Juzgan a un exempleado de la CHG que cobraba por falsear informes para regularizar pozos ilegales
2026-03-18 - 14:20
La Audiencia de Sevilla ha iniciado este miércoles un juicio, contra un extrabajador de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y su esposa, acusados de un presunto delito de blanqueo de capitales con relación a las ganancias obtenidas por falsear documentación oficial para la regularización de pozos ilegales, siendo este hombre despedido en 2017 por valerse de su puesto para obtener beneficios indebidos. El juicio ha comenzado así este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, donde han prestado declaración ambos acusados, tras lo cual han comenzado las comparecencias de los testigos y los peritos citados para la vista, que finalizará en principio este jueves. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por este periódico, el principal acusado fue trabajador de la CHG entre 1999 y 2007 y habría sido denunciado en el primero de tales años ante los Juzgados de Écija, por falsear presuntamente informes de pozos de riego a cambio de dinero , si bien «finalmente fue absuelto», pesando sobre él un periodo de seis meses de suspensión de empleo y sueldo. Fue ya en 2008 cuando fueron elevadas a la Fiscalía, mediante una denuncia anónima, supuestas «actividades ilícitas llevadas a cabo por funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir consistentes en falsedades documentales y manipulación de expedientes a cambio de ingentes cantidades de dinero, que en algunas ocasiones ascendían a 150.000 euros , y que cobraban de propietarios de fincas rústicas, señalándose al acusado como persona de contacto entre los propietarios y el ente público». Aunque aquel procedimiento judicial derivó en una sentencia inicial condenatoria de la Sección Séptima de la Audiencia por un delito de cohecho, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el TSJA , acabó revocando la condena en 2016 «por una cuestión técnica, al entender que la conducta probada no había sido calificada jurídicamente de forma correcta, aunque se aceptó como probado que el denunciado había solicitado a un particular la cantidad de 5.000 euros», según la Fiscalía. Posteriormente, como consecuencia de una investigación llevada a cabo en los años 2014 y 2015 por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial a instancias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y cuya instrucción se siguió en el Juzgado de Instrucción número cinco de Sevilla, que en 2019 declaró prescritos los hechos; el principal acusado del caso f ue vinculado de nuevo «con actividades delictivas, en este caso con el cobro de importantes cantidades de dinero, que oscilaban entre los 50.000 euros y los 60.000 euros, a más de una veintena de propietarios de fincas con pozos de regadío no regularizados a los que ofrecía (...) documentación falsa» de la CHG, para simular situaciones ficticias de silencio administrativo susceptibles de recurso por la vía Contencioso Administrativa. «La vinculación del acusado a estas falsedades se extrae de un informe realizado por el Servicio de Documentoscopia de la Brigada Provincial de la Policía Científica de Sevilla, que concluyó que el denunciado realizó de su puño y letra cuatro de los documentos falsos presentados con los recursos contencioso-administrativos, provistos de su correspondiente sello de entrada de la CHG (...) y que realizó de su puño y letra cinco copias de solicitudes de expedición de certificados de 'acto presunto desestimatorio', así como los guarismos de dos copias más de las solicitudes», agrega la Fiscalía. Pesa en el asunto, según el escrito de acusación, el testimonio de un hombre hijo del dueño de una finca que falleció allá en 2011, que reconoció fotográficamente al acusado «como el trabajador de la CHG que en 2008, en compañía de un tercero, se personó en la finca de su padre y le pidió 9.000 euros a cambio de informar e los pozos de la finca , teniendo constancia del pago al acusado por esta gestión». Además, en el registro de su vivienda fueron localizados 57.665 euros en metálico, ajuar doméstico de elevado valor económico consistente en relojes y otras piezas de alta joyería así como numerosa documentación relacionada con la actividad delictiva entre la que se encontraban solicitudes de legalización de pozos de riego y acreditaciones varias a su nombre tanto de la CHG como de los ministerios de Agricultura y de Obras Públicas y dos coches de alta gama de la marca Mercedes, según el Ministerio Público. Es más en 2017 la CHG acordó su despido disciplinario por haber incurrido en una falta disciplinaria muy grave, consistente en «la prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido», según relata la Fiscalía, que conecta tales hechos con un «injustificado aumento de patrimonio» de este hombre y de su mujer, que pese a contar con unos ingresos declarados de poco más de 26.000 euros al año, poseen nueve inmuebles libres de cargas, tres coches, dos planes de pensiones de 115.735 y 31.773 euros , una cuenta de valores de 369.415 euros y 17 activos financieros por importe de más de un millón de euros, entre otros aspectos. Dado el caso, la Fiscalía pide para cada uno de los dos acusados cinco años de prisión por un delito de blanqueo de capitales, sendas multas de tres millones de euros y en el caso del exempleado de la CHG, tres años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión.