El PP pide al Gobierno eliminar la «autodeterminación» del sexo en el registro para evitar más fraudes de ley
2026-03-06 - 11:13
El PP prepara una ofensiva parlamentaria para acabar con la autodeterminación de género en el Registro Civil con la que busca retratar al PSOE en una votación en el Congreso. La próxima semana, el Grupo Parlamentario Popular registrará una proposición no de ley (PNL) que solicita al Gobierno la reforma de la 'ley trans' para acabar con el cambio de sexo en los documentos oficiales a los mayores de 16 años, que se permite solo con su voluntad y sin necesidad de informes médicos, y con los fraudes de ley que se están registrando en los últimos años en torno a esta norma. La iniciativa quiere modificar los artículos 43 y 44 de la Ley 4/2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, aprobada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero en el anterior Gobierno de PSOE y Podemos. Fuentes del PP sostienen que es «un disparate de norma», que supone un «borrado jurídico de la mujer», así como que el sistema «ha provocado una colisión directa« con los derechos de las mujeres ya consolidados. En la práctica, advierten las mismas fuentes, también ha supuesto la «desprotección institucional» de las mujeres. El cambio de sexo legal no afecta a los procedimientos por violencia de género cometidos antes de la modificación, sin embargo, lo que preocupante es que sí puede afectar si esa agresión se comete después de variar el DNI. Estos fraudes entorpecen procedimientos judiciales, a la espera de determinar si las denuncias deben tramitarse en un juzgado de violencia sobre la mujer o en un juzgado de instrucción. En 2024, se contabilizaron 3.491 hombres que cambiaron su sexo al de mujer en el registro civil, según las últimas cifras oficiales. Al menos, un centenar de ellos lo hizo de forma fraudulenta. El PP también argumenta para justificar esta reforma que las mujeres víctimas de maltrato han visto «postergada o desactivada» la protección que prevé la ley orgánica contra la violencia de género «al dilatarse los juicios para determinar el órgano competente». Esta denuncia del PP ya la viene haciendo de largo un sector del feminismo muy crítico con la 'ley trans' -entre ellas, Alianza contra el Borrado de la Mujer o el Movimiento Feminista de Madrid-. Uno de los reproches que precisamente provocó la división del movimiento feminista en 2022 generando desde entonces dos manifestaciones diferentes en Madrid el 8M. Los populares también advierten de la «alteración» en la elaboración de estadísticas oficiales de criminalidad, cuya fiabilidad resulta esencial para diseñar políticas públicas eficaces frente a la violencia y la discriminación. «La atribución a mujeres de delitos sexuales o crímenes cometidos por varones biológicos tras cambiar su sexo registral (a través de la autodeterminación) presenta un panorama distorsionado de la realidad, invisibilizando la verdadera magnitud de la violencia machista y la violencia sexual contra las mujeres», explican fuentes parlamentarias populares. Así, en su iniciativa legislativa plantean al Gobierno que se revise de forma integral la legislación vigente para asegurar que el cambio de sexo registral «no produzca efectos automáticos ni lesivos» y garantice, por un lado, «la aplicación rigurosa, efectiva, ininterrumpida y sin dilaciones de la legislación integral sobre violencia contra la mujer»; y por otro, «la fiabilidad y veracidad inalterable de las estadísticas oficiales criminales desagregadas por sexo biológico». Al margen de esta iniciativa, el PP asegura que «no cuestiona los derechos, la dignidad ni la debida protección de las personas transexuales», sino que pretende, según sus palabras, «restablecer un marco de protección sólido, coherente y eficaz para las mujeres». Y zanjan así: «Hoy más que nunca, es necesario *garantizar que las mujeres y las niñas no queden desprotegidas por decisiones legislativas guiadas por el dogmatismo ideológico».