Koldo García y Ábalos piden apartar a cinco magistrados del juicio de las mascarillas y el Supremo lo rechaza

2026-02-12 - 12:35

Las defensas de Koldo García y José Luis Ábalos han solicitado apartar del juicio de las mascarillas a cuatro de los magistrados que formaron parte de la Sala de Admisión que dio pie a la apertura de la causa en el Tribunal Supremo. Se trata del presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y de los magistrados Manuel Marchena, Andrés Palomo y Eduardo Porres. Además, han solicitado recusar al magistrado Julián Sánchez-Melgar, ex fiscal general del Estado nombrado por el PP, al entender que hay una "manifiesta afinidad" con esta formación, personada como acusación popular en la causa. La Sala ha rechazado su solicitud tras deliberar en un breve receso. Tanto el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, como las acusaciones populares lideradas por el PP y el letrado de Víctor de Aldama se han opuesto "radicalmente" a estas recusaciones planteadas por la letrada de Koldo García, a las que se ha adherido el abogado de Ábalos. Luzón ha apuntado que la solicitud de recusación formulada por Leticia de la Hoz es extemporánea. Además, es improcedente porque "no concurre ninguna de las causas de recusación recogidas legalmente". Cuando todas las partes personadas en la audiencia preliminar se han pronunciado al respecto, el presidente Martínez Arrieta ha anunciado que se iba a celebrar un receso de unos 15 minutos para "deliberar sobre este extremo concreto". Finalmente, la Sala ha rechazado la solicitud al entender, en línea con Anticorrupción, que se ha formulado de forma "extemporánea". Martínez Arrieta ha explicado que el artículo 223 de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) señala un plazo de diez días para formular recusaciones tras conocerse la composición de la Sala de enjuiciamiento. En este caso, se comunicó el 14 de enero, hace ya casi un mes. Koldo pide llevar el juicio a la Audiencia Nacional y quedar en libertad La abogada Leticia de la Hoz ha pedido que se envíe el juicio a la Audiencia Nacional, en lugar de celebrarse en el Tribunal Supremo. Dado que José Luis Ábalos ya no está aforado ante la Sala Segunda del Supremo, la letrada considera que la trama de las mascarillas debe seguirse en la Audiencia Nacional, como el resto del caso Koldo que se encuentra aún en fase de investigación. El Supremo, en cambio, decidió enviar a la Audiencia tan solo aquello que se encuentra en fase de instrucción, al entender que al haberse abierto ya el juicio oral por la trama de las mascarillas cuando Ábalos dejó el escaño, este debe celebrarse en el Supremo. Para De La Hoz, la causa se mantiene en el alto tribunal "de forma arbitraria" en base a un "acuerdo interno del Tribunal Supremo" que no tiene rango de "norma". A su juicio, la causa puede pasar a ser competencia de la Audiencia Nacional "en cualquier momento antes del día del juicio". El abogado de Ábalos, Marino Turiel, se ha adherido a esta petición. El letrado de Aldama, en cambio, se ha opuesto a pasar el procedimiento a la Audiencia Nacional. Este abogado, José Antonio Choclán, opina que el Supremo "es competente de manera inequívoca", y ha defendido que "el aforamiento es un privilegio". La letrada ha pedido sin éxito que la Sala parase a deliberar de inmediato sobre esta cuestión. Y ha afirmado que, en caso de trasladarse la competencia a la Audiencia, se debe levantar la prisión provisional de Koldo García. Aquella medida se acordó por el "riesgo de fuga" que apreció el juez del Supremo Leopoldo Puente, dado que García y Ábalos se enfrentaban a un juicio cada vez más "próximo" con peticiones de condena muy elevadas. Según ha razonado la letrada, si el proceso pasa a la Audiencia Nacional el juicio no estará tan "próximo" y procederá la "inmediata libertad" de su cliente. De La Hoz también representa a la exmujer de García, Patricia Úriz, y a su hermano. "Se les acusa por los mismos hechos. ¿Por qué si ninguno es aforado, mi cliente sigue la suerte un aforado?", ha expuesto la abogada, "no tiene ninguna lógica desde el punto de vista procesal". De La Hoz ha lamentado que Úriz y Joseba García tengan "derecho al doble recurso" y Koldo García no. Por tanto, ha reclamado que, en caso de que no se envíe el juicio a la Audiencia Nacional, el Supremo plantee una "cuestión prejudicial" ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y se suspenda el procedimiento hasta que este tribunal resuelva. A su juicio, la permanencia del proceso en el Supremo vulnera la tutela judicial efectiva y el derecho al juez predeterminado por la ley, así como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Dado que la Sala no ha suspendido la sesión, la abogada de Koldo García ha pasado a invocar diversas causas de nulidad, tratando así de anular el proceso penal que se dirige contra su representado. Por un lado, ha expuesto que García está siendo investigado "por hechos idénticos" en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. "Es algo que yo, personalmente, no he entendido nunca", ha expresado, y ha lamentado que no se le ha dado acceso "a nada" de lo que "se investiga en la Audiencia Nacional". También ha lamentado que no se le haya dado acceso a todos los dispositivos electrónicos que la UCO requisó del domicilio de Koldo García, y que conforman uno de los principales sustentos de la investigación. Esto vulnera su defensa y, según ha expuesto, "es una causa de nulidad como un castillo de grande". Asimismo, De La Hoz ha afirmado que la investigación se ha extralimitado más allá del suplicatorio que concedió el Congreso de los Diputados para investigar a Ábalos, dado que la petición del Supremo se limitaba a los contratos de material sanitario, sin incluir los fichajes de Jésica Rodríguez y Claudia Montes en Ineco y Tragsatec. Además, la abogada ha solicitado que un tribunal del jurado realice el juicio. Ábalos denuncia que se le investigó sin permiso cuando era diputado El letrado de Ábalos, Marino Turiel, sostiene que en el procedimiento se ha vulnerado "la inmunidad parlamentaria" de su representado. El letrado se ha remitido a un disco duro que la UCO encontró en casa de Koldo García en el momento de su detención, mucho antes de que Ábalos fuese imputado con el permiso del Congreso de los Diputados. Ese disco duro pertenecía a Ábalos, y el juez instructor permitió que la UCO lo investigase. Además, ese disco duro no se puso a disposición del exministro durante la fase de instrucción, lo que al parecer de Turiel implica una vulneración del "principio de igualdad de armas".