La declaración de la renta universal como vía para la inclusión social

2026-03-23 - 05:40

Como apuntábamos en nuestra primera columna, España es uno de los países de la UE con mayor persistencia de la pobreza, incluso en momentos de expansión económica, y también con menor capacidad redistributiva. Uno de los motivos detrás de este indeseado panorama es que las transferencias sociales existentes no llegan, el llamado non-take-up. Los datos de AIReF son claros: más de la mitad (55%) de las familias con derecho al Ingreso Mínimo Vital no lo recibe, es decir, el IMV debería llegar al doble de hogares. En el caso del complemento de ayuda a la infancia (CAPI), aproximadamente tres de cada cuatro menores con derecho no lo están percibiendo (un 72% de los hogares). ¿Pero por qué no llegan las ayudas? Se suele pensar que la burocracia es complicada o que la gente no las conoce. Eso es cierto, pero solo en parte. Las investigaciones muestran que otra causa importante es que muchas personas sencillamente no se perciben a sí mismas en situación de vulnerabilidad, es decir, con derecho a recibirlas. Es más fácil pensar que pobre es el vecino, no uno mismo. El resultado es un sistema que espera que parte de la ciudadanía se identifique como posible beneficiaria y llame a la puerta de la administración para preguntar, pero hay mucha gente que nunca va a hacerlo. Con la pobreza infantil además ocurre algo paradójico: las deducciones fiscales por hijo a cargo solo llegan a quienes presentan la declaración de la renta. Los menores más vulnerables, quienes viven en hogares que no tienen obligación de presentarla —precisamente por tener ingresos demasiado bajos—, se quedan fuera. La propuesta desde ISEAK es cambiar el enfoque: que sea la administración quien vaya a buscar a quienes tienen derecho. Para eso hacen falta dos cosas. La primera es una declaración de la renta universal — que todo el mundo, independientemente de sus ingresos, tenga que presentarla para quedar recogido en las bases de datos administrativas. Esta será la llave que permitirá identificar a quienes hoy son invisibles, también para las prestaciones, ya que quienes no tienen obligación son precisamente quienes se quedan fuera. La segunda es la interoperabilidad de datos entre administraciones. Los sistemas deben hablarse entre sí para que una persona no tenga que estar moviendo papeles, que la administración ya tiene, de una ventanilla a otra. De esta manera, se podría identificar automáticamente a quienes tienen derecho y no lo están ejerciendo. Hasta ahora, el cruce de bases de datos se ha utilizado fundamentalmente para perseguir a quien cobra de más, pero no para garantizar ingresos a quien no recibe lo que le corresponde. Un ejemplo cercano y prometedor es el del Consorci Administració Oberta (AOC) de Cataluña. La ley allí prohíbe cortar el suministro de luz a familias vulnerables, pero este proceso era lento, manual e ineficiente: las compañías enviaban listados de impagos a los ayuntamientos y estos tenían menos de 15 días para evaluar los casos, citando a las personas por carta y pidiéndoles documentación. La solución: una plataforma que cruza automáticamente datos del padrón, renta, prestaciones y otra información relevante y emite un informe en cuestión de horas en lugar de semanas. El potencial es evidente, evitar los más de 161.000 cortes de luz que se producían al año. En definitiva, la interoperabilidad de datos administrativos junto con el desarrollo tecnológico puede hacer la vida más fácil a la ciudadanía y garantizar que los derechos se cumplan, sin que tengan que ser reclamados. Pero para esto, de nuevo, hace falta que todas las personas sean visibles para el sistema. Esto no es ciencia ficción institucional. Bélgica lleva décadas funcionando así: su Banco de la Seguridad Social cruza datos entre administraciones para conceder automáticamente prestaciones —como bonificaciones en energía, transporte gratuito, exenciones fiscales— a quienes tienen derecho, sin que tengan que solicitarlas. Este es el horizonte que España debe alcanzar. Hasta entonces, medidas como las que recomienda AIReF — profundizar en automatismos para que el CAPI llegue desde el momento de inscripción del menor en el registro civil — y el ejemplo catalán son el camino. O algo aún más sencillo para quienes ya están en el sistema: enviar una carta que diga "Sabemos que usted tiene derecho a esta prestación, aquí tiene información sobre cómo solicitarla". La inclusión social a veces empieza por recordarle a alguien que el sistema también existe para ella.