Fuencarral sostiene que solo se desalojará a los Vargas que viven en la nave y el resto del poblado queda en el limbo

2026-02-12 - 06:55

Alrededor de treinta miembros de la familia de los Vargas del poblado chabolista de la calle Antonio Cabezón esperaban una hora antes a las puertas de la Junta de Fuencarral-El Pardo a que comenzase el Pleno. En él han querido encontrar explicaciones y, sobre todo, soluciones a la orden de desalojo del Ayuntamiento de Madrid porque "es urgente actuar ante la situación de inseguridad del lugar que ocupan en la actualidad". El concejal del distrito, José Antonio Martínez Páramo, ha explicado que no se va a desalojar la totalidad del poblado, sino a "34 familias, 111 personas que están listadas en el número 61", donde se ubica la nave y que corren peligro por el estado de deterioro de la infraestructura. "No se les quiere echar, es por un tema de integridad física; de hecho los que están fuera de la nave, ahí van a seguir estando...", sostiene el concejal, quien ha pedido a los afectados presentes en la sala que "confíen en el Ayuntamiento porque les va a dar un solución". La última semana de enero la Policía Local entregó las cartas en las que se les comunicaba que la fecha límite para abandonar voluntariamente sus casas es el 10 de marzo. Pero se niegan a hacerlo sin una alternativa habitacional y rechazan los albergues y pisos compartidos que ya les han ofrecido los servicios sociales municipales. "No al desalojo, queremos realojo", han gritado en varias ocasiones. Páramo ha emplazado a los residentes del poblado a una reunión con los servicios sociales de la Junta de distrito el próximo 17 de febrero para analizar individualmente cada situación y buscar una solución habitacional. La concejala y secretaria general del PSOE en este distrito, Meritxell Tizón, ha llevado al Pleno una proposición para "que no se les eche y que, en caso de que haya que hacerlo, se les garantice una vivienda digna y no la opción de albergues saturados por un periodo de tiempo limitado". La iniciativa incluye tres puntos: formalizar un convenio con la Comunidad de Madrid "que garantice el realojo digno y permanente de las familias mediante los recursos públicos de vivienda disponibles", la puesta en marcha de un plan integral de intervención social, "con actuaciones colectivas e individualizadas, con especial protección a los menores, como paso previo y simultáneo al proceso de realojo", y que no se lleve a cabo el levantamiento del asentamiento "sin que esté previamente garantizada una alternativa habitacional adecuada para la totalidad de las familias afectadas". La socialista ha cifrado en "más de 50 las familias, 300 personas y más de 70 menores" los que han recibido la carta para que abandonen sus infraviviendas. Sin embargo, el concejal ha defendido que solo han de abandonar el lugar quienes viven en la nave: "Les ha hecho creer que se va a desalojar al 100% del poblado y no es verdad", le reprocha Martínez Páramo a Tizón. La cuestión es que la notificación del Consistorio también ha llegado a personas que residen alrededor de la infraestructura, en sus chabolas, por lo que la confusión se ha instalado en estos residentes. Y es que el problema es que las 111 personas a las que les ha llegado el escrito constan como empadronadas ante la Administración en la calle Antonio Cabezón, 61, la ubicación de la nave, aunque no vivan en su interior. De hecho, Yedra, una de las que reside en el local, asegura que únicamente viven cinco familias y que, a pesar de las advertencias porque su integridad física está en riesgo, están mejor que a la intemperie. "Si no nos mata la nave, nos van a matar dejándonos en la calle", lamenta. Además, el concejal del distrito ha justificado su rechazo a la proposición porque el convenio "lleva un trámite de seis meses a un año", lo que alargaría la burocracia. "¿Quiere que se les caiga la nave encima?", ha preguntado a su homóloga socialista. La reunión del próximo martes con los servicios sociales tratará de solucionar la situación y determinar quiénes, finalmente, han de abandonar el lugar. Precisamente, el área de Urbanismo justifica en el estado de mantenimiento del pabellón la orden de desalojo. El asunto viene de años atrás, tal y como se recoge en la misiva enviada: el 21 de mayo de 2021, el director general de Edificación adoptó una resolución de medidas de seguridad en relación con la finca situada en la calle de Antonio de Cabezón, 61, apercibiendo a la propiedad que, en el supuesto de que se produjera un incumplimiento de lo ordenado, serían los técnicos municipales los que actuarían subsidiariamente. Y es lo que ha ocurrido. Por ello, la intervención que ahora va a llevar a cabo el Consistorio, aunque con cargo al propietario, incluye medidas para garantizar la estabilidad de la estructura y cerramientos, para garantizar la evacuación de las aguas y para evitar la caída incontrolada de elementos de chapado de la parte superior de la fachada principal, el cierre de huecos que eviten el paso de agua, eliminar elementos inestables de estancias interiores de tabiques y techos de materiales diversos, mediante el desmontaje de las estancias levantadas en el interior de la finca y, al finalizar la actuación, medidas de seguridad conducentes a evitar el acceso incontrolado y uso de las dependencias mediante el cierre efectivo de huecos y accesos.