Gonzalo Bernardos habla claro sobre la ley de vivienda: «No ha habido otro Gobierno que haya hecho tanto para que el precio suba»
2026-03-11 - 15:13
El precio de la vivienda no deja de subir en España desde hace años, especialmente en las grandes ciudades y en las llamadas zonas tensionadas. Ante esta situación, el Gobierno ha optado en los últimos años por tratar de intervenir el mercado a través de la regulación. Pero, ¿qué efectos reales han tenido estas medidas? Sobre este tema ha reflexionado recientemente el economista Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona y habitual analista en programas de televisión, durante una entrevista en el canal de YouTube Property Buyers, donde ha analizado los efectos de la ley de vivienda, el control de los alquileres y el impacto que, a su juicio, estas medidas están teniendo sobre el mercado inmobiliario. Según Bernardos, las políticas adoptadas en los últimos años no solo no han solucionado el problema, sino que en su opinión han contribuido a agravarlo. «Nunca en la historia reciente de España ha habido un gobierno que haya hecho tanto para que el precio de la vivienda suba, suba y suba», afirma el economista, que atribuye esta situación a las políticas impulsadas por la coalición entre PSOE y Sumar. El profesor sostiene que muchas de estas medidas parten de una premisa equivocada sobre el funcionamiento del mercado. A su juicio, el control de precios se ha presentado como una solución sencilla a un problema complejo. «Se vende como una especie de pócima mágica», explica, al prometer que los ciudadanos podrán vivir en cualquier zona simplemente limitando el precio del alquiler. Bernardos recuerda que el control de precios en el alquiler ya existió en España durante décadas del siglo XX, entre 1921 y 1985, y asegura que sus efectos fueron similares a los que se están viendo ahora. Según sus datos, en Barcelona el 81% de la población vivía de alquiler en 1950, mientras que en 1990 esa cifra había caído hasta el 23,6%. En Madrid, añade, el porcentaje pasó del 82% al 16% en ese mismo periodo. A su juicio, las medidas que buscan proteger a los inquilinos más vulnerables también han generado efectos indirectos sobre el mercado. Bernardos recuerda que, tras la pandemia, se reforzaron las limitaciones a los desahucios en determinados casos. «En 2020 todos estábamos de acuerdo en que no se podía desahuciar a alguien vulnerable en plena pandemia», explica. Sin embargo, considera que la prolongación de estas medidas en el tiempo ha generado incertidumbre entre los propietarios. Esa incertidumbre, según el economista, ha modificado el comportamiento de muchos arrendadores. «Los propietarios tienen dos prioridades: que les paguen cada mes y que les cuiden bien el piso», señala. Si temen que un inquilino pueda declararse vulnerable y el proceso de desahucio se alargue durante meses, explica, tienden a endurecer las condiciones de acceso al alquiler. En Cataluña, pone como ejemplo, el proceso judicial para recuperar una vivienda puede prolongarse durante casi dos años. «Puedes tardar 23 meses en sacar a alguien del piso», asegura. Esto ha llevado a muchos propietarios a exigir ingresos mínimos más altos a los candidatos a inquilinos, lo que, según Bernardos, termina excluyendo precisamente a las personas con menos recursos. El economista también cuestiona algunas de las explicaciones más habituales sobre el aumento del precio del alquiler, como el impacto de las viviendas turísticas. En Barcelona, señala, su peso en el conjunto del parque residencial es relativamente reducido. «En Ciutat Vella, el distrito más turístico, hay alrededor del 4% y en el conjunto de la ciudad apenas el 1,18%», afirma, añadiendo que en los últimos años incluso han disminuido ligeramente. En su opinión, el problema de fondo sigue siendo el mismo: un fuerte aumento de la demanda frente a una oferta limitada. «Si tienes mucha demanda y poca oferta, lo que tienes que hacer es aumentar la oferta», resume. De lo contrario, advierte, las regulaciones pueden acabar teniendo el efecto contrario al buscado y contribuir a que cada vez haya menos viviendas disponibles en el mercado del alquiler.