El reto prioritario del agua en España

2026-02-12 - 06:55

Nuestro país es una buena referencia en el ámbito de las infraestructuras hidráulicas; nuestra capacidad diaria en desalación es superior a 5 millones de m3, lo que nos posiciona como líder internacional y en el cuarto puesto mundial por detrás de Arabia Saudí, EE. UU. y Emiratos Árabes, en reutilización de aguas regeneradas somos líderes europeos con una tasa del 10 ≈ 12 %, frente a la media de la UE que se sitúa en el 2 ≈ 3 %, y, en regulación, contamos con más de 1.200 grandes presas, que nos posiciona entre los primeros países del mundo en capacidad de regulación de recursos. Sin embargo, hemos acumulado un volumen de inversión pública por realizar muy importante, debido a varios antecedentes, destacando la consolidación fiscal europea de 2010 que, en el caso de España, se centró en un recorte de inversión pública sin precedentes, que aún perdura y que se resume en una reducción de la inversión pública en el PIB del 5,2% al 3,1%, una reducción del presupuesto anual hidráulico del Estado del 83%, de 6.540 millones de euros al año de media en el trienio 2007-2009, a 1.124 millones de euros de media en el trienio 2023-2025, lo que ha implicado una pérdida de inversión hidráulica de 67.000 millones de euros en los últimos 16 años. Todo esto ha provocado que lideremos, también, el ranking europeo de menor ratio de inversión pública por superficie y población y de número de infracciones medioambientales, con 25 expedientes abiertos en la actualidad. El informe "Estrategia e inversiones para la eficiencia y resiliencia hídrica en España" elaborado junto a TYPSA identifica unas necesidades de inversión en infraestructuras hidráulicas durante la próxima década de 104.000 millones de euros hasta 2035 para atender las demandas de agua y el cumplimiento de objetivos ambientales (85.000 millones), y mitigar los efectos de las inundaciones en nuestro país (19.000 millones). Una cifra que subiría a 119.000 millones si se incorporan otras inversiones como, entre otras, la dotación de redes de saneamiento y depuración en municipios de menos de 50.000 habitantes y la supresión gradual de emisarios submarinos y de 8.000 puntos de desbordamiento del sistema de saneamiento. Realizar esta inversión en una década, cuya ejecución afecta a los tres niveles de Administración Pública, constituye todo un desafío, al representar 6,5 veces la inversión media anual actual del ciclo integral del agua, de 1.820 millones de euros al año en 2020-2024. Y, en el cometido de reposicionar a nuestro país con el nivel de infraestructuras hidráulicas que requiere, es prioritario cumplir la planificación hidrológica dotándola de un marco financiero que garantice su ejecución (el nivel de ejecución presupuestaria de los Planes Hidrológicos vigentes es inferior al 30%) y modernizar la regulación y práctica de la contratación pública. En regulación del ciclo integral del agua, la fragmentación competencial y la falta de una gobernanza homogénea han generado ineficiencias en la gestión, con diferencias notables entre territorios y una carencia generalizada de planificación inversora. El trágico episodio de la DANA de octubre de 2024 ha tenido un profundo impacto en el debate público, subrayando la urgencia de actuar. Además, nuestro país se enfrenta con mayor frecuencia a episodios de sequía, un fenómeno estructural agravado por el cambio climático que provoca una distribución desigual del agua entre territorios y estaciones con la coexistencia de zonas con abundancia hídrica y otras, especialmente en el sureste peninsular y el Mediterráneo, con una escasez crónica. El agua no es solo un recurso natural, es una infraestructura esencial, una garantía de salud pública, un bien social y un activo económico. Su escasez afecta a palancas clave de nuestra competitividad como la agricultura de cultivos de alto valor añadido, la ganadería y el crecimiento del turismo sostenible, y también a las nuevas demandas de agua en la economía global como la asociada a la industria de la transformación digital y a la industria verde y de transición hacia energías renovables basada en el hidrógeno. Tenemos el conocimiento, la tecnología y las empresas para desarrollar una estrategia de inversión hídrica más eficiente y resiliente, pero dependemos de la voluntad y decisión política para hacerlo y del firme compromiso de las principales formaciones políticas.