El Supremo abre una quinta causa a Alvise Pérez por presuntas amenazas contra el alcalde de Algeciras
2026-03-19 - 20:10
El Tribunal Supremo ha decidido abrir una quinta causa al eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis Alvise Pérez, en esta ocasión a raíz de una querella presentada en su contra por el alcalde de la localidad gaditana de Algeciras y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, por un presunto delito de amenazas. La querella incluye mensajes, según el Supremo, en los que Alvise habría amenazado con difundir públicamente audios, documentos y capturas de conversaciones sobre comportamientos presuntamente delictivos o "gravemente deshonrosos" de Landaluce. Además, en dichas publicaciones, emitidas en una red social del acusado, se vincula "de manera explícita la no ejecución de esa difusión a la dimisión de su cargo de alcalde". "El relato contenido en la querella, unido a la documentación aportada, relativa a las publicaciones efectuadas en el canal público de Telegram gestionado por el querellado, permite apreciar, en esta fase preliminar y sin prejuzgar la calificación definitiva, la concurrencia de indicios racionales de un posible delito de amenazas condicionales", ha señalado. Los magistrados han considerado que "la estructura condicional del anuncio, la referencia a la disponibilidad de los materiales y la fijación incluso de plazos temporales para su eventual publicación permiten apreciar, en este momento procesal, la concurrencia de los elementos objetivos característicos" de ese presunto delito. No obstante, la Sala Segunda no aprecia indicios del delito de coacciones de la querella, aunque precisa que ello no excluye que conforme avance la instrucción pueda incorporarse. Cabe recordar que el Supremo ya tenía abiertas contra Alvise cuatro causas: por presunto acoso a dos eurodiputados que fueron en su lista; por difundir una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente de Cataluña, Salvador Illa; por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert, y por la financiación ilegal de SALF, los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain'. De momento, el Supremo ha dirigido suplicatorio al Parlamento Europeo en dos de las causas abiertas para continuar con los procedimientos sobre Alvise, que es aforado. Por su parte, Landaluce anunció en diciembre que renunciaba de forma temporal a su militancia en el PP para defenderse tras una denuncia presentada por el PSOE en el Supremo por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.