El termómetro sectario

2026-03-11 - 18:33

El presidente del Gobierno anunció ayer la creación de una nueva herramienta destinada a medir la llamada «huella del odio y la polarización» en las redes sociales. El sistema, denominado (H)odio, pretende analizar la presencia, amplificación e impacto de determinados discursos digitales y señalar públicamente a usuarios o plataformas que, según el Ejecutivo, contribuyan a difundirlos. La iniciativa se presentó como un mecanismo para «recuperar el espacio digital» y exigir responsabilidades a quienes «miran hacia otro lado» ante estos contenidos. El problema no reside tanto en el diagnóstico como en el enfoque político que lo acompaña. Es evidente que el algoritmo de las redes sociales amplifica mensajes agresivos y que la convivencia democrática exige combatir la desinformación, la intimidación y los delitos de odio. Sin embargo, la creación de un instrumento estatal para medir y señalar discursos introduce riesgos que no pueden ignorarse en una democracia. Cuando el poder público se arroga la capacidad de catalogar qué expresiones de los ciudadanos alimentan la polarización, la frontera entre la legítima regulación y la tentación de controlar el debate público se vuelve inevitablemente difusa. La experiencia reciente aconseja prudencia. España vive desde hace años una creciente crispación política que no puede atribuirse únicamente a la dinámica de las redes. Buena parte de esa polarización procede del propio clima institucional y del lenguaje empleado desde la política, de la transformación de la memoria histórica, por ejemplo, en arma partidista y de la creación de muros artificiales. Resulta por ello llamativo que el Ejecutivo pretenda erigirse ahora en árbitro de un fenómeno del que también es protagonista. Combatir la división social exige antes que nada rebajar la retórica de bloques que ha marcado la vida pública durante la última legislatura. El odio, como sentimiento humano, no puede prohibirse por decreto ni desaparecerá mediante indicadores estadísticos. La polarización, en cambio, sí puede moderarse cuando los responsables públicos renuncian a la lógica del enfrentamiento permanente y favorecen espacios de diálogo. La democracia se fortalece cuando se levantan puentes entre ciudadanos con opiniones distintas, no cuando se levantan nuevos muros discursivos. Existe además una preocupación legítima sobre el uso que pueda darse a esta herramienta. La historia demuestra que las limitaciones a la libertad rara vez se presentan como tales: suelen llegar envueltas en objetivos nobles y formulaciones aparentemente neutras. Más inquietante aún es que esta iniciativa se impulse desde el Estado y con recursos públicos en un contexto en el que la prioridad debería ser reforzar la calidad institucional y la confianza ciudadana. La lucha contra el odio exige firmeza frente a los delitos y una pedagogía cívica sostenida, no la creación de instrumentos que puedan derivar en mecanismos de señalamiento político. La convivencia democrática no se mide con termómetros ideológicos. Se construye con responsabilidad institucional, respeto al pluralismo y defensa inequívoca de la libertad de expresión. Si el Gobierno desea realmente reducir la polarización, el primer paso no consiste en crear nuevos indicadores, sino en abandonar la política de trincheras que tanto ha contribuido a alimentarla.