El PSOE denuncia ante la Fiscalía el caso de las VPP de Alicante por cinco posibles delitos
2026-02-02 - 15:45
La portavoz municipal del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló , ha registrado este lunes una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción «tras detectar la presunta comisión de hasta cinco delitos vinculados a la construcción y adjudicación de viviendas sobre una parcela municipal», relacionada con las VPP que habían conseguido varios cargos afines al PP. Tras referirse a este asunto como el « escándalo del reparto de pisos que salpica de lleno a la gestión de Luis Barcala», en alusión al alcalde popular, la dirigente socialista ha apuntado en cuanto a las viviendas otorgadas a la ya dimitida concejal de Urbanismo, Rocío Gómez , así como a un arquitecto municipal y a «familiares de una directora general nombrada por el propio alcalde», en referencia a María Pérez-Hickman, quien también dejó el cargo la semana pasada. «El gobierno de Barcala podría haber vulnerado el derecho de acceso a la vivienda, que debe responder al interés general ,y por eso, hemos pedido a la Fiscalía que investigue lo que ha ocurrido con la adjudicación de pisos construidos en una parcela municipal », ha señalado. Barceló ha puesto de relieven que en la ciudad hay más de 5.400 familias en lista de espera para acceder a una vivienda pública y «cada vez son más las que se tienen que marchar por la imposibilidad de pagar el precio en alquiler o en propiedad». Ante esta realidad acuciante, la portavoz municipal del PSPV-PSOE ha justificado este paso de acudir a la Fiscalía «por el interés general y cuando ese derecho se puede haber visto vulnerado». Desde su partido han precisado que se podrían haber cometido cinco presuntos delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses, estafa, fraude a la administración y fraude de ley con relevancia penal. En clave política, han denuncia que «cuando una promoción de vivienda pública destinada a facilitar el acceso a la vivienda a quienes más lo pueden necesitar acaba beneficiando a cargos públicos o personas vinculadas al PP, hay que pedir que se abra una investigación judicial, la ciudadanía tiene derecho a saber qué ha pasado y por qué». Además, han «exigido al alcalde que dé explicaciones públicas y que convoque un Pleno extraordinario y ponga en marcha una comisión de investigación». A su entender, Barcala no actuó con la « transparencia exigible» y no estableció «los controles necesarios en una cuestión tan sensible como la vivienda protegida sobre suelo municipal». Tampoco consideran zanjado el escándalo ni las responsabilidades políticas con las dimisiones de la concejala de Urbanismo y de la directora general: «No es suficiente; confirman que hay un problema político grave con la gestión de esta promoción de vivienda pública que va mucho más allá de la polémica mediática». El PSPV-PSOE también ha registrado este lunes una propuesta de creación de una Comisión de Investigación en Les Corts Valencianes sobre este asunto, según el diputado autonómico por Alicante José Diaz, quien ha subrayado que «esto no es mala suerte, ni un error administrativo, es un abuso de poder». En este sentido, el dirigente socialista ha señalado que «si el Partido Popular bloquea esta comisión de investigación los y las socialistas valencianos iremos hasta el final para depurar responsabilidades políticas, caiga quien caiga» y ha enfatizado que «la vivienda pública no es ningún favor, es un derecho». Además, Díaz ha insistido en que esta comisión no sólo debe analizar los casos concretos en Alicante, sino también examinar el funcionamiento general del sistema de adjudicación de vivienda pública en toda la Comunitat Valenciana para garantizar transparencia, igualdad de acceso y el cumplimiento de la ley. «No podemos permitir que las viviendas destinadas a quienes más las necesitan se conviertan en moneda política», ha concluido.