Electrificación e infraestructuras
2026-03-18 - 05:40
La electrificación de nuestras infraestructuras no es solo una opción ambiental para cumplir los compromisos de sostenibilidad que hemos asumido, sino una enorme oportunidad para nuestra industria y nuestro bienestar. Necesitamos adaptar nuestra red viaria para anticipar y garantizar la plena movilidad eléctrica interurbana de acceso público a un precio competitivo y, si no actuamos, pondremos en riesgo nuestro liderazgo europeo tras Alemania en la industria de la automoción, además de perder competitividad y oportunidades tecnológicas frente a nuestros países vecinos. Y alcanzar tal objetivo en la red de autovías y convencional de primer orden titularidad del Estado y de las comunidades autónomas requeriría una inversión mínima en infraestructura de recarga de 5.586 millones de euros en 10.710 nuevos puntos de recarga de acceso público de velocidad ultra rápida (350 KW), distribuidos en 1.585 electrolineras. Basta indicar que, si todo el parque vehicular español fuese eléctrico, situación lejos de producirse, consumiría el 80% del consumo de energía eléctrico nacional actual. Invertir en infraestructura de recarga no es simplemente facilitar el uso del coche eléctrico. Es desplazar kilómetros de combustión por kilómetros eléctricos y mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades, generando un efecto tractor en la actividad económica e industria asociada. Tenemos además la ventaja de disponer de la tercera red de autovías más extensa del mundo, que, en caso de implementar infraestructura fotovoltaica en 12.200 kilómetros de su banda de dominio público, generaría una producción de electricidad de 6.900 GWh/año con una inversión de 1.600 millones de euros. También nuestros puertos deben formar parte de esta transformación. La implantación de sistemas OPS (On Shore Power Supply o suministro de energía en tierra) hasta 2030 diseñada por la Comisión Europea requiere una inversión estimada de 1.098 millones, para permitir que los buques comerciales apaguen sus motores auxiliares y se conecten a la red eléctrica en el atraque. Las reducciones potenciales son muy relevantes: hasta un 96% en emisiones de óxidos de nitrógeno y en torno a un 45% en CO2. Pero más allá de las cifras, hablamos de mejorar la calidad del aire en entornos urbanos portuarios y de reforzar nuestra competitividad logística en un contexto internacional cada vez más exigente, con competidores en el Mediterráneo que ya están invirtiendo en esta medida taxonómica. La transición energética de la movilidad exige además garantizar que la electricidad que consumimos sea renovable y competitiva. Por eso, las estimaciones de inversión anteriores incorporan 1.817 millones de inversión en plantas fotovoltaicas con una potencia instalada de 3.748 MW para el suministro de energía a las electrolineras y 420 millones de inversión en plantas fotovoltaicas para garantizar una potencia instalada de 841 MW para el programa OPS. La electrificación no solo está presente en nuestros modos de transporte, también lo está en nuestras infraestructuras hidráulicas de depuración y desalación cuyo consumo de energía eléctrica representa el 2% del consumo eléctrico nacional. Alcanzar la neutralidad energética en ambas tipologías de infraestructuras supondría un importante ahorro de gasto público anual, de 975 millones de euros, que, en el caso de resolverse mediante infraestructura fotovoltaica, requeriría una potencia instalada de 3.500 MW en 1.787 hectáreas con 1.600 millones de inversión. Y es por ello que la reciente Directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas incorpora una serie de hitos para alcanzar la neutralidad energética del stock público de ambas infraestructuras hasta 2045, fecha en la que sus operadores tendrán que producir toda la energía que consuman, no teniendo por tanto elección para resolver en plazo este mandato de la CE. Otro ejemplo de neutralidad energética lo constituyen las infraestructuras de equipamiento público hospitalario, cuyo consumo anual de energía eléctrica representa más de 1.500 millones de euros al año, y cuya neutralización mediante infraestructura renovable fotovoltaica requeriría invertir 1.300 millones de euros. El ahorro de gasto púbico inducido por esta media permitiría incrementar nuestra capacidad asistencial hospitalaria en 3.330 nuevas camas, medida que sin duda contribuiría a reducir las listas de espera de nuestro Sistema Nacional de Salud. Nuestro informe de infraestructuras prioritarias presentado a finales del año pasado contiene otros ejemplos relacionados con la electrificación de infraestructuras, como la implantación gradual de redes de frío calor en nuestra ciudades basadas en sistemas de climatización eléctricos de baja o alta temperatura, o el cumplimiento de diversas medidas recogidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima hasta 2030 como, ente otras, el desarrollo de centrales hidroeléctricas reversibles para almacenamiento de energía. El mundo afronta una electrificación gradual de importantes actividades económicas, y nuestro país y nuestra industria no pueden quedarse fuera de esta enorme oportunidad, renunciando con ello a los beneficios que ello supone para nuestro bienestar social. Y como ocurre siempre en cualquier cambio disruptivo tecnológico, la infraestructura es la palanca clave para su consecución.