El PP pone bajo la lupa las ayudas a dedo de Igualdad al sospechar de tráfico de influencias

2026-03-24 - 03:20

Los populares pisan el acelerador en la investigación de las ayudas a dedo concedidas por el Instituto de las Mujeres desde 2023 -último de Irene Montero como titular de Igualdad- a más de 20 asociaciones feministas que no las recibían de manera directa hasta ese momento , como publicó ABC la semana pasada. Estas subvenciones han sido continuadas por la actual ministra, la socialista Ana Redondo tanto en 2024 como en 2025, a pesar de que decaían con la prórroga presupuestaria , usando decretos extraordinarios cuyo uso en este caso plantea dudas jurídicas. Por todo ello, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García , ha lanzado una operación de fiscalización para solicitar copia de la mayoría de expedientes de estas subvenciones y averiguar «qué se está haciendo hasta con el último céntimo en Igualdad». La dirigente popular acusa a Pedro Sánchez de entender el poder «como una oportunidad para tejer una red de tráfico de influencias y de dependencias en torno a La Moncloa», y sospecha que «eso es lo que podría estar pasando dentro del Ministerio de Igualdad». «Mucho me temo que Sánchez utiliza las subvenciones para comprar apoyos y silencios», avisa. García explica así que los socialistas podrían estar «utilizando el dinero de todos los españoles para regar a las asociaciones con dirigentes ligadas al PSOE con un único objetivo: callar ante el Gobierno más dañino para las mujeres de nuestra democracia». Estas palabras aluden a que tres de esas asociaciones feministas que reciben ayudas directas desde 2023 cuentan con destacadas exdirigentes socialistas en su organigrama o vinculación a excargos de Podemos. Se trata de la Fundación Mujeres, presidida por la exvicesecretaria general del PSOE Elena Valenciano ; la Federación de Mujeres Progresistas, dirigida por la exconcejal del PSOE en Alcalá de Henares Yolanda Besteiro ; y Red Ecofeminista, que fue cofundada por Beatriz Gimeno , exdiputada de Podemos y exdirectora del Instituto de la Mujer cuando Irene Montero ocupaba la cartera de Igualdad. La operación fiscalizadora la está pilotando la senadora popular, María Teresa Ruiz-Sillero , que ya ha registrado una amplia batería de solicitudes de informe en la Cámara Alta. En este bloque pide copia de un total de 41 expedientes de ayudas concedidas a dedo a asociaciones feministas: 19 de ellos amparados en los Presupuestos de 2023, otros 12 por la extensión de esas ayudas en 2024 vía decreto extraordinario, y 10 más por su continuación en 2025 con el mismo vehículo. El Reglamento de la Cámara Baja otorga a los senadores «la facultad de recabar de las Administraciones Públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de éstas» para «el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias». Además establece que «la Administración requerida deberá facilitar la documentación solicitada o manifestar al presidente del Senado, en plazo no superior a treinta días y para su más conveniente traslado al solicitante, las razones fundadas en Derecho que lo impidan». Derivado de ello, las ayudas a asociaciones feministas sobre las que el Gobierno debe ahora remitir la documentación solicitada por el PP se dividen en tres bloques, según la horquilla temporal a fiscalizar. Sobre seis de ellas, el partido que preside Alberto Núñez Feijóo pone toda la presión y solicita los expedientes de ayudas directas de los tres últimos años. Se trata de la Fundación Mujeres, la Federación de Mujeres Progresistas, el Fondo de Mujeres Calalá, la Federación de Mujeres Jóvenes, Herstóricas y la Federación FAMS. De otras ocho asociaciones, Igualdad deberá dar copia al PP de las subvenciones directas que recibieron durante dos de esos años. Es el caso de El Legado de las Mujeres, la Federación SEDRA, Red CAPS, Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, la Asociación SEDOAC, Federación de Planificación Familiar, CEPAIM y Tangente. Y, por último, de otras ocho, la fiscalización popular se centra, de momento, en las ayudas que recibieron durante uno de estos años. En este bloque entran Acción Comadres, CIMA, MAVS, Women Legacy, Red ecofeminista, El parto es nuestro, Federación Estatal de Organizaciones Feministas y Plataforma Impacto de género ya. «De los productores del dinero público no es de nadie llega ahora el dinero público es de los míos», ha cargado Alicia García. «Por eso hoy pagamos más impuestos que nunca y tenemos los peores servicios públicos. Los españoles pagan y pagan impuestos, pero se preguntan dónde está mi dinero. ¿Es la mejora de las carreteras? No en la modernización de la red ferroviaria tampoco», cuestiona. «Los españoles merecen saber qué se está haciendo con su dinero», remacha. Junto a la petición de expedientes, Ruiz-Sillero ha registrado también varias preguntas escritas dirigidas al Gobierno. Entre ellas, si se han abonado todas las subvenciones de concesión directa concedidas por el Instituto de las Mujeres a través de los decretos extraordinarios, y sobre los expedientes de 2024 si se han justificado correctamente, si han sido revisados por el Instituto de las Mujeres estas subvenciones o si se han abierto expedientes de reintegro por alguna de las subvenciones concedidas. En el caso de las preguntas escritas, el Reglamento del Senado establece que «el Gobierno deberá remitir la respuesta correspondiente (...) dentro de los veinte días siguientes a su comunicación». Este plazo puede prorrogarse «por otros veinte días más si el Gobierno lo solicita motivadamente y la Mesa de la Cámara así lo acuerda». A partir de ahora la documentación que el Ejecutivo remita —o decida no remitir— será clave para despejar si estas ayudas responden a criterios objetivos o si, como sospecha el PP, abren la puerta a un uso discrecional del dinero público.