La carrera 'contrarreloj' por los fondos para recuperar al campo de las lluvias

2026-02-22 - 07:33

Apenas se ha ido el tren de borrascas, que ha azotado a casi todo el país desde principios de enero, y ya toca debatir cómo financiar la reconstrucción. Una partida que se jugará entre Bruselas y Madrid. Desde el Fondo de Reserva de la Política Agraria Común (PAC), dotado de 450 millones de euros anuales y que permanece inédito en este ejercicio, pasando por el Fondo de Solidad de la Unión Europea (FSUE) y los Fondos Next Generation. El ministro de Agricultura, Luis Planas, solicitó hace más de una semana activar la 'hucha' para emergencias de la PAC. Una petición que también ha realizado Portugal, y que ha culminado en la visita a Andalucía del comisario de Agricultura Christophe Hansen. Fuentes del Ministerio de Economía destacan que la activación de este Fondo ya ha sido avalada por la Comisión Europea, y que también está abierta, a reprogramar parte de los 'Next Generation' y a que se acuda al Fondo de Solidaridad. ¿Una inoportuna renuncia? En Economía confirman que contemplan la reorientación de algunas partidas de los 'Next Generation', cuya vigencia concluye este próximo mes de julio. Un debate que se produce casi 3 meses después de que el Consejo de Ministros avalara la renuncia a 60.000 millones de euros, en créditos a cargo de los Fondos Next Generation. Esto supuso que, de los 83.000 millones de euros en préstamos con requisitos ventajosos, España solo solicitara 22.800 millones. Es decir, apenas una tercera parte de los disponible. Fuentes Ministerio de Economía destacan a La Información que la activación del Fondo de Reserva de la PAC ya ha sido avalada por la Comisión Europea. Además, añaden, Bruselas está abierta a reprogramar parte de los 'Next Generation' y a que se acuda al Fondo de Solidaridad. La decisión fue justificada por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, "en la buena marcha de la economía". Analistas como la economista de Coface para el sur de Europa, Laurine Pividal, relaciona esta decisión con la mejora de la situación de España en los mercados "por lo que para el Gobierno es mejor pedir ahí directamente fondos porque, al menos, no tiene que responder a las reformas ni acondiciones de inversión que suponen los fondos europeos". La iniciativa, en manos de España Fuentes consultadas detacan que, en los casos del Fondo de Reserva y de Solidaridad (FSUE), estos deben ser solicitados por el propio estado miembro afectado. España no ha ocultado su disponibilidad a recabar el apoyo de ambos. A la primera puerta ya han llamado España y Portugal ante el rastro de destrucción dejado por la sucesión de borrascas. Esta 'hucha', que cuenta con 450 millones de euros cada año, está orientada al apoyo de agricultores y ganaderos en caso de crisis como la irrupción de enfermedades animales, perturbaciones en los mercados, fenómenos meteorológicos y unos precios elevados de la energía y los insumos. Tanto el ministro de Agricultura, Luis Planas, como su homólogo portugués José Manuel Fernandes han solicitado formalmente su activación. Fuentes conocedoras explican que España deberá envíar, en las próximas semanas, un informe con una evaluación lo más exacta posible de las pérdidas a la Comisión Europea. Algo que, añaden desde el departamento de Planas, deberá esperar a que el nivel del agua baje y permita el acceso a miles de explotaciones para estimar el daño real. En provincias como Cádiz, según se va retirando el agua, están quedando al descubierto decenas de animales muertos y más cultivos dañados. Los 'límites' de la solidaridad europea En el lado portugués, que envió su solicitud al comisario europeo de Agricultura Christophe Hansen unos días antes que España, han puesto sobre la mesa una cifra preliminar de daños: 500 millones de euros en el sector agrícola. Una estimación a la que añade otros 275 millones de pérdidas para la actividad forestal. Hansen ha visitado esta semana las zonas más afectadas por las precipitaciones en ambos países y mantenido encuentros con representantes de las principales organizaciones agrarias. En su paso por Jerez de la Frontera (Cádiz), acompañado por el presidente de Andalucía Juanma Moreno, ambos analizaron las diversas líneas que se pueden activar para ayudar a los agricultores y ganaderos. Desde la mencionada Reserva de Crsisis pasando por el Fondo de Solidaridad Europeo (FSUE) y una eventual reorientación de parte de los fondos Next Generation. "Llevamos un mes bajo el agua. Los agricultores y ganaderos están desesperados y con pérdidas millonarias", Luis Ramírez (Asaja Cádiz) Desde organizaciones agrarias como Asaja Cádiz no ocultan su escepticismo sobre el alcance del 'Fondo de Reserva': "Llevamos un mes bajo el agua. Los agricultores y ganaderos están desesperados y con pérdidas millonarias", así resumen la situación en esta asociación agraria. Su secretario general Luis Ramírez, hace un rápido cálculo para La Información: estiman unas pérdidas preliminares en Cádiz, solo en producción agraria y ganadera, de 527 millones y el instrumento para urgencias de la PAC cuenta con un máximo de 450 millones al año. "Es casi la mitad de lo que va a poner la Consejería de Agricultura de Andalucía con fondos propios", apunta Ramírez en referencia al 'Plan Andalucía Actúa' que prevé ayudas directas de 700 millones de euros para el campo andaluz. Primeras ayudas: Andalucía y el Gobierno "Son 450 millones para toda Europa y con un procedimiento lento para echarlas a andar. Esto es una visita y poco más, sin nada en firme ni un esfuerzo adicional que sea acorde con los datos en la provincia de Cádiz", abunda el representante de Asaja sobre la presencia del comisario europeo. Mientras que el camino más rápido, para percibir las primeras indemnizaciones y ayudas está mucho más cerca que Bruselas: Andalucía y el Ministerio de Agricultura. El gobierno autonómico aprobó este martes el 'Plan Andalucía Actúa' con una dotación superior a los 1.780 millones de euros, nacido de reprogramar varias partidas de los presupuestos andaluces, y que contempla 700 millones para ayudar a los agricultores damnificados. Ese mismo día, el Consejo de Ministros, daba luz verde a un real decreto con medidas de compensación para los afectados por las borracas en Andalucía y Extremadura. Solo en medidas para el sector agrario prevé una dotación superior a los 2.800 millones de euros en concepto de ayudas directas para agricultores y armadores, así como para subvenciones adicionales para los titulares de seguros agrarios y la restauración de infraestructuras (caminos, regadíos...). Solo en el primer capítulo se ha habilitado un fondo especial con cargo al presupuesto del Ministerio de Agricultura de 2.121 millones de euros estableciéndose una ayuda mínima de 5.000 euros y no superior a los 25.000 euros por beneficiario. El Gobierno dedicará hasta 2.121 millones de euros en ayudas directas, estableciendo un desembolso mínimo de 5.000 euros y un máximo de hasta 25.000 euros por beneficiario Ramírez (Asaja Cádiz) lamenta que "aún no haya llegado ni un céntimo a los bolsillos de agricultores y ganaderos". Sobre las ayudas del Gobierno, el secretario general de esta organización agraria en esta provincia andaluza las considera "insuficientes" y critica también el formato al que se acogen, el de "minimis" (pequeñas ayudas de estado con un máximo de 300.000 euros en 3 ejercicios fiscales). El representante de Asaja Cádiz pone sus esperanzas en las subvenciones de la Junta de Andalucía sobre las que solo se conoce su cuantía global (700 millones): "El presidente ha dicho que se podrán solicitar a principios de abril y que estarán abonadas a primeros de junio, pero desconocemos cómo van a venir", destaca. Además de las ayudas directas a los productores, el real decreto del Ejecutivo también contempla apoyos extraordinarios para los tenedores de pólizas de seguros agrarios que ascenderán a 28,85 millones. A lo que se añade la reparación de infraestructuras, que contará con un montante de 600.000 euros. Además se habilita una línea de financiación - 'ICO- MAPA-SAECA BORRASCAS' - para las explotaciones agrícolas dañadas de 100 millones de euros, con la que el Estado avalará el 15% de los créditos que soliciten los agricultores afectados.