencia, un mecanismo independiente que evalúa periódicamente la aplicación de la Ley de Dependencia en España. Una vez más, sus conclusiones no son muy optimistas, pues ponen de relieve algunas de las deficiencias que sigue teniendo el sistema de la dependencia de nuestro país, entre ellas, las bajas prestaciones, las desigualdades entre comunidades o las largas lista de espera. El peor dato, el de las personas que, durante todo 2025, murieron esperando ser evaluadas: un total de 32.704 personas. Más inversión y personas atendidas, pero prestaciones muy bajas A finales del pasado año, 1.784.369 personas tenían reconocida su situación de dependencia, 158.618 más que el año anterior. Se trata del número más elevado hasta la fecha, pero desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, aunque valoran el aumento de la inversión, que es también mayor que nunca, critican que siga siendo muy baja. Y es que los 13.506,6 millones de euros en inversión del Sistema de la Dependencia en el año 2025, la cifra más alta hasta la fecha, solo representa un 0,8% del PIB, la mitad de lo que dedican de media los países de la UE. Los procedimientos burocráticos y las escasas cuantías de las prestaciones, junto con la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad, convierten a la dependencia, según denuncian, en un "sistema low cost que es poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia", algo que no ha conseguido paliar ni siquiera el incremento de financiación que recibió el modelo entre los años 2021 a 2023 con el Plan de Choque. A pesar de estas inversiones, las prestaciones y los servicios siguen siendo de muy baja intensidad o cuantía. Como ejemplo ponen al servicio de teleasistencia: "En España hay 66.246 personas beneficiarias del Sistema de la Dependencia que reciben como prestación única la Teleasistencia, 273 más que en 2024: cuatro de cada diez de estos casos (41%) se producen en la Comunidad de Madrid (27.137), denuncian desde la asociación. Otra muestra son las bajas cuantías que se destinan a los cuidados en el entorno familiar, que eligen el 44,6% de las personas beneficiarias del sistema y reciben 735.889 personas. En la actualidad, la media de esta prestación son 264,55 euros mensuales: 172,6€/mes para Grado I; 277,7€/mes para Grado II y 385,1€/mes para Grado III. Aunque recientemente se ha aprobado un proyecto de reforma de la Ley, desde el Observatorio advierte de que "sin aumentar en 1.000 millones de euros para dependencia en los próximos PGE", esta reforma se queda solo en "buenas intenciones". Mientras que en 2009 se invertía una media de 7.909 euros por persona, en 2025 ese gasto es de 6.015 euros, 174 menos que en 2024 En 2025 es cierto que se aumentó la inversión, un incremento del gasto de 159 millones de euros, que se debió, sobre todo, al aumento de integrantes en el sistema, a los 121 millones acordados para la financiación del Real Decreto-ley 11/2025 (Ley ELA) y a los 96 millones de euros para cuotas de Seguridad Social de cuidadoras no profesionales. Esto no se traduce, sin embargo, en una mayor inversión por persona, sino más bien lo contrario, pues desciende el gasto público anual promedio por persona. De este modo, mientras que en 2009 se invertía una media de 7.909 euros por persona, en 2025 ese gasto fue de 6.015 euros, 174 menos que en 2024. Solos seis comunidades 'aprueban' A finales de 2025 las personas que están esperando alguna resolución de dependencia, ya sea el reconocimiento -que esperan 109.260 personas- o la prestación efectiva -148.907 personas- son ya 258.167, 12.158 menos que en 2024. A este ritmo de reducción, calculan que se tardarían más de 20 años en acabar con estas listas de espera. A este respecto, se mantienen las enormes desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Así, mientras que comunidades como Andalucía, en las que las listas de esperan se elevan más de un 35%, en otras como Galicia, las listas desciendan más de un 40%. Así, aplicando la Escala de Valoración de la Dependencia, de la que se encarga desde 2008 el Observatorio Estatal de la Dependencia teniendo en cuenta 20 indicadores, se evidencia una desigualdad territorial en la implantación y desarrollo del sistema. En 2025 fallecieron 32.704 personas esperando un derecho que tienen reconocido por ley desde hace dos décadas En una escala del 0 al 10, solo seis comunidades aprueban la escala este año: Castilla - La Mancha y Castilla y León, con 8,25 y 7,5, Andalucía (6,75), Galicia (6,75), Comunidad Valenciana (5,75) y Aragón (5,25). Extremadura (2,25), Ceuta y Melilla (2,5), Murcia (3,25), Cataluña (3,25) y Cantabria (3,5) están a la cola. El tiempo medio de tramitación se eleva, y a finales de 2025 era de 341 días, 7 días más que en 2024 y 17 más que en 2023. Aquí las desigualdades también son latentes, pues solo hay cinco Comunidades y Ceuta y Melilla (151) por debajo del plazo máximo para resolver un expediente (180 días). Estas comunidades son Castilla y León (113); y País Vasco (129), Aragón (141), Castilla La Mancha (165) y La Rioja (174). En el otro extremo estarían Murcia (559 días), Andalucía (496) y Canarias (430). Desde el Observatorio, también quieren recordar que se mantiene el ritmo de fallecimientos en las listas de espera. "Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 fallecieron 32.704 personas en la lista de espera de la dependencia: 17.994 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 14.710 sin haber podido ejercer sus derechos, aun teniendo reconocida su situación de dependencia. No fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones", destacan en el informe. Hay que recordar que, en el pasado año, cada 16 minutos murió una persona esperando poder acceder a un derecho que tiene reconocido por ley desde 2006.