La acusación popular impugna la petición de Íñigo Errejón de frenar el juicio por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

2026-02-24 - 18:23

La acusación popular que ejerce la asociación de Adive ha impugnado el recurso en el que Íñigo Errejón pide el archivo de la causa que se sigue contra él por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá. Mientras que la defensa del exportavoz de Sumar considera que la renuncia de la actriz a ejercer la acusación fue "irrevocable", el abogado de Adive, Jorge Piedrafita, argumenta lo contrario, en línea con la postura del instructor Adolfo Carretero. Mouliaá presentó su renuncia a ejercer la acusación el 4 de febrero, en un escrito que remitió sin asistencia letrada. El juez interpretó que no era válido, de modo que dio un plazo a Mouliaá para subsanar el error. La intérprete regresó a Plaza de Castilla (Madrid) el día 10, esta vez con su abogado. Pero en lugar de ratificar su renuncia, confirmó que permanecería en la causa. Entre tanto, la defensa de Íñigo Errejón remitió otro escrito señalando que la renuncia de la denunciante es "irrevocable", pero el juez Carretero acordó continuar con el procedimiento. La abogada del exportavoz parlamentario recurrió en reforma esta decisión, y Piedrafita ha impugnado este último recurso. A lo largo de nueve folios, el abogado expone una lista de argumentos para respaldar que aquella renuncia de Mouliaá no tuvo validez y que, en todo caso, la causa podría seguir adelante sin su personación, dado que Adive ya ejerce la acusación popular. La acusación popular defiende que la renuncia es un acto de gran "trascendencia procesal" y que requiere "por su naturaleza y consecuencias, comprensión técnica y estrategia procesal mínimamente idónea". La asistencia de un abogado (con la que no contó Mouliaá al renunciar) "opera como garantía estructural de validez y eficacia en el ámbito penal". "Sin dirección letrada, el denunciante queda expuesto a errores de encuadre fáctico-jurídico y a decisiones no informadas que comprometen la efectividad de la tutela judicial", concluye el letrado, y apoya por tanto que el juez llamase a Mouliaá a subsanar el error procesal que supuso no incluir la firma de su abogado Alfredo Arrién. Frente a la defensa de Errejón, que ve un fraude procesal en el hecho de que se inadmitiera la renuncia, Piedrafita considera que la actuación del juez atendió a "una decisión legítima de ordenación del procedimiento". Por otro lado, el abogado apunta que el delito por el que se sigue la causa es público, de modo que el proceso no debe quedar "desactivado por meras contingencias estratégicas de las partes, máxime cuando ya se ha dictado auto de apertura de juicio oral". Este es un "hito procesal" que expresa que "el órgano judicial aprecia base suficiente para someter los hechos a enjuiciamiento". En definitiva, Piedrafita sostiene que la causa puede continuar aún sin la acusación particular de Mouliaá, dado que "la clave no es quien impulsa, sino que el impulso sea leal".