García Ortiz paga la sanción del TS de 17.200 euros con el dinero recolectado por parte de la Unión Progresista de Fiscales

2026-01-30 - 15:46

El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha pagado la sanción de 17.200 euros que le impuso el Tribunal Supremo como parte de la condena por un delito de revelación de secretos. Del total de esa cuantía, 10.000 euros conforman la indemnización a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, cuyos datos reveló el entonces fiscal general "o alguien de su entorno, con su conocimiento", según concluyó la Sala de lo Penal. El resto del dinero ha sido abonado en concepto de multa. Los fondos empleados para afrontar la sanción han sido recolectados por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) que antaño presidió García Ortiz, a través de una campaña de recaudación solidaria. Según fuentes del Supremo, el tribunal ha remitido un escrito a González Amador en el que solicita la información necesaria para ingresar la indemnización en su cuenta bancaria. Asimismo, en una diligencia de ordenación, el Supremo ha acordado "transferir a favor del Tesoro Público" los 7.200 euros de multa que fijó la Sala de lo Penal presidida por Andrés Martínez Arrieta, ponente de la sentencia que condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado. Tal y como informó la defensa de García Ortiz, a cargo de la Abogacía del Estado, el dinero empleado para sufragar la sanción impuesta procede de "aportaciones voluntarias" realizadas a través de la UPF. El fiscal general "asume el pago como propio", detallan fuentes del Tribunal Supremo. La asociación de fiscales impulsó en diciembre una campaña para ayudar a García Ortiz a afrontar "las responsabilidades económicas", una iniciativa "de carácter estrictamente voluntario y solidario". La UPF ha defendido desde el inicio —y seguirá defendiendo en todos los foros jurídicos e institucionales— la inocencia del fiscal general del Estado", rezaba el escrito en el que se llamaba a financiar las sanciones impuestas al susodicho. En un llamamiento a la "solidaridad profesional y humana" frente a una condena "injusta", la UPF definía el apoyo financiero a García Ortiz como un "ejercicio de compromiso colectivo y una afirmación de que ningún fiscal debe quedar solo cuando actúa conforme a la ley y a su conciencia profesional".