Hacia una España premesopotámica

2026-03-04 - 18:33

No es concebible la existencia de civilización alguna sin derechos de propiedad, algo que el sabio David Hume dejó escrito –para siempre– en su memorable y vigente 'Tratado de la naturaleza humana' (1740), al señalar las tres leyes fundamentales –antes de que existiera Gobierno– de la vida en sociedad: la estabilidad de la propiedad, el intercambio por consenso y el cumplimiento de las promesas. La propiedad nació hará unos diez mil años asociada a las primeras sociedades sedentarias, entre las que destaca la mesopotámica. El Estado aparece entonces para regularla y protegerla, mediante leyes, registros y normas que garantizan la posesión, transmisión y herencia de bienes. El primer código del que tenemos noticias, descubierto por el dominico Jean Vicent Scheil en 1902, escrito en su famosa estela expuesta en el Museo del Louvre fue debido a Hammurabi, uno de los grandes reyes de Mesopotamia. Para nuestro gran civilista y arquitecto de la Institución Libre de Enseñanza, José Castillejo, en su memorable ensayo 'Democracias destronadas' (2008), «desde la Antigua Grecia, las democracias ha florecido allá donde la propiedad privada era originalmente un factor emancipador y un símbolo de la libertad». Añade que «desde los tiempos de la antigua Roma hasta finales del siglo XIX, una experiencia universal en los países civilizados, había relegado las cuestiones de propiedad y trabajo al campo del derecho privado, porque se consideraba que, como habían expresado los juristas romanos, se ocupaban de intereses privados, no públicos; (...) una transmisión o división de una propiedad, no eran asuntos de la comunidad, porque no era un tema de poder o soberanía; sino una mera declaración de derecho por un magistrado imparcial, independiente y competente». Para santo Tomás de Aquino, «cada uno es más solícito en gestionar aquello que con exclusividad le pertenece que lo que es común a todos, puesto que cada cual, huyendo del trabajo, deja a otros el cuidado de lo que conviene al bien común»; además, «porque se administran más ordenadamente las cosas humanas si a cada uno le incumbe el cuidado de sus propios intereses». Según nos dejo dicho John Locke, «la propiedad surge cuando una persona mezcla su trabajo con la naturaleza; es un derecho natural». Para Jean-Jacques Rousseau, «la propiedad privada es el origen de la desigualdad social»; para Karl Marx y Friedrich Engels , «la propiedad privada nace con la división de clases y sirve para la explotación económica». Es evidente, a estas alturas de la historia, que allá donde se respetó la doctrina de Locke las sociedades progresaron sin cesar, mientras que donde se impuso el socialismo los resultados han sido desastrosos. También sostiene Castillejo que «el mayor daño del socialismo a la democracia ha sido intentar acabar con el derecho privado y despreciar sus doctrinas», tal y como está sucediendo en la España de nuestros días. Con la excusa del covid, el Gobierno socialista de entonces, en vez de ocuparse pésimamente –en muertes y decadencia económica los peores de la OCDE– de la pandemia aprovechó la ocasión, para entre otras similares hazañas legislativas entrometer el Estado donde nunca ha debido estar: manoseando el derecho privado –incluida la propiedad de la vivienda– desde el Derecho público, para caminar hacia un Estado totalitario. Entre las muchas propiedades que solemos tener, la de la vivienda ocupa un papel especialmente importante en España, como expresión de la capitalización de nuestros esfuerzos económicos. Es muy poco conocido el concepto económico de 'riqueza', acostumbrados como estamos a hablar de 'renta', ya sea nacional (Producto Interior Bruto) o per cápita. Mientras que ésta se deriva de los ingresos procedentes del trabajo y los rendimientos del capital, aquella se refiere al patrimonio: fundamentalmente vivienda y ahorros financieros. Y aún es menos sabido cómo ha evolucionado la riqueza personal en España en el reciente pasado. Hasta la llegada al Gobierno del socialismo del siglo XXI, España –con datos de la Unión de Bancos Suizos (USB)– se había situado como uno de los países con mayor riqueza per cápita del mundo, y por encima de su posición por renta. Dicha riqueza, a diferencia de otros países ricos, está mucho más basada en la propiedad inmobiliaria que en los ahorros financieros. Sin embargo, el último informe de USB para 2025 pone de relieve que con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa los españoles perdieron un 43 por ciento de su riqueza per cápita, para recuperarnos con Mariano Rajoy y volver a caer de nuevo con Pedro Sánchez , desde 2020 hasta ahora. En el periodo 2008-2024 España, junto con Italia y Grecia, registró los peores resultados entre todos los países estudiados por USB. Como en tantos otros ámbitos, el Gobierno actual ha venido desplazando institucionalmente España desde sus espacio natural –entre los países más ricos y civilizados– que tanto nos costó lograr hacia territorios tercermundistas sin seguridad jurídica y al margen del Estado de derecho. En ningún país de referencia ha hecho falta nunca, que un magistrado de su justicia, haya sacado a la luz un documento como: 'Cincuenta claves para resolver la ocupación ilegal de inmuebles y ante el impago de rentas', de Vicente Magro Servet, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde 2018. Según este magistrado, en 2024 hubo 16.500 denuncias por ocupación ilegal de inmuebles; más de 20.000 viviendas ocupadas están hoy a la venta; el 'stock' de viviendas en venta descendió un 20 por ciento en 2025; la 'inquiokupación' es un evidente delito de estafa que convierte al propietario en víctima; se hacen normas para coadyuvar los retrasos en la entrega de la posesión; los juicios rápidos están fracasando; la vulnerabilidad es unidireccional en favor del ocupante; según el Alto Tribunal en 2024, organizaciones criminales conforman un entramado dedicado a violentar la propiedad de viviendas desocupadas para alquilarlas a terceros. También se pregunta el magistrado Vicente Magro ¿y qué ocurre en Europa? La respuesta es que ningún país ha legislado como aquí para dar marcha atrás a uno de los originales y primordiales logros de cualquier civilización. Un próximo gobierno no puede librarse de suspender el proceso premesopotámico protagonizado por el social-comunismo para que España regrese al orden civilizado que nunca debió abandonar.