El PP de Sevilla apoya la propuesta de Vox para impedir el acceso a dependencias municipales con burka pero pedirá un informe jurídico
2026-03-13 - 18:23
El Ayuntamiento de Sevilla ha abordado este viernes en su sesión mensual de la comisión de Control y Fiscalización al Gobierno local la propuesta promovida por Vox en el conjunto de municipios españoles, en demanda de implantar la obligación normativa de la plena «identificación visual» a la hora de acceder a las dependencias municipales, con alusión expresa al burka y el niqab . La propuesta, a votar en el próximo pleno municipal, saldrá adelante al haber anunciado el PP su apoyo aunque con dudas sobre si el Consistorio tiene competencias para regular tal extremo en solitario. Durante el debate, que será rematado en el pleno ordinario del mes con la correspondiente votación efectiva de la propuesta; la portavoz municipal de Vox , Cristina Peláez; ha manifestado que «la identificación visual del rostro no es un capricho, sino una condición funcional básica para garantizar la verificación de la identidad y prevenir la suplantación», recordando que los registros municipales de los centros cívicos, centros sociales, distritos y oficinas del Consistorio «son espacios administrativos con actuaciones con efectos jurídicos» a todos los efectos. En ese sentido, ha defendido esta propuesta para implantar la obligación normativa de que « quien acceda a una dependencia municipal deba poder ser identificado visualmente, sin más» , avisando de que «si alguien accede a ellas con el rostro cubierto con burka, niqab o una prenda equivalente, no se puede garantizar la identificación». Peláez ha unido estos argumentos con acusaciones a los diferentes gobiernos estatales, de promover «políticas migratorias irresponsables de efecto llamada y una promoción acrítica del multiculturalismo». Como ejemplo, ha dicho que en España, con una población de más de 49,5 millones de personas, residen unos 2,4 millones de musulmanes que profesan la religión del Islam, «más de la mitad de ellos extranjeros». Prendas como el burka, según ha considerado, suponen «un símbolo de la desigualdad más extrema entre hombres y mujeres, un sometimiento de la mujer al borrar su rostro». Ante ello, el concejal de la coalición de izquierdas Con Podemos-IU Ismael Castillo, de IU , ha acusado a Vox de «fabricar un enemigo imaginario y sembrar odio poniendo en la diana política a una minoría muy minoritaria de mujeres». «No existe ese problema», ha dicho exponiendo que sus consultas con las trabajadoras sociales del Ayuntamiento en los distritos no han arrojado ninguna incidencia así y, e n el caso de la Policía Local, sólo habría acontecido un único caso ante el cual los agentes requirieron a la mujer en cuestión y ella «se levantó el velo y fue identificada» sin más. La socialista Sonia Gaya ha avisado de su parte que la ley estatal de Seguridad Ciudadana ya impone la obligación efectiva de la plena identificación personal ante indicios de delito o de posible comisión de infracción; considerando que Vox intenta «señalar a una minoría religiosa» cuando sobre este asunto «no hay ningún clamor social ni necesidad ciudadana». «Traen un debate cultural para generar problemas de convivencia que no existen y señalar al diferente para alimentar el miedo», ha opinado, alertando del intento de Vox por implantar su «agenda política». En el caso del PP, que gobierna en minoría la ciudad con Vox como socio presupuestario al ser el partido gracias al cual está logrando la aprobación de sus cuentas municipales; Juan Bueno ha considerado la moción de Vox «no nace del rechazo a una religión, sino de la defensa de la dignidad de las personas y la igualdad entre hombres y mujeres que reconoce la Constitución» española. Al respecto, ha apostado por un «debate sereno» del asunto, anunciando que el Gobierno local del PP está dispuesto a «apoyar la propuesta», si bien a los populares les surge la « duda de que el Ayuntamiento tenga capacidad de restricciones normativas» como las que se proponen, sin una legislación superior que ampare la medida. «Estamos dispuestos a hacerlo, pero sin un amparo de una ley, creemos que no se puede hacer. Tendremos que pedir un informe jurídico», ha dicho Bueno, en este debate previo a que la medida sea sometida a votación en el pleno ordinario de la semana que viene.