Junts cumple su amenaza y tumba al Gobierno el decreto que incluye la subida de las pensiones

2026-01-27 - 15:00

A partir de este miércoles, en España se reanudarán los procedimientos para desahuciar a familias vulnerables que no pueden pagar el alquiler, y las compañías energéticas podrán cortar la luz, el agua y el gas a los hogares que no tengan los ingresos suficientes para pagar estos suministros. Esas son solo dos de las consecuencias que tendrá la decisión del Congreso de rechazar la convalidación del decreto de escudo social, que decayó este martes tras el voto en contra de PP, Vox y Junts. La subida de las pensiones para 2026, que el Gobierno introdujo en este decreto, también queda derribada, por lo que el Ejecutivo se verá abocado a aprobarla de nuevo —como le exigió la oposición— para evitar una reducción en la cuantía de las prestaciones en el próximo pago del mes de febrero. Aunque no anunció el sentido de su voto hasta el último momento, la posición de Junts fue clave para decantar la balanza en contra del decreto. Los independentistas catalanes, por boca de su portavoz, Míriam Nogueras, se mostraron muy duros contra el Ejecutivo, a quien acusaron de intentar hacer "chantaje" al Congreso por haber mezclado en el mismo texto las medidas antidesahucios o la prórroga de las ayudas por la DANA de Valencia con la subida de las pensiones. Y, como hizo posteriormente el PP, se mostraron expresamente a favor de la revalorización de estas prestaciones y expresamente en contra de mantener suspendidos los desahucios de familias que no pueden pagar el alquiler, con el argumento de que esa medida fomenta la okupación. "Pensiones sí, okupaciones no", sostuvo Nogueras, que espetó al Gobierno que a Junts no se le puede "obligar a votar a favor de que no puedas hacer nada si te ocupan el piso y no te pagan el alquiler". "Ayudar a los vulnerables claro que sí, pero eso es responsabilidad de la administración, no del pequeño propietario", pero "dejar tiradas a las personas que sufren las okupaciones nunca, ni dar por buenos los impagos", sostuvo la portavoz independentista, que prometió apoyar "la revalorización de las pensiones cuando las presenten sin el chantaje de mantener el respaldo a las okupaciones y los impagos que sufren miles de familias de Cataluña". Nogueras aseguró en su discurso que la suspensión de los desahucios perjudica a los "pequeños propietarios" con un piso en alquiler. No obstante, lo cierto es que esa afirmación es reduccionista. El decreto derribado este martes prorrogaba hasta el 31 de diciembre la suspensión de los procedimientos de desahucio solo de las familias que acreditaran tener ingresos tan bajos que les impiden hacer frente al pago del alquiler. Y solo se amparaba dentro de esta suspensión a los okupas cuando el piso en cuestión pertenecía a un propietario de más de 10 viviendas o a una empresa, siempre y cuando la persona ocupante fuera dependiente o víctima de violencia de género y además acreditara su vulnerabilidad económica. Además, la suspensión de los desahucios contenida en el decreto no era aplicable a los casos de okupación cuando