Expertos alertan sobre el veto a redes en menores de 16 años: "Puede generar una falsa sensación de seguridad"
2026-02-04 - 06:15
El Gobierno español ha sorprendido este martes con un anuncio para muchos inesperado: el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha declarado en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái que España prohibirá que los menores de 16 años accedan a las redes sociales. La noticia sorprende menos si se tiene en cuenta el contexto de alrededor: Australia aplica desde diciembre de 2025 una prohibición similar y, mucho más cerca, Francia también estudia restricciones de este tipo. Otros gobiernos europeos han debatido medidas parecidas en los últimos meses. Los motivos responden a la creciente preocupación por el impacto de las redes en la salud mental y la seguridad de los menores. Sin embargo, algunas asociaciones del sector tecnológico han recibido la medida con recelo. "No puede convertirse en una solución única" El Consejo General de Ingeniería Informática (CCII), aunque “valora positivamente” el anuncio de prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años y considera que “esta medida responde a una preocupación legítima de la sociedad y de las familias”, opina que, por sí sola, no puede convertirse en una solución única. El presidente del CCII, Fernando Suárez, señala que “limitar el acceso puede generar una falsa sensación de seguridad si no va acompañada de una educación digital para los menores, formación para las familias y para los docentes y una implicación real de las plataformas tecnológicas”. Este organismo alerta de que el acceso a contenidos inadecuados “no se limita únicamente a las redes sociales”. “Videojuegos, plataformas de streaming, mensajería, apuestas online o contenidos generados por inteligencia artificial forman parte del ecosistema digital al que los menores están expuestos diariamente”. Por ello, es “imprescindible” adoptar una estrategia global “que no demonice la tecnología, sino que fomente su uso crítico, responsable y saludable”. En su opinión, construir entornos digitales más seguros debe ser una tarea compartida entre administraciones públicas, plataformas tecnológicas, centros educativos, familias y profesionales. “El reto no es solo prohibir, sino educar, diseñar mejor y supervisar de forma efectiva. La tecnología bien empleada puede ser una aliada para proteger a los menores y garantizar un entorno digital más seguro para toda la sociedad”, concluye el presidente del CCII. Se trata de un mensaje con el que también están de acuerdo desde AMETIC, la asociación representante del sector de la industria digital en España: “Consideramos imprescindible la colaboración entre la industria, administraciones, familias y el sistema educativo”. Secundan también que “prohibir o imponer límites rígidos al acceso a redes sociales es una solución que puede resultar ineficaz e incrementar brechas a largo plazo”. En lugar de restringir la presencia de los menores en entornos digitales que ya forman parte de su realidad, proponen un enfoque que priorice su interés en el diseño de servicios y productos, establezca niveles de protección graduados según la edad y el riesgo y promueva que las familias puedan tomar decisiones informadas apoyadas por herramientas fiables, configuraciones seguras por defecto y una alfabetización digital real. Crear barreras que protejan a los menores Con respecto a los posibles mecanismos y desarrollos técnicos para afrontar el problema del acceso de los menores a las redes, el Consejo General de Ingeniería Informática insiste en que sí son posibles desde el punto de vista puramente tecnológico. Se pueden implantar mecanismos eficaces de verificación de edad siempre que se utilicen “sistemas robustos, supervisados y que cumplan con los estándares legales y éticos”, destacan. Asimismo, recuerdan que el CCII presentó, en colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), un sistema de verificación para Android e iOS “acorde a los requisitos legales y al decálogo de protección de menores”, el cual permitía acreditar la mayoría de edad sin ceder ni almacenar datos personales. “Este sistema demuestra que es posible proteger a los menores sin poner en riesgo la privacidad de los usuarios. Seguridad y derechos fundamentales no son conceptos incompatibles si se diseñan soluciones con rigor técnico y garantías jurídicas”, añade Suárez.