La coalición de Gobierno vuelve a chocar en la redacción del decreto anticrisis

2026-03-13 - 04:53

Nuevo decreto y nuevo choque. Los socios de la coalición de Gobierno mantienen cierta sintonía en que es necesario tomar medidas para hacer frente a la posible escalada de precios que podría avecinarse a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. De momento, el foco está en los carburantes, con precios disparados desde hace días, y también se mira de reojo al gas, pero en el Ejecutivo son conscientes de que la situación podría agravarse en los próximos días. El problema surge con los distintos puntos de vista y las prioridades que cada uno tiene a la hora de aprobar el decreto anticrisis que está por venir. Mientras en Moncloa dicen estar monitorizando los efectos de la crisis abierta por el conflicto que estalló el pasado 28 de febrero y de momento son partidarios de ir tomando medidas más quirúrgicas, en Sumar creen que el enfoque debe ser más amplio y recuperar incluso planteamientos del decreto del llamado 'escudo social' que decayó hace pocas semanas por la negativa de Junts a aprobarlo en el Congreso. Ambas partes se apresuran a aclarar que las medidas a tomar siempre irán dirigidas a paliar los efectos de la crisis de precios para que afecten lo menos posible a la ciudadanía. Y aunque los dos partidos de la coalición ponen siempre el decreto anticrisis de la guerra en Ucrania como ejemplo de la acción del Gobierno, tienen puntos en común y también divergencias sobre el contenido de las medidas. Los máximos exponentes de esta discrepancia son Carlos Cuerpo, ministro de Economía de la parte socialista, y Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y referente del ala minoritaria de Sumar. Para empezar, PSOE y Sumar no se ponen de acuerdo en cuándo se aprobará el nuevo decreto. Díaz manifestó el miércoles que el Consejo de Ministros daría luz verde a las primeras medidas el próximo martes. Moncloa mantuvo silencio ese día, pero este jueves la también ministra de Trabajo volvió a insistir en la misma idea y ahí fue cuando fuentes del socio mayoritario de la coalición aclararon que aún no estaba decidida la fecha. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se limitó a añadir después que se aprobará "lo antes posible". Del contenido del decreto, poco se sabe. Ahora bien, entre PSOE y Sumar ya han surgido las primeras discrepancias: los socialistas apuestan por tomar "medidas fiscales" para paliar los efectos de la subida de precio de los carburantes en sectores profesionales como agricultores y transportistas, abandonando así la idea que imperó tras la guerra en Ucrania, y que de hecho se llevó a cabo, de bonificar el consumo con descuentos por litro de combustible. En Moncloa, además, son conscientes de que este decreto se tiene que convalidar en el Congreso sí o sí, de modo que creen que con las rebajas fiscales pueden atraer a partidos de la derecha del arco parlamentario, al tiempo que es una demanda del propio sector que están dispuestos a atender. Mientras, Sumar y otros socios de izquierda como Podemos no son partidarios de abordar la crisis desde el punto de vista de reducción de impuestos y sí de aplicar bonificaciones. En el PSOE tampoco son partidarios de fijar un tope de precio en los alimentos de la cesta básica, como defiende Díaz. Esta es una discusión que ya surgió tras el estallido de la guerra de 2022 y la crisis inflacionaria posterior, lo que llevó a la vicepresidenta a hacer propuestas en este sentido, siempre rechazadas por Moncloa. Los socialistas también descartan establecer un tope al precio de los alquileres. En lo que tampoco se ponen de acuerdo es en recuperar ciertas medidas que cayeron con el 'escudo social'. El ministro de Economía ya ha adelantado que no contempla incluir en la norma el veto a los desahucios a familias con pocos recursos, medida que exigen tanto Sumar como Podemos. Desde la parte socialista del Ejecutivo argumentan que esta propuesta no está tan directamente relacionada con la escalada de precios por la guerra, pero también es cierto que fue el principal motivo por el que Junts se descolgó el mes pasado y tumbó el decreto social. El PP y Vox hicieron apreciaciones parecidas, denunciando que esta medida, que llevaba en vigor desde la pandemia, favorece la okupación. Pese a todo ello, sí hay puntos de encuentro. Reforzar el bono social eléctrico, por ejemplo, es una medida con la que el PSOE y Sumar están de acuerdo, al tiempo que también está sobre la mesa recuperar la prohibición de cortar suministros como la luz y el gas a hogares vulnerables.