El primer juicio a Ábalos indagará también en las cuentas del PSOE y en la conexión con el caso Hidrocarburos

2026-03-05 - 05:23

Más de 75 testigos pasarán por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el primer juicio del caso Koldo, que comenzará el próximo 7 de abril y se prevé extenso y complejo. De acuerdo con las propuestas de testificales aceptadas por el Tribunal Supremo, en el juicio intervendrán varias personas vinculadas a los pagos en metálico del Partido Socialista y a las supuestas entregas de billetes en la sede de Ferraz. Además, el Supremo ha aceptado testificales relacionadas con el caso Hidrocarburos y ha admitido analizar durante el juicio el informe de la UCO sobre los sobornos a Ábalos en el marco de esta otra causa judicial. El juicio que dirigirá la Sala presidida por Andrés Martínez Arrieta se centrará en las supuestas adjudicaciones irregulares de varias administraciones públicas a la empresa Soluciones de Gestión. Se abordarán los contratos firmados por distintos ministerios y entidades dependientes de los mismos con esta compañía vinculada a Víctor de Aldama, así como las dádivas que obtuvieron Ábalos y Koldo García a cambio de los presuntos amaños. La Sala indagará también en los contratos de Soluciones de Gestión con Canarias y Baleares, motivo por el cual están llamados a testificar el ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso Francina Armengol, exdirigentes de estas comunidades. Aunque estos contratos de material sanitario son el origen de la causa, a lo largo de la instrucción se han hallado otros hechos presuntamente delictivos, como los amaños de obra pública en los que participó también Santos Cerdán. Y algunos de estos hechos, por mucho que aún se estén instruyendo, saldrán a colación durante el juicio en el que están acusados José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Es el caso de los movimientos en metálico del PSOE que, por otro lado, están siendo investigados bajo secreto de sumario en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, en el que se instruye el resto del caso Koldo. Los sobres del PSOE El 3 de octubre del año pasado, la UCO envió al Tribunal Supremo un informe que a la postre ha tenido un largo recorrido. Entre otros asuntos, la Guardia Civil reveló que se habían hallado determinados mensajes de WhatsApp en los que Koldo García hablaba —principalmente con su exmujer— sobre entregas de dinero en metálico en Ferraz. El informe contenía incluso dos fotografías de sobres con el sello del PSOE y varios billetes y monedas en su interior. Las conversaciones intervenidas en el teléfono de García demostraron que estas entregas de dinero en metálico se realizaban en ocasiones a través de la exmujer o el hermano de Koldo García, y apuntaban a una trabajadora de Ferraz que se encargaba de darles el efectivo: Celia Rodríguez. Esta empleada del partido está citada como testigo junto al exgerente socialista Mariano Moreno Pavón. La UCO cotejó aquellas conversaciones con las cuentas aportadas por el PSOE y halló algunos descuadres que el partido trató de aclarar después. La formación expuso ante el Supremo que estos pagos atendían a compensaciones de gastos de la plantilla y entregó documentación para acreditar que el dinero provenía de una cuenta bancaria en BBVA. entre 2017 y 2024, el partido ingresó en esa caja de efectivo un total de 940.388 euros. Finalmente, el juez instructor del Tribunal Supremo mandó investigar estos movimientos de metálico a Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional. Este otro instructor acordó abrir una pieza separada secreta para investigar los hechos en noviembre de 2025. Posiblemente, la Sala o las partes preguntarán por este asunto a la exmujer de Koldo García, Patricia Úriz, a su hermano, Joseba García, y al propio exasesor ministerial, que utilizaba términos como "chistorras", "soles" o "lechugas" para hablar de dinero en metálico, según la UCO. Todos ellos han testificado ya durante la fase de instrucción. Mariano Moreno y Celia Rodríguez lo hicieron a finales de octubre, y afirmaron que el dinero en metálico provenía del banco y era de origen legal. El 'kilo' para Ábalos en el caso Hidrocarburos En la lista de testigos acordada por la Sala Segunda figuran también varias personas vinculadas al caso Hidrocarburos que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, dirigido por el juez Santiago Pedraz. El magistrado indaga en una organización criminal que llevó a cabo un presunto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos. Una organización liderada por el socio de Víctor de Aldama Claudio Rivas, que está entre los testigos llamados a declarar. También están citadas Carmen Pano y su hija Leonor González Pano, socias de Rivas e imputadas en el caso hidrocarburos. La primera de ellas ha afirmado varias veces en sede judicial que en dos ocasiones llevó a la sede del PSOE en Ferraz bolsas con 45.000 euros en billetes en su interior, sumando un total de 90.000. El dinero provendría de Claudio Rivas y habría sido entregado a Pano a través de Aldama, según afirma la empresaria y desmiente, por su parte, el comisionista. Sea como sea, la UCO considera acreditado que la trama de los hidrocarburos accedió a José Luis Ábalos a través de Aldama para que el entonces ministro utilizara su influencia en favor de la empresa Villafuel, una de las compañías de Rivas. De acuerdo con la Guardia Civil, la organización criminal empleó "aproximadamente un millón" en "comprar la voluntad" de Ábalos y lograr su objetivo, si bien la compañía no obtuvo la licencia de operador de hidrocarburos que perseguía hasta mucho después. El informe recogía un textual de Leonor González Pano en el que decía, en alusión a Ábalos y Koldo García: "se les ha dado más de un kilo". Las dádivas obtenidas por el exministro y su exasesor fueron diversas y conectan en ocasiones con las que aparecen en el sumario del caso Koldo. Es así, por ejemplo, con el chalet de La Alcaidesa (Cádiz) que la trama puso a disposición de Ábalos a partir de julio de 2021 a través de un contrato con alquiler a compra. Rivas adquirió el Chalet por 585.000 euros y en septiembre, al comprobar que Ábalos "no cumpliría con lo acordado" tras la pérdida de influencia que conllevó su cese como ministro, ordenó a su abogado preparar una demanda de desahucio.